Nicaragua, entre hipocresía y estrabismo del derecho
Por: Fabrizio Casari
La ofensiva político-mediática internacional, dirigida por los Estados Unidos, apunta a supuestas irregularidades jurídico-electorales de Nicaragua, a pesar de que sus leyes y normas son mucho más permisivas que las existentes en los países que se visten de acusadores. El objetivo político de tanto clamor es quitarle el gobierno a los sandinistas, por lo tanto, en ausencia de fuerza electoral a la altura del desafío, viene la desestabilización, la agresión internacional destinada al estrangulamiento económico y el aislamiento político y diplomático. Estos son el terreno que se ha elegido, con la esperanza de que introducir una fuerte tensión en el país pueda minar el consenso electoral del sandinismo.
Pocas veces, como en el caso de Nicaragua, las acusaciones de violación de los derechos humanos o de la libertad de información han sido más burdamente falsas. Se está llevando a cabo una campaña política y mediática basada en el odio y la impotencia contra Nicaragua. En el odio a un modelo sociopolítico que funciona y en la impotencia por no poder derribarlo a pesar del dinero invertido. De hecho, parte de la conciencia de que el sandinismo es mayoría absoluta en Nicaragua y que, por tanto, unas elecciones libres, sin hipotecas externas, no podrán derrocarlo; al igual, que la vía militar es ciertamente impracticable, dado que la fuerza del sandinismo es abrumadora. A esta campaña infame se han unido los europeos y algunos latinoamericanos, entre ellos países con que Nicaragua tiene buena relaciones. Empecemos, pues, a ver quién y con qué derecho señala a Nicaragua.
ESTADOS UNIDOS. No es un misterio que Estados Unidos quiere que el gobierno sandinista caiga y que su líder, Daniel Ortega, sea eliminado. Pero el hecho de que se erijan en defensores del derecho internacional mientras no aceptan cumplir la sentencia de la Corte Internacional de La Haya del que la Corte de La Haya es la máxima sede.
Incumplirle a la sentencia a favor de Nicaragua, explica bien cuál es el grado de apego de Estados Unidos con el Derecho Internacional, Entonces vienen con los derechos humanos que en Nicaragua se violarían con la detención de colaboradores con el enemigo exterior. Lo afirma una nación donde está en vigor la Patriot Act, una ley juzgada como gravemente liberticida en todos los foros jurídicos internacionales. En cuanto a la “preocupación” expresada por la detención de sus empleados, que se queden tranquilos, más bien que se preocupen de Guantánamo, cayena mundial de los presos a los que se priva de la información más básica sobre su estado de detención.
¿Le preocupa a Estados Unidos la libertad de prensa en Nicaragua? Lo mucho que le importa a EE.UU. la libertad de prensa, se puede ver en el caso de Juliane Assange, fundador de Wikileaks, un periodista premiado, durante años obligado a refugiarse y luego a ir a la cárcel por contar la verdad sobre los crímenes de guerra y la corrupción en EE.UU.
Se acusa a Nicaragua de tener normas de incandescencia demasiado estrictas que impedirían a los candidatos de la oposición presentarse. Es falso, y serìa bueno comparar con lo que hacen los acusadores. En toda América Latina, en los mismos países que votaron contra de Nicaragua en la OEA, hay normas mucho más estrictas. América Latina ha sido fuertemente condicionada a través de la campaña de lawfare concebida por la CIA y llevada a cabo por magistrados formados en universidades estadounidenses, alistados y enviados a sus países para servir. Resultados? A estos líderes y ex presidentes Ignacio Lula Da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Cristina Kirchner en Argentina, se les ha impedido la reelección sólo en base a una acusación de la justicia local.
Las detenciones en la investigación nicaragüense se refieren principalmente a personas que no son candidatas a nada. Se trata de una investigación destinada a sacar a la luz la cadena de distribución y sus fines de una enorme cantidad de dinero procedente de las estructuras gubernamentales estadounidenses y europeas.
¿Por qué Managua no debería investigar el tráfico financiero desde el extranjero? Tal y como exigen los organismos internacionales de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, Nicaragua se ha dotado de estructuras de investigación encargadas de analizar las rutas de los flujos de dinero, especialmente en lo que respecta a las grandes sumas procedentes del extranjero. Una práctica difundida en todo el mundo. En Italia, por ejemplo, para los pagos o transferencias bancarias que superen los diez mil euros, el banco está obligado a informar a la agencia de recaudación, con el fin de que la Guardia de Financia conozca el movimiento de capital, aunque sea pequeño. Si no se explican y denuncian debidamente, serán investigados por blanqueo de capitales. Si esto se da en Italia, como en toda la UE, así como en los Estados Unidos, ¿por qué no en Nicaragua? ¿Deben las próximas elecciones suspender la legalidad del país?
UNION EUROPEA. En Estrasburgo dicen preocuparse por la “libertad de expresión” en Nicaragua. ¿Libertad de expresión? El Parlamento Europeo, a petición de España, ha levantado la inmunidad del presidente de la región catalana y de dos de sus ministros culpables de organizar un referéndum para la independencia de Cataluña. Y luego está el caso de Pablo Hasel, un rapero detenido y condenado a 3 años de cárcel y 30.000 euro por burlarse de la corona española en sus canciones. Pregúntense qué diría la UE si Nicaragua decidiera utilizar la misma vara de medir que España usa con los que se burlan del gobierno.
¿Y puede España hablar realmente de respeto a los derechos humanos? Es la misma España que de 1983 a 1989 operó sus escuadrones de la muerte, llamados GAL (Grupo Antiterrorista de Liberación), matando a unos 40 dirigentes vascos. El GAL se financiaba directamente de las arcas del Estado con los “fondos reservados”. Algunos mercenarios fueron reclutados directamente de los círculos criminales y mafiosos profesionales, disfrutando de una gran impunidad. El GAL contó con el importante apoyo de los distintos aparatos del Estado, entre ellos el presidente del Gobierno Felipe González y el vicepresidente Alfonso Guerra.
¿Tiene derecho la UE a pedir respeto para las oposiciones cuando tuvo como presidente a la Hungría del fascista Orban durante seis meses, al mismo tiempo que votaba sanciones contra Nicaragua y Venezuela? ¿O cuando apoya al régimen nazi ucraniano que hace gala de símbolos nazis? Es el mismo Parlamento Europeo qué recibió con todos los honores Salvatore Mancuso, jefe de las criminales AUC colombianas. En realidad, la Unión Europea, en materia de política exterior y económica, sanciona y amenaza, aunque en el caso de Nicaragua no tiene la más mínima posibilidad de incidir en la economía y la política nicaragüense.
AMÉRICA LATINA. Dos ONG colombianas, Indepaz y Temblores, han dado a conocer datos sobre la barbarie policial del gobierno de Duque que ha reprimido sangrientamente las protestas sociales y políticas que afectan a todo el país desde hace dos meses. 75 personas murieron en incidentes en todo el país, y 44 de ellas fueron responsabilidad de la policía. Según el informe en los últimos 60 días se han producido 1.832 casos de detención arbitraria, 83 víctimas de violencia ocular, 1.468 casos de violencia física y 28 víctimas de violencia sexual, para un total de 3.486 casos de violencia por parte de la policía. ¿Hay noticias de una convocatoria urgente de la OEA para exigir el fin de la represión en el narcoestado colombiano? Olvídense, se aplica la regla del silencio/consentimiento.
Y ¿por qué las preocupaciones sobre la legislación nicaragüense no se aplican también a la uruguaya? La nueva Ley de “Medidas Urgentes” (LUC), presentada en enero por el gobierno de extrema derecha, es una ley compuesta por más de 500 artículos que protege exclusivamente los privilegios del 10% de la población, aquellos que poseen el 60% de la riqueza del país. Una ley impopular que modifica de forma intolerable gran parte del código penal, impone nuevas medidas fiscales y económicas y prescribe medidas inaceptables en los ámbitos del derecho al trabajo, la educación y la salud. ¿La OEA guardará silencio por cortesía con Almagro?
