Haiti – país modelo neocolonial
Stephen Sefton
La historia y situación actual de Haití reflejan fielmente las realidades políticas y económicas de la historia de Aḿerica Latina y el Caribe desde su independencia. Persisten todavía los patrones de la intervención extranjera y la colaboración vendepatria de las élites nacionales para imponer su dominio sobre las mayorías empobrecidas. Tarde o temprano, siempre ha surgido la rebelión popular por aquellas mayorías, buscando la liberación nacional, luchando para poder implementar políticas emancipadoras bajo constante asedio y ataque neocolonial.
Desde los años ’90s del siglo pasado, Estados Unidos, Canadá y Francia intensificaban su intervención para socavar y destruir la independencia y soberanía de Haití. En 2004, al derrocar el gobierno legítimo, impusieron una ocupación militar por una fuerza multinacional de las Naciones Unidas acompañadas por numerosas organizaciones no gubernamentales extranjeras. Este sistema de ocupación extranjera y administración neocolonial por instituciones y organizaciones internacionales marginaba al gobierno nacional.
Supervisaba repetidas elecciones amañadas para instalar gobiernos títeres incapaces de responder a las necesidades de la población aun en tiempos normales, mucho menos frente al terrible, masivo desastre natural del terremoto de 2010. La llamada “comunidad internacional” ha mostrado una total incapacidad de mejorar las condiciones de vida de la población de Haití. De la misma manera que permitieron al régimen pro-nazi de Ucrania atacar su población rusoparlante, en Haiti ha permitido que las fuerzas de seguridad del gobierno ilegitimo del presidente Henry ataca la población empobrecida del capital Puerto Príncipe.
Es importante ver estos acontecimientos contemporáneos en el contexto de la historia del país. En Haití por primera vez en la historia, una población de esclavos logró derrocar el sistema de dominio colonial. Los países imperialistas nunca han perdonado Haití por esa derrota. Después de declararse independiente en 1804, el país se dividió entre un reino en el norte y una república en el sur alrededor del capital Puerto Príncipe. La república apoyó a Simón Bolivar con recursos para poder llevar a cabo su campaña de liberación en América del Sur. Francia, el poder colonial, solo reconocío a Haití como país independiente en 1826, a cambio de extorsionar con amenazas de agresión militar una enorme indemnización en recompensa por la pérdida de su territorio y sus esclavos.
A lo largo del Siglo 19 Haití sufrió constantes conflictos internos y, hasta 1874, frecuentes conflictos armados con la parte española del este de la isla, la República Dominicana. Desde 1892 una prolongada disputa entre Haití y Alemania provocó la aplicación por Estados Unidos de la Doctrina Monroe y finalmente la invasión del país por los marines yanquis en 1915. Igual que los invasores en Nicaragua asesinaron al héroe nacional Benjamin Zeledón, en Haití la invasión yanqui asesinó al héroe nacional Charlemagne Péralte. También de manera similar a la ocupación militar de Nicaragua, la ocupación yanqui de Haití duró hasta 1934.
Desde la salida de los marines yanquis, un período de gobiernos inestables y repetidas golpes de estado terminó en 1956 con la elección de François Duvalier, quien impuso una dictadura familiar, apoyado por los Estados Unidos, la cual duró hasta 1986. Siguió otro período de inestabilidad política con la constante intervención imperialista, la cual intensificó cuando Jean Bertrand Aristide ganó las elecciones del año 2000 con 92% de la votación y con 80% de los diputados en la legislatura. Inmediatamente, Estados Unidos y sus aliados implementaron un proceso de cambio de régimen para asegurar el fracaso del nuevo gobierno y castigar al pueblo de Haití por su contundente apoyo a favor de políticas de reforma con enfoque humano en beneficio de la población empobrecida.
Actualmente, Haití está sumergido en otra aguda crisis después del asesinato en julio 2021 del Presidente Jovenal Moise por mercenarios colombianos contratados por líderes de la burguesía local alineados con los gobiernos de Estados Unidos y sus aliados. El asesinato del Presidente Moise junto con otro destructivo terremoto en agosto del 2021 y las políticas de austeridad del presidente de facto Ariel Henry profundizaron todavía más la situación crítica de la población. La crisis ha generado extrema inseguridad ciudadana en la forma de la proliferación de bandas armadas y crimen organizado. De la misma manera que las facciones de la oligarquía haitiana han manipulado la situación política para favorecer sus intereses, también pagan a sus aliados criminales para atacar las fuerzas populares que amenazan su poder y control.
Preeminente en este momento como una figura capaz de unir los grandes sectores más empobrecidas de la población en Puerto Príncipe es un ex-policía Jimmy Cherizier, quien ha desarrollado un movimiento llamado Fuerzas Revolucionarias G9. Este movimiento es una alianza de bandas armadas que defienden sus barrios contra los brutales ataques de los grupos criminales aliados de la policía nacional al servicio de la oligarquía. Es una expresión del nacionalismo de las clases empobrecidas contra la clase gobernante vendepatria. Trabaja de manera práctica para mejorar las condiciones de vida de la población en sus barrios donde han habido repetidas incidentes en que abundante testimonio de las y los víctimas afirma que la policía nacional ha actuado para destruir sus casas con maquinaria, incendiar otras e incluso una escuela. Las fuerzas de seguridad del gobierno apoyan a sus aliados entre los grupos criminales y permiten a francotiradores disparar contra la población de los barrios controlados por las Fuerzas Revolucionrias G9.
En toda esta lamentable situación se ve los patrones de la intervención y guerra psicológica neocolonial. Llaman a Cherizier y sus compañeros “bandidos” o “criminales”. Dijeron lo mismo del General Sandino y Comandante Carlos Fonseca por defender sus poblaciones empobrecidas y exigir mejores condiciones de vida para ellas. Igual que en Nicaragua, en Haití también la industria de derechos humanos falsifica la verdad para poder movilizar la opinión internacional a favor de la intervención extranjera. Afirman falsedades a la vez que omiten el testimonio de cientos de víctimas contra figuras alineados con el goberno. Organizaciones como la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos y Fondasyon Je Klere son financiados por las mismas entidades estadounidenses y europeos que financiaron el fallido intento de golpe de estado en Nicaragua.
Al fin de 2020, la Tesorería de Estados Unidos impuso algunas medidas coercitivas del Magnitsky Act contra Cherizier, igual como ha aplicado medidas similares contra figuras políticas importantes en Venezuela y Nicaragua. La desinformación mediática es constante y completamente descarada en su empleo de medias verdades y omisiones. En este sentido también, igual que en Nicaragua y Venezuela, las Naciones Unidas juega un papel vergonzoso por medio de los informes falsos de la Oficina Integrado de Naciones Unidas en Haiti (BINU) que alimenta las llamadas para una nueva intervención extranjera militar en Haití. Su falso testimonio llegó al punto de alentar al Consejo de Seguridad de la ONU de culpar a Jimmy Cherizier por la crisis en Haiti, como si las represivas políticas del Presidente Ariel Henry, la colaboración de su policía con grupos criminales y las políticas de austeridad impuestos por el FMI no tenían nada que ver.
Como expresó en una reunión en enero del Consejo de Seguridad de la ONU el representante ruso Dmitry Polyanskiy, “…Haiti vive también una crisis como Estado provocado en gran parte por la ingeniería política por fuerzas externas y políticas neocoloniales… esto impide a nuestros colegas en el Consejo de llamar las cosas por sus nombres verdaderos”. Este comentario corresponde también a la Declaración Final de la séptima cumbra de la CELAC el pasado 24 de enero. La Declaración, en vez de exigir que se cumple con la investigación del asesinato del presidente Jovenal Moise y los ataques de la policía haitiana contra su propia población trata al gobierno haitiano de facto, posiblemente cómplices del asesinato del presidente anterior, como legítimo interlocutor de un pueblo que lo rechaza.
De igual manera, la Declaración aprueba el documento oficial del gobierno haitiano ‘Consenso Nacional para una Transición Inclusiva y Elecciones Transparentes’ aunque ha sido ampliamente rechazado por los partidos políticos del país, los principales medios nacionales y la gran mayoría de la población que se expresan en las redes sociales. La Declaración de la CELAC propone ayudar a las fuerzas de seguridad haitianas aunque éstas colaboran de manera rutinaria con el mismo crimen organizado contra el cual la Declaración contempla apoyar una fuerza multinacional militar.
Esta falta de consistencia de parte la Declaración Final de la CELAC en relación al tema de la intervención externa en Haití indica la indebida influencia de las Naciones Unidas. Como comentó nuestro Comandante Daniel en su reciente reunión con el Canciller de Irán, “Si Naciones Unidas, su Asamblea General ha votado ya innumerables veces con un 90% de los votos para que se suspenda el bloqueo y no pasa nada, ¿qué significa? Que Naciones Unidas está en manos del imperio yanqui” Es la realidad no solamente de la situación de Cuba sino, quizás de manera todavía más urgente, de Haití también.
En Haití, Estados Unidos y sus aliados han logrado imponer un sistema de tutelaje neocolonial como querían hacer en Cuba, Nicaragua y Venezuela. En Nicaragua lo intentaron en 2018. No pudieron, ni podrán. En Haití el pueblo resiste, pero queda a ver si pueden avanzar en su lucha para recuperar la soberanía robada.
