Nicaragua es una “dictadura” cuando sigue el ejemplo de Estados Unidos sobre las ONG
Escrito por Jhon Perry
El gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua está “arrasando con la sociedad civil”, según Associated Press (6/2/22). The Guardian (6/2/22) lo calificó de “amplia purga de la sociedad civil”, mientras que para el New York Times (14/2/22), Nicaragua está “avanzando hacia la dictadura”. Según la edición española del Washington Post (19/5/22), el país es ya “una dictadura al desnudo”. En un llamamiento del que se hizo eco la BBC (5/5/22), el comisionado de derechos humanos de la ONU instó a Nicaragua a detener su “dañina represión de la sociedad civil”.
¿Qué puede haber provocado una crítica tan generalizada? Resulta que la “purga radical” de la Asamblea Nacional de Nicaragua consistió en retirar el estatus legal libre de impuestos a una pequeña proporción de las organizaciones sin ánimo de lucro del país: sólo 440 en un período de cuatro años. En más de la mitad de los casos, estas organizaciones no gubernamentales (ONG) simplemente han dejado de funcionar o ya no existen. En otros casos, no han cumplido (o se han negado a hacerlo) con los requisitos legales, como la elaboración de cuentas anuales o la declaración de sus fuentes de financiación. Modestos pasos legales que pasarían desapercibidos en la mayoría de los países son -en el caso de Nicaragua- una clara evidencia de que está “avanzando hacia la dictadura”.
Ninguno de los informes de los medios de comunicación hizo preguntas básicas, como qué han hecho estas organizaciones sin fines de lucro que llevaron al gobierno a tomar esta acción, si otros países siguen prácticas similares, o qué requisitos internacionales sobre la regulación de las organizaciones sin fines de lucro debe cumplir Nicaragua. Hay una historia mucho más grande aquí que los medios corporativos ignoran. Vamos a llenar algunos de los vacíos.
Tres preguntas básicas
Hay tres preguntas básicas. En primer lugar, ¿es Nicaragua un país excepcional en el cierre de organizaciones no lucrativas a esta escala? No, la práctica está muy extendida en otros países. Aunque es difícil encontrar cifras, las agencias gubernamentales de Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y otros países han cerrado decenas de miles de organizaciones sin fines de lucro en los últimos años.
Por ejemplo, entre 2006 y 2011, el IRS cerró 279.000 organizaciones no lucrativas de un total de 1,7 millones en Estados Unidos; en 2020 cerró 28.000 más. En Gran Bretaña, la Charity Commission cierra unas 4.000 al año. Y en Australia, se han cerrado unas 10.000 organizaciones sin ánimo de lucro desde 2014, una sexta parte del total. En Nicaragua, cuatro años de cierres han afectado hasta ahora solo al 7% de un total de más de 6.000 organizaciones sin ánimo de lucro.
En segundo lugar, ¿impone Nicaragua normas más estrictas que otros países? De nuevo, la respuesta es no. Las normas introducidas en 2020 exigen que las organizaciones sin fines de lucro se registren como “agentes extranjeros” si reciben fondos del exterior: El informe de AP (6/2/22; recogido por The Guardian, 6/2/22) pone esto entre comillas, pero el término se toma prestado de los requisitos mucho más pesados que se han aplicado en los EE.UU. desde 1938 bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). El Financial Times (4/10/20) llamó a la legislación nicaragüense “Ley Putin”, vinculándola erróneamente a Rusia, no a Estados Unidos.
Estados Unidos tiene algunos de los poderes más fuertes y detallados del mundo, pero no son los únicos: La Biblioteca del Congreso tiene ejemplos de 13 países con una legislación similar. En Gran Bretaña, el gobierno consultó el año pasado sobre la introducción de un “Plan de Registro de Influencias Extranjeras”, que es similar a la FARA. La ley de Nicaragua no es excepcional, ni tampoco sus consecuencias en la reducción del número de ONG; cuando Australia introdujo leyes similares en 2014, hubo 5.000 cierres de organizaciones sin ánimo de lucro en el año siguiente como resultado.
Un factor importante es que Nicaragua, al igual que otros países, tiene que cumplir con las regulaciones internacionales que abordan los riesgos planteados por las organizaciones sin fines de lucro no reguladas. Esto incluye la preocupación internacional generalizada de que las organizaciones sin fines de lucro son susceptibles de blanquear dinero.
Ya sea deliberadamente o por ignorancia, los medios de comunicación ignoran el hecho de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado en 1989 por los gobiernos del G7, impone normas que se aplican a nivel mundial. En 2020, Nicaragua fue elogiada por el GAFI por “cumplir en gran medida” con sus requisitos. El GAFI respaldó específicamente el endurecimiento de los controles y las sanciones por incumplimiento que introdujo el gobierno, incluida la amenaza de retirar el estatus legal de una organización.
En tercer lugar, ¿se ha dado tiempo a las organizaciones sin ánimo de lucro para que cumplan las normas? Según The Guardian (22/6), “el gobierno no les ha dado la oportunidad de ajustarse a los nuevos requisitos legales”, pero sé que esto no es cierto. He hablado con dirigentes de varias organizaciones sin ánimo de lucro que han completado el proceso o están trabajando en él. Las normas son duras, y el ministerio gubernamental carece de recursos para la tarea que se le ha encomendado, pero cientos de ONG están tomando medidas para cumplirlas. Muchas de las que no pasan la prueba tienen la opción de reconstituirse como empresas sin estatus de libre de impuestos.
Las normas se aplican tanto a los buenos como a los malos
¿Se preguntan los medios de comunicación si Nicaragua podría haber introducido estas leyes tan estrictas debido a las transgresiones evidentes de las organizaciones sin ánimo de lucro? No: al contrario, los medios de comunicación dan por sentado que las quejas de las ONG sobre las normas están justificadas.
Los reportajes se limitan a hacer una referencia despectiva a la historia reciente de abusos de algunas ONG nicaragüenses. Ignoran el hecho clave de que algunas de ellas existieron principalmente para canalizar millones de dólares de financiación estadounidense hacia actividades que interfieren descaradamente en la política nicaragüense. Ignoran la generosidad de las agencias financiadas por el gobierno estadounidense, como la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y la USAID, que vertieron dinero en las ONG nicaragüenses después de que el presidente Daniel Ortega volviera a ser elegido en 2007, con el objetivo específico de formar a la gente para que se opusiera a su gobierno y creara las condiciones para un cambio de régimen.
El hecho de que la NED, la USAID y otras agencias estadounidenses utilicen a las ONG nacionales de esta manera no es ningún secreto. Global Americans (1/5/18) informó de que la NED estaba “sentando las bases para la insurrección” en Nicaragua en 2018; Lobe Log (7/3/18) reveló que la National Endowment for Democracy se había jactado ante el Congreso de sus esfuerzos por crear jóvenes discípulos del cambio de régimen, y el Council on Hemispheric Affairs (10/2/19) describió en detalle el proceso de adoctrinamiento en el que participaron.
Por supuesto, esta interferencia ha estado ocurriendo durante décadas en todo el mundo. Hace seis años, Telesur (6/8/16) mostró cómo funcionaba en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Actividades similares financiadas por la NED y agencias aliadas se han llevado a cabo en Croacia, Rusia, Ucrania, Polonia y muchos otros países.
El Financial Times (4/10/20) llegó a citar a Aimel Ríos, de la NED, quien instó a ejercer una presión internacional más dura sobre Nicaragua: “Parece que ese es el único lenguaje que el régimen entenderá”, dijo. El evidente conflicto de intereses no fue cuestionado. Contrasta esto con la hipervigilancia de los medios de comunicación sobre cualquier sugerencia de interferencia de Rusia o China en la política occidental.
Aparte de las cuestiones políticas, hay una cuestión más amplia sobre el valor de las organizaciones sin ánimo de lucro para la sociedad nicaragüense. Hay que decir, por supuesto, que muchas organizaciones sin ánimo de lucro hacen un excelente trabajo humanitario. Pero hay excepciones significativas, aparte de los ejemplos anteriores.
Por ejemplo, los organismos locales de “derechos humanos” han sido totalmente parciales en su trabajo, convirtiéndose en poco más que mercaderes de propaganda, como he mostrado en otro lugar. Muchos de los organismos médicos ahora cerrados también existían principalmente como organizaciones de propaganda, más que como auténticas instituciones profesionales, especialmente durante la pandemia, cuando intentaron (con cierto éxito inicial) disuadir a la gente de utilizar el servicio de salud pública.
Algunas universidades privadas han perdido su estatus por no rendir cuentas, y han sido asumidas por el Estado. Lejos de la impresión que da el New York Times (14/22), varios académicos que trabajan con sus antiguos alumnos me han dicho que son mucho más felices ahora que tienen acceso a mejores instalaciones estatales. Sus tarifas son fijas y ya no tienen que pagar cuotas exorbitantes (en algunos casos, 1.000 dólares) para graduarse.
El Washington Post (6/2/22) criticó el cierre de la “Academia Nicaragüense de Letras de 94 años”. Sin embargo, uno de sus miembros de la junta directiva admitió que estaba en “total desorden administrativo” y que nunca había cumplido con los requisitos de presentar sus cuentas, a pesar de que recibía 62.000 dólares en fondos del gobierno cada año.
Para promover los intereses de Estados Unidos
Tal vez las afirmaciones más descabelladas sobre la importancia de las ONG las haya hecho open Democracy (6/1/22), un medio de comunicación sin ánimo de lucro que afirma que “desafía al poder, inspira el cambio y construye el liderazgo entre los grupos infrarrepresentados en los medios de comunicación”. Muchos servicios para las mujeres, como los de salud reproductiva, “están desapareciendo”, dice, repitiendo las afirmaciones de una ONG nicaragüense que se niega a cumplir las nuevas leyes. Sin ellos, aparentemente, “las perspectivas… son sombrías”.
El artículo tergiversa gravemente la situación de la salud de las mujeres en Nicaragua, que cuenta con uno de los mejores servicios de salud pública de Centroamérica, gratuito para todos. Por ejemplo, ha reducido la mortalidad materna de 92,8 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2006, a 31,6 en 2021, una reducción del 66%. En parte, esto se debe a sus 180 casas maternas, que ofrecen atención especializada a las mujeres embarazadas. El Estado también ofrece planificación familiar gratuita en todos los centros de salud, incluida la ligadura de trompas para las mujeres que no desean tener más hijos.
Es cierto que muchas ONG prestan asistencia sanitaria, a menudo con financiación extranjera, y la mayoría de ellas están perfectamente dispuestas a registrarse con arreglo a la nueva legislación y seguir trabajando en cooperación con el Ministerio de Salud.
Por supuesto, es casi inconcebible que los medios de comunicación reconozcan el mérito de Nicaragua por sus logros en materia de salud, o en muchos otros aspectos de la prestación social. Como FAIR ha señalado en varias ocasiones, los medios de comunicación corporativos son consistentes en hacer de cada noticia un ataque al gobierno sandinista de Nicaragua, sin ningún intento de equilibrio o investigación genuina de las historias que les presentan los opositores del gobierno, especialmente las que provienen de los medios de comunicación nicaragüenses hostiles.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos comienza su resumen de su política sobre “Relaciones de los Estados Unidos con Nicaragua”, actualizado el pasado mes de septiembre, con la declaración sorprendentemente honesta de que “el gobierno de los Estados Unidos trabaja para promover los intereses de los Estados Unidos en Nicaragua”. Lamentablemente, los medios de comunicación internacionales parecen hacer lo mismo.
Nicaragua a ‘Dictatorship’ When It Follows US Lead on NGOs
President Daniel Ortega’s government in Nicaragua is “laying waste to civil society,” according to the Associated Press (6/2/22). The Guardian (6/2/22) called it a “sweeping purge of civil society,” while for the New York Times (2/14/22), Nicaragua is “inching toward dictatorship.” According to the Washington Post‘s Spanish edition (5/19/22), the country is already “a dictatorship laid bare.” In a call echoed by the BBC (5/5/22), the UN human rights commissioner urged Nicaragua to stop its “damaging crackdown on civil society.”
What can possibly have provoked such widespread criticism? It turns out that the Nicaraguan National Assembly’s “sweeping purge” was the withdrawal of the tax-free legal status of a small proportion of the country’s nonprofit organizations: just 440 over a period of four years. In more than half the cases, these non-governmental organizations (NGOs) have simply ceased to function or no longer exist. In other cases, they have failed (or refused) to comply with legal requirements, such as producing annual accounts or declaring the sources of their funding. Modest legal steps that would go unnoticed in most countries are—in Nicaragua’s case—clear evidence that it is “inching toward dictatorship.”
None of the media reports asked basic questions, such as what these nonprofits have done that led to the government taking this action, whether other countries follow similar practices, or what international requirements about the regulation of nonprofits Nicaragua is required to comply with. There is a much bigger story here that corporate media ignore. Let’s fill in some of the gaps.
Three basic questions
There are three basic questions. First, is Nicaragua exceptional in closing nonprofits on this scale? No, the practice is widespread in other nations. While figures are difficult to find, government agencies in the United States, Britain, Australia and elsewhere have closed tens of thousands of nonprofits in the last few years.
For example, between 2006 and 2011, the IRS closed 279,000 nonprofits out of a US total of 1.7 million; it closed 28,000 more in 2020. The Charity Commission in Britain closes around 4,000 per year. And in Australia, some 10,000 nonprofits have been closed since 2014, one-sixth of the total. In Nicaragua, four years of closures have so far affected only 7% of a total of more than 6,000 nonprofits.
Second, does Nicaragua impose tighter rules than other countries? Again, the answer is no. Rules introduced in 2020 required nonprofits to register as “foreign agents” if they receive funds from abroad: The AP report (6/2/22; picked up by the Guardian, 6/2/22) puts this in scare quotes, but the term is borrowed from the far heavier requirements that have applied in the US since 1938 under the Foreign Agents Registration Act (FARA). The Financial Times (4/10/20) dubbed the Nicaraguan legislation “Putin’s Law,” erroneously linking it to Russia, not the United States.
The US has some of the world’s strongest and most detailed powers, but they are not unique: The Library of Congress has examples of 13 countries with similar legislation. In Britain, the government consulted last year on the introduction of a “Foreign Influence Registration Scheme,” which is similar to FARA. Nicaragua’s law is not exceptional, and nor were its consequences in reducing NGO numbers; when Australia introduced similar laws in 2014, there were 5,000 nonprofit closures in the following year as a result.
An important factor is that Nicaragua, like other countries, has to comply with international regulations that address the risks posed by unregulated nonprofits. These include widespread international concern that nonprofits are susceptible to money-laundering.
Whether deliberately or out of ignorance, media ignore the fact that the Financial Action Task Force (FATF), set up in 1989 by the G7 governments, imposes rules that apply globally. In 2020, Nicaragua was praised by the FATF for “largely complying” with its requirements. FATF specifically endorsed the tougher controls and the sanctions for non-compliance that the government introduced, including the threat of withdrawing an organization’s legal status.
Third, have nonprofits been given time to comply with the rules? According to the Guardian (6/2/22), “the government was not giving them an opportunity to get in line with new legal requirements,” yet I know this to be untrue. I have talked to leaders of several nonprofit organizations who have completed the process or are working their way through it. The rules are tough, and the government ministry is under-resourced for the task it has been given, but hundreds of NGOs are taking steps to comply. Many of those who fail the test are given the option of reconstituting themselves as businesses without tax-free status.
Rules apply to good and bad alike
Do the media ask if Nicaragua might have introduced these stringent laws because of obvious transgressions by nonprofits? No: On the contrary, the media assume that the NGOs’ complaints about the rules are justified.
The reports make only dismissive reference to the recent history of abuses by some Nicaraguan NGOs. They ignore the key fact that some of them existed principally to channel millions of dollars in US funding into activities that blatantly interfered in Nicaraguan politics. They ignore the largesse of agencies funded by the US government, such as the National Endowment for Democracy (NED) and USAID, which poured money into Nicaraguan NGOs after President Daniel Ortega was voted back into office in 2007, with the specific aim of training people to oppose his government and create the conditions for regime change.
That the NED, USAID and other US agencies use national NGOs in this way is hardly a secret. Global Americans (1/5/18) reported that the NED was “laying the groundwork for insurrection” in Nicaragua in 2018; Lobe Log (7/3/18) revealed that the National Endowment for Democracy had bragged to Congress about its efforts to create young disciples of regime change, and the Council on Hemispheric Affairs (10/2/19) described in detail the indoctrination process in which they took part.
Of course, this interference has been happening for decades across the world. Six years ago, Telesur (6/8/16) showed how it worked in Venezuela, Ecuador and Bolivia. Similar activities funded by the NED and allied agencies have been carried out in Croatia, Russia, Ukraine, Poland and many other countries.
The Financial Times (4/10/20) went so far as to quote the NED’s Aimel Ríos, who urged tougher international pressure on Nicaragua: “It does seem that is the only language the regime will understand,” he said. The obvious conflict of interest went unchallenged. Contrast this with the media’s hypervigilance about any suggested interference by Russia or China in Western politics.
Apart from the political issues, there is a wider question of the value of nonprofit organizations to Nicaraguan society. It must be said, of course, that many nonprofits do excellent humanitarian work. But there are significant exceptions, quite apart from the examples above.
For example, local “human rights” bodies have been totally partial in their work, becoming little more than propaganda merchants, as I have shown elsewhere. Many of the medical bodies now closed also existed mainly as propaganda organizations, rather than as genuine professional institutions—particularly during the pandemic, when they attempted (with some initial success) to deter people from using the public health service.
Some private universities have lost their status for failing to produce accounts, and have been taken over by the state. Far from the impression given by the New York Times (2/14/22), I have been told by various academics working with their former students that they are much happier now that they have access to better, state-run facilities. Their fees are fixed and they no longer have to pay extortionate fees (in some cases, $1,000) to graduate.
The Washington Post (6/2/22) picked out for criticism the closure of the “94-year-old Nicaraguan Academy of Letters.” Yet one of its board members admitted that it was in “total administrative disorder” and had never complied with requirements to file its accounts, even though it was receiving $62,000 in government funds each year.
‘To advance US interests’
Perhaps the wildest claims about the importance of NGOs have been made by openDemocracy (6/1/22), a nonprofit web outlet that claims it “challenges power, inspires change and builds leadership among groups underrepresented in the media.” Many services for women, such as reproductive health services, “are vanishing,” it says, repeating claims made by a Nicaraguan NGO that refuses to comply with the new laws. Without them, apparently, “prospects…are bleak.”
The article seriously misrepresented the situation of women’s health in Nicaragua, which has one of the best public health services in Central America, free to all. It has, for example, reduced maternal mortality from 92.8 deaths per 100,000 live births in 2006, to 31.6 in 2021, a reduction of 66%. In part, this is due to its 180 casas maternas, which offer dedicated care to pregnant women. The state also provides family planning free of charge in all health centers, including tubal ligations for women who do not wish to have more children.
It is true that many NGOs provide healthcare, often with foreign funding, and most of these are perfectly happy to register under the new legislation and continue working in cooperation with the health ministry.
It is of course almost inconceivable that Nicaragua can be given any credit in the media for its achievements in healthcare, or many other aspects of social provision. As FAIR has pointed out on various occasions, corporate media are consistent in making every news story an attack on Nicaragua’s Sandinista government, with no attempt at balance or genuine investigation of stories presented to them by the government’s opponents, especially those coming from the hostile Nicaraguan media.
The US State Department begins its summary of its policy on “US Relations With Nicaragua,” updated last September, with the surprisingly honest statement that “the US government works to advance US interests in Nicaragua.” Sadly, the international media appear to do the same.
