Acerca del 10º aniversario del golpe de Estado en Ucrania
A.N. Khokhólikov*
Al final de 2013 comenzaron en Kiev las protestas espontáneas que desembocaron en un golpe de Estado armado auspiciado desde el exterior, financiado por los Estados Unidos y apoyado por países de la Unión Europea. Llevó al poder a aquellos que nunca pudieron ganar elecciones justas en Ucrania (antes del golpe el rating del oligarca Petro Poroshenko no superaba el 4%). El régimen títere de Kiev establecido ilegal y violentamente, empezó a actuar en interés de sus patrones occidentales, convirtiendo a Ucrania en una colonia y un proyecto descaradamente antirruso.
Han pasado diez años desde aquellos trágicos sucesos en el centro de Kiev que sumieron a Ucrania en un caos sangriento del cual aún no ha podido salir. La evaluación diametralmente opuesta de aquellos acontecimientos ha provocado profundas divisiones entre Rusia y Occidente.
Para el Occidente colectivo, el conflicto en Ucrania comenzó con la reunificación de Crimea con Rusia. Mientras tanto, este acontecimiento debe ser considerado como el resultado de un impulso, destructivo por parte de los Estados occidentales a los nacionalistas radicales ucranianos, que eran una minoría agresiva en el país, primero hacia un golpe armado y luego hacia la supresión de la disidencia de la mayoría de la población del país. En Ucrania se utilizó la tecnología típica de las “revoluciones de colores”. Como admitió posteriormente la Subsecretaria de Estado estadounidense Victoria Nuland, quién apoyó activamente el “Maidan”, su país gastó alrededor de 5 mil millones de dólares para cambiar la orientación geopolítica de una parte importante de la sociedad ucraniana.
Los europeos también han invertido mucho dinero y esfuerzo en el proyecto rusófobo. Basta recordar la historia de comó obligaban a Kiev a firmar el Acuerdo de Asociación (AA) con la Unión Europea. Bruselas era muy consciente de que al crear una zona de libre comercio con la UE, Ucrania perdería automáticamente todas las preferencias comerciales y económicas en las relaciones con sus principales socios: Rusia y los países de la CEI. Esto es exactamente lo que buscaban los europeos.
En todos los medios de comunicación comenzó una masiva campaña antirusa y de propaganda por un acercamiento a la UE. Al mismo tiempo, se silenciaron sus aspectos negativos (el inminente cierre de la mayoría de las empresas y el desempleo masivo, la reducción de las exportaciones y de los programas sociales, la alta inflación, etc.) y por el contrario se elogiaron los beneficios inexistentes. A los ciudadanos desinformados se les dio deliberadamente la falsa impresión de que a Ucrania se le concedería inmediatamente la membresía plena en la UE. Ni siquiera en Kiev se imaginaban las consecuencias de la aplicación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Sólo después de que los dirigentes ucranianos estudiaron este documento de 900 páginas, traducido y analizado para ellos por los expertos rusos, llegaron a conclusiones decepcionantes. Según Nikolai Azarov, Primer Ministro de Ucrania en aquel entonces, para cumplir los términos del AA se necesitarían 160 mil millones de dólares en 10 años. El Gabinete de Ministros del país suspendió los preparativos para la firma del documento y propuso volver a discutir los aspectos económicos y aduaneros. Sin embargo, la provocadora maniobra de los europeos se convirtió en el punto de partida del sangriento conflicto ucraniano. El 21 de noviembre de 2013 comenzó el “Euromaidán”.
Ni en noviembre de 2013, cuando el Presidente ucraniano Víktor Yanukóvich aplazó la firma del AA, ni en febrero de 2014, después de que los radicales prooccidentales ucranianos decidieran tomar el poder por la fuerza, el “Maidán” reflejó la opinión de la mayoría del pueblo ucraniano. Este es un punto fundamental.
Mientras tanto, en enero de 2014, en el centro de la capital ucraniana una organización neonazi encabezada por el ciudadano británico Oleksandr Danyliuk tomó instalaciones estratégicas gubernamentales con armas en las manos. La operación se coordinó desde la Embajada estadounidense por teléfono (hay publicaciones del contenido de las conversaciones). Ni los medios de comunicación occidentales, ni el cuerpo diplomático condenaron a los terroristas. Además, la UE responsabilizó a las autoridades legítimas de Ucrania de los sucesos en Kiev y las amenazó con las consecuencias. Después de esto, sintiendo su impunidad, los nacionalistas radicales comenzaron a dominar el movimiento de protesta.
Según los participantes en las acciones, el “Maidan” no habría durado tanto si no fuera por el apoyo del exterior. En violación de las normas del Derecho Internacional universalmente reconocidas sobre la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, varios “invitados” extranjeros no solo visitaron el “Euromaidán”, sino que también hablaron allí (altos funcionarios de la UE – Catherine Ashton, Štefan Füle; de los EE.UU. – Victoria Nuland, el embajador Geoffrey R. Pyatt, los senadores John McCain y Chris Murphy, así como los provocadores de otros países – Carl Bildt, Jarosław Kaczyński, Mijeíl Saakashvili, etc.). Después de que el “Maidan” se convirtiera en acciones armadas, el presidente legítimo de Ucrania, Víktor Yanukóvich, se inclinó por declarar el estado de excepción para recurrir al ejército. Tal medida habría frustrado todas las esperanzas de Occidente de un cambio radical de poder y habría anulado muchos años de sus esfuerzos. Por ello, los ministros de Exteriores de la UE se apresuraron a proponer la conclusión de “acuerdos de paz”, aunque, como demostraron los acontecimientos posteriores, no estaba en sus planes contener la agresión del “Euromaidán”.
El 21 de febrero se firmó un acuerdo entre el Presidente Yanukóvich y la oposición con la participación de Alemania, Polonia y Francia como garantes. Sin embargo, en cuanto la policía se retiró de la ciudad, los radicales ucranianos, en lugar de entregar las armas, retomaron el barrio gubernamental. Víktor Yanukóvich abandonó Kiev bajo la amenaza de muerte. Un día después de su partida, los radicales que tomaron el poder anunciaron la “autodestitución de Yanukovich” precisamente en el momento en que éste reafirmaba su mandato en un mensaje por vídeo desde Jarkov y llamaba a la sociedad al diálogo. Pero el Occidente no estaba interesado en la paz ni en el aspecto legal de la cuestión; apoyó incondicionalmente el golpe inconstitucional.
Cuando los garantes europeos del Acuerdo violaron cínicamente sus obligaciones, todo el sistema de acuerdos colapsó. Inmediatamente después del golpe, las nuevas “autoridades” ucranianas enviaron trenes con sicarios armados del Sector Derecho a las regiones del sudeste. No se les permitió entrar en Crimea. Allí los residentes locales y las fuerzas del orden lograron establecer un destacamento. El referéndum popular en Crimea y su reunificación con Rusia permitieron evitar una guerra en la península.
Los acontecimientos en otras regiones de Ucrania se han desarrollado de manera diferente. La quema por nacionalistas ucranianos de más de 40 manifestantes prorrusos vivos en Odessa el 2 de mayo de 2014, la prohibición del idioma ruso, la represión masiva de los disidentes y los intentos de reprimir las protestas en Donbass con armas pesadas desembocaron en la guerra civil en Ucrania, que aún continúa.
Al darse cuenta de que el golpe de Estado que se produjo en el país era nazi de facto, las dos regiones de Donbass – Lugansk y Donetsk – declararon su independencia y comenzaron a defenderse de la operación antiterrorista de Kiev, que desde el principio era ilegítima porque la Constitución ucraniana prohíbe el uso del ejército contra la población civil del país. En aquel momento Rusia no reconocía a las dos repúblicas, pero participó en la resolución del conflicto mediante negociaciones, que culminaron con la firma de los Acuerdos de Paz de Minsk. Por el mero hecho de firmar el documento, Ucrania reconoció a las Repúblicas Populares de Lugansk y Donetsk como sujetos de derecho internacional. Sin embargo, durante los siguientes 8 años los Acuerdos no se implementaron y los ataques de artillería contra Donbass se intensificaron. Durante este tiempo, murieron allí más 14 mil personas, incluidos civiles, ancianos y niños.
El principal objetivo de los acuerdos de Minsk era el alto al fuego. Esto dio a Rusia el derecho, como garante de su implementación, a utilizar la fuerza contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dadas las circunstancias, nuestro país reconoció la independencia de las Repúblicas Populares de Lugansk y Donetsk y firmó acuerdos con ellos, que permitieron brindarles cualquier tipo de ayuda, incluida la militar. De conformidad con la legislación rusa y las normas internacionales (el derecho a la defensa colectiva), Rusia se vio obligada a enviar tropas al territorio de Ucrania para poner fin a la agresión ucraniana en Donbass, donde viven unos 4 millones de ciudadanos rusoparlantes.
Por lo tanto, Rusia cumple consistentemente con sus responsabilidades como garante de la paz en Ucrania y protege a sus compatriotas allí. No es casualidad que el Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, dijera que nuestras tropas llegaron a Ucrania para poner fin a la guerra.
Además, al luchar contra un régimen neonazi, rusófobo y agresivo en un país vecino, que cuenta con un irresponsable apoyo de los países de la OTAN liderados por Estados Unidos, Rusia no sólo está defendiendo su seguridad nacional y su futuro, sino también librando la batalla por un nuevo orden mundial multipolar más justo, basado en la igualdad de los Estados y el respeto mutuo, y no en algunos principios dudosos.
La flagrante injerencia del Occidente colectivo en los asuntos internos de Ucrania provocó una tragedia a gran escala. En lugar de un “paraíso europeo”, los ucranianos recibieron un país destruido que había perdido por completo la independencia nacional y está sumido en la corrupción, la anarquía y el caos legal.
Me gustaría creer que la paz y la tranquilidad, contrariamente a los deseos de la Unión Europea y de los Estados Unidos, pronto llegarán a todo el territorio de Ucrania desnazificada y desmilitarizada, y que los autores del sangriento conflicto, radicados en Washington, Londres, Bruselas y Berlín, serán llevados ante la justicia internacional por sus crímenes contra la humanidad.
* A.N.Khokhólikov, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia en la República de Nicaragua, concurrente en la
República de El Salvador y la República de Honduras
