Michelle Bachelet, Alto Comisionado de la ONU para la Defensa del Crimen Organizado
Las recientes declaraciones de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dejan claro que ella apoya abiertamente el crimen organizado en Nicaragua financiado por los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea. Que lo haga no es una sorpresa para cualquiera que haya seguido su historial de informes de mala fe sobre Venezuela y Nicaragua.
Sus últimos comentarios se derivan directamente de los falsos informes sobre Nicaragua producidos por el equipo de funcionarios de su oficina que visitó el país en 2018. Esos funcionarios no cumplieron con los términos formales de su visita, nunca entrevistaron a las víctimas de la violencia terrorista infligida al por mayor por los activistas golpistas, pero aun así afirmaron falsamente que la violencia en Nicaragua en 2018 fue resultado de la represión policial desproporcionada de las protestas pacíficas. Entre la gran mayoría de la población de Nicaragua y Venezuela, la Alta Comisionada de la ONU Bachelet y sus colegas responsables de los informes deshonestos en los que ha basado sus repetidos ataques a los gobiernos de esos países, tienen cero credibilidad.
En el caso de Nicaragua, en 2018 el país sufrió un vicioso y violento intento de golpe de estado fallido, que duró desde el 18 de abril hasta el 17 de julio de ese año, con el objetivo de derrocar al gobierno electo del país. La intentona golpista fue planificada, organizada y financiada por el gobierno de Estados Unidos y sus aliados europeos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos disimularon deliberadamente las consecuencias para los derechos humanos de la intentona golpista, encubriendo la violencia terrorista generalizada que la caracterizaba. Sus representantes dijeron a las autoridades nicaragüenses que consideraban la violencia de la oposición como un delito común que no era de su competencia. Luego, cuando las autoridades nicaragüenses persiguieron esos delitos, la oficina de Bachelet y la CIDH alegaron inmediatamente, con un cinismo total, que los procesos eran políticos, como siguen haciendo.
Pocos observadores esperan que la Organización de Estados Americanos y las instituciones que la componen, como la CIDH, informen con imparcialidad, porque han sido cooptadas permanentemente por el gobierno de Estados Unidos desde la fundación de la OEA en 1948. Más preocupante es que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está ahora tan evidentemente corrompida como otros organismos internacionales que han sido igualmente cooptados por los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea, de los cuales el ejemplo reciente más escandaloso ha sido la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y sus falsos informes sobre Siria. Los comentarios de Michelle Bachelet en su declaración ante la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, además de ser en su mayoría falsos en cuanto a los hechos, buscan en efecto asegurar la impunidad de los crímenes cometidos por individuos y organizaciones financiados por Estados Unidos y la UE en Nicaragua, en violación tanto del derecho interno como del internacional.
En cuanto al derecho interno, la Constitución de Nicaragua obliga explícitamente a sus ciudadanos en su artículo primero:
La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos.
Asimismo, el Artículo 24 de la Constitución de la república establece el deber de todos los ciudadanos de respetar no sólo sus obligaciones con la nación, sino los derechos de las demás personas en Nicaragua y de la humanidad en general:
Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad, la patria y la humanidad. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común.
Estas disposiciones fundamentales de la Constitución de la República de Nicaragua han sido elaboradas y expresadas con más fuerza y detalle en la legislación nacional posterior y también a través de la ratificación por parte del Estado nicaragüense de numerosos instrumentos jurídicos internacionales. Entre muchos otros, las medidas internacionales relevantes para las recientes detenciones de personas involucradas en el crimen organizado en Nicaragua incluyen la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que entró en vigor en 2002, el mismo año en que fue ratificada por Nicaragua, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999 y otros instrumentos relacionados con formas específicas de delincuencia terrorista como la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979.
Entre la legislación interna de Nicaragua relevante para desmentir las falsas acusaciones de Bachelet sobre la falta de legalidad en las actuaciones recientes de las autoridades nicaragüenses se encuentran :
Ley 147, Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines De Lucro
Ley 919, Ley de Seguridad Soberana
Ley 977, Ley Contra El Lavado De Activos, El Financiamiento Al Terrorismo Y El Financiamiento A La Proliferación De Armas De Destrucción Masiva
Ley 996, Ley de Amnistía
Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros
Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz
La Convención de la ONU contra la Financiación del Terrorismo data de 1999 y el presidente Enrique Bolaños (qepd) decretó la ratificación de parte de Nicaragua en 2002 a través del Decreto 3287, comprometiendo así al país a adoptar las recomendaciones generadas por el funcionamiento de dicha convención. Según explicó Javier Morazán, entonces director de la Unidad Especial contra el Crimen Organizado del Ministerio Público de Nicaragua en una entrevista de 2018, la Ley 977 fue aprobada en julio de 2018 precisamente para que Nicaragua pudiera cumplir con las exigencias bajo la convención de parte de organizaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera Latinoamericano (GAFILAT) para controlar el lavado de dinero y las actividades delictivas asociadas.
En su última declaración sobre Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet se refirió, de la manera muy selectiva y deshonesta típica de su cargo, a sólo una parte de esta amplia y profunda base legal para la detención de las personas actualmente investigadas por las autoridades nicaragüenses. Afirmó falsamente que las detenciones estaban relacionadas con el proceso electoral que se está llevando a cabo para las elecciones generales de Nicaragua previstas para noviembre de este año. Entre sus muchas acusaciones completamente falsas, afirmó incorrectamente que a dos partidos políticos se les había negado arbitrariamente el permiso para participar en las elecciones, cuando en realidad esos dos partidos, el Partido Conservador y el Partido de Restauración Democrática, habían violado explícita y flagrantemente la ley electoral vigente.
Bachelet utilizó esa cínica falsedad como contexto para poder afirmar, también falsamente, que las recientes detenciones de personas involucradas en el lavado de dinero, la colaboración con potencias extranjeras para desestabilizar el bienestar económico y social de Nicaragua y el incumplimiento de las normas relativas a las organizaciones sin fines de lucro, son un abuso ilegal departe de las autoridades nacionales relacionado con el actual proceso electoral. De hecho, un vistazo a las disposiciones tanto de la legislación interna nicaragüense pertinente como de los instrumentos internacionales de los que Nicaragua es signataria muestra que su afirmación es a la vez groseramente engañosa y, en última instancia, extremadamente siniestra.
Cinco de las diversas personas recientemente detenidas, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, habían expresado sus aspiraciones a presentarse como candidatos presidenciales, pero ninguno de ellos es miembro de ninguno de los diecisiete partidos políticos que pueden participar en las elecciones. Entre los detenidos, sólo dos figuras menores son miembros de partidos políticos legítimos. Algunos de los cinco individuos mencionados representan a movimientos marginales de la oposición en Nicaragua como el movimiento de la Unidad Nacional Azul y Blanco o el movimiento de la Alianza Cívica, ambos financiados y apoyados por varios gobiernos, agencias y fundaciones extranjeras. Todos ellos son individuos con un largo historial de colaboración con gobiernos estadounidenses y europeos y con agencias financiadas por esos gobiernos y por empresas extranjeras. Su relación con gobiernos y agencias extranjeras de facto dejó sin efecto sus aspiraciones a ser candidatos presidenciales, como explicó el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua en un detallado comunicado sobre el tema el 3 de junio de este año.
Esto significa de forma muy explícita que la afirmación de Michelle Bachelet de que las detenciones tenían como objetivo impedir que las personas en cuestión se presentaran como candidatos a las elecciones es descaradamente falsa, como prácticamente todo lo que afirmó en sus declaraciones. Incluso si no hubieran sido detenidos, ningún partido político podría haberlas presentado como candidatos ni a la presidencia ni a la legislatura. En el caso de Nicaragua, también hay que señalar que Michelle Bachelet defiende a varios individuos responsables de promover las siguientes acciones en 2018 que la oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen Organizado define como terrorismo y crimen organizado:
el uso ilegal de la violencia y la intimidación, especialmente contra civiles, en la búsqueda de objetivos políticos.
la realización de actos violentos premeditados o la amenaza de violencia perpetrados por miembros de un grupo organizado, diseñados para crear miedo en un adversario o en un segmento específico de la sociedad
la creación y explotación deliberada del miedo mediante la violencia o la amenaza de violencia en la búsqueda de un cambio político
la amenaza o el uso real de la fuerza y la violencia ilegales para alcanzar un objetivo político, económico, religioso o social mediante el miedo, la coacción o la intimidación
el uso ilegítimo de la fuerza para lograr un objetivo político dirigiéndose a personas inocentes
Además, los golpistas de 2018, organizados y financiados por varias de las personas a las que apoya Michelle Bachelet, habitualmente tomaron rehenes, violando la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979, lo cual es un acto terrorista. La convención define al tomador de rehenes como «Toda persona que se apodere de otra (que en adelante se denominará »el rehén») o la detenga, y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero, a saber, un Estado, una organización internacional intergubernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de personas, a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén».
Asimismo, en relación con la organización y financiación del golpe de Estado de 2018, la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional define la delincuencia organizada como «un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.» Entre las definiciones de la delincuencia organizada transnacional del Convenio se encuentra cualquier delito cometido en un Estado cuando una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control tiene lugar en otro Estado. Todas estas definiciones se aplican a los crímenes violentos de la oposición nicaragüense financiada por Estados Unidos en 2018, que Javier Morazán también describió en la entrevista que concedió en 2018.
Asimismo, en el marco del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, una persona comete un delito si:
«directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer:
a)Un acto que constituya un delito comprendido en el ámbito de uno de los tratados enumerados en el anexo y tal como esté definido en ese tratado;
b) Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo»
Michelle Bachelet no sólo dio falso testimonio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al vincular falsamente las recientes detenciones en Nicaragua con el proceso electoral del país, sino que también omitió cuidadosamente la muy relevante Ley de Amnistía 996. El Artículo 3 de dicha ley establece que «Las personas beneficiadas por la presente Ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados. La inobservancia del principio de No Repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta Ley. « Varias de las personas actualmente detenidas e investigadas por las autoridades nicaragüenses se beneficiaron de esa Ley de Amnistía y se puede comprobar que violaron la condición de no repetición de la ley.
En general, las distintas personas detenidas están acusadas de diferentes cargos. Algunos tienen que ver con el incumplimiento de la ley que regula las actividades de las organizaciones sin fines de lucro, otros con la colaboración con potencias extranjeras para dañar la estabilidad económica y social de Nicaragua, otros en relación con el lavado de dinero y otros delitos financieros, y otros tienen que ver con la violación de los términos de la ley de Amnistía de 2018. Las acusaciones penales formales completas se conocerán a medida que concluyan las investigaciones en curso.
Las recientes declaraciones de Michelle Bachelet confirman que no sólo niega el derecho de Nicaragua a defender su soberanía, independencia y autodeterminación contra la intervención extranjera. Además, apoya a personas y organizaciones que han demostrado estar implicadas en el crimen organizado y el terrorismo financiado por gobiernos, agencias y fundaciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Bachelet ha dejado muy claro, una vez más, que una de las principales funciones de su cargo es subvertir la soberanía de los Estados nación a instancias de los gobiernos occidentales y de las élites empresariales decididas a suprimir los auténticos movimientos populares y a destruir los gobiernos revolucionarios en América Latina y el Caribe y en otros lugares.
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