Por Fabrizio Casari
La reciente aprobación del proyecto Adelante por parte del comandante Daniel Ortega es un paso más para la economía familiar nicaragüense. Dedicado al sector agropecuario, el programa contará con una inversión de 80 millones de dólares en tres años y beneficiará a 181.500 protagonistas. Más allá del compromiso financiero, el programa tiene en sí mismo un significado paradigmático. El sentido general de la medida, de hecho, es apoyar con créditos blandos las iniciativas empresariales de quienes presenten proyectos útiles para aumentar la producción agropecuaria, agregando así valor a los productos y servicios al mejorar su calidad y competitividad, dando así más fuerza al crecimiento de las exportaciones, ya consolidadas desde que el país volvió a manos del gobierno sandinista.
De hecho, es lo que en otros lugares, con sumisión lingüística al anglicismo imperial, se denomina apoyo a las start-up, y que en Nicaragua adquiere un valor de continuidad con otros programas de economía social que han sido el buque insignia de las políticas gubernamentales implementadas desde 2007 y dirigidas a atacar la pobreza extrema. Esta financiación tiene además el mérito de eludir la lógica puramente especulativa de acceso al crédito que imponen los bancos, porque certifica su viabilidad en función del valor del proyecto y de su inserción en la economía general, y no de la sola solvencia del solicitante.
Con la aprobación de Adelante, se confirma la centralidad de la economía familiar, vista como el pivote del crecimiento horizontal de la sociedad y como el acceso a las oportunidades para aquellos que nunca han podido tenerlas en el pasado. Se trata de una medida en continuidad con las políticas sociales y productivas que han garantizado sistemáticamente un crecimiento económico de alrededor del 5% anual en el país, logrando el aumento del PIB a través del crecimiento general de la población. La brecha social se ha reducido drásticamente gracias a la creación de empleo, lo que ha hecho posible el crecimiento del consumo interno al tiempo que se ha conseguido mantener la espiral inflacionista bajo control. En la misma dirección se encuentra el esfuerzo financiero realizado por el gobierno que ha asumido en el presupuesto público el incremento de los costes energéticos, que de haberse trasladado a toda la cadena de transporte y de consumo de energía habría perjudicado gravemente el desarrollo empresarial de las familias, las cooperativas y las pequeñas y medianas empresas.
En estas medidas se mide la coherencia del proyecto de modernización del país, que conjuga la consolidación de la economía productiva de tipo agropecuario con el nacimiento de una Nicaragua capaz en términos de servicios, comercio y tecnología, de proyectarse más allá de la dimensión de la economía rural. El resultado es que la importante autosuficiencia alimentaria y energética del país ha protegido a Nicaragua del chantaje, las amenazas y las sanciones, la mayor parte de ellas procedentes de las políticas hostiles de Estados Unidos y la UE. La otra palanca para asegurar el país es la diversificación de las asociaciones internacionales con las que Managua intercambia bienes y servicios y que hacen irrelevantes los caprichos imperiales.
En la búsqueda constante de la inclusión socioeconómica, se encuentra el núcleo de la apuesta económica del sandinismo, que cree que el crecimiento del PIB debe lograrse creciendo vertical y horizontalmente. Es decir, con una buena gestión del presupuesto público, el crecimiento de los índices de producción, el ahorro privado, el estímulo de la inversión privada y el aumento de las reservas de divisas. Y el estado de bienestar se financia con el aumento de la base impositiva y de las contribuciones, generado a través de nuevos empleos y una mayor adhesión de los servicios financieros a la generación de riqueza desde abajo.
Es una idea de desarrollo posible, de alcance histórico y universal, porque denuncia el error (y el horror) de las doctrinas económicas liberales, que ven en la mera reducción del gasto público y de los salarios la manera de contener la inflación, mientras imaginan el crecimiento de la riqueza gracias al furor del capital volátil y especulativo al que entregan las privatizaciones de todos los ganglios de la sociedad.
Es intolerable para la oligarquía que las políticas sociales concreten derechos universales como la sanidad, la educación, el transporte, la vivienda, la seguridad, la energía y el apoyo directo e indirecto a la economía familiar; que, por tanto, importantes recursos de la riqueza generada por el trabajo y la inversión se inviertan en la reducción de la pobreza y la modernización del país y no vayan, en cambio, a incrementar la riqueza de las voraces familias oligárquicas.
La derecha no acepta la idea de la reducción de la diferencia social, es decir, que los recursos de un país se utilicen para reducir la desigualdad. Porque no cree que sea un freno a la mejora general del país, que sea una fuente de convivencia distorsionada, por ser un desequilibrio que genera desviaciones, sino una premisa y consecuencia de un desarrollo correcto, es decir, el de las élites que deben gobernar el país.
El afán privatizador corresponde precisamente a la idea de que el Estado no debe financiar el bienestar y las obras públicas, sino limitarse exclusivamente a sustraer toda preocupación pública a los asuntos privados de las clases acomodadas, cuyo aumento de riqueza se considera el termómetro de la salud de la economía. La idea de que sólo los poseedores de limosnas puedan convertirse en sujetos de derecho, de que la mano de obra designada para enriquecer el latifundio pueda convertirse en clase trabajadora e incluso en empresaria, de que los receptores de las migajas que caen de las mesas pródigamente dispuestas de las familias propietarias del despilfarro puedan convertirse en consumidores, asusta y horroriza a la burguesía parasitaria nacional. El racismo del latifundio pinta la versión tropical de la división entre Keynes y Friedman.
El sandinismo aplicado refuta precisamente esta teoría, demostrando que la armonización del crecimiento de la microeconomía con la macroeconomía es posible, incluso deseable, y que encuentra su razón en el apoyo directo e indirecto a la economía familiar, piedra angular de la organización social del país.
En el esquema general de la economía sandinista, se genera el movimiento contrario al del liberalismo: una transferencia neta de recursos e inversiones públicas generadas por la base tributaria privada que se vuelca a través de la prestación gratuita o subsidiada de servicios generales a la ciudadanía. Esto reduce el importe de los gastos en los hogares y, por tanto, permite el ahorro y el acceso al consumo, lo que desencadena una espiral virtuosa para la economía en general.
Sí, si se quiere leer la particularidad y el valor estratégico del sandinismo de forma completa, no hay que limitarse sólo al ámbito de la identidad política, socialista, independentista y solidaria. En efecto, en la política socioeconómica, así como en su dimensión soberana e independiente, radica el arraigado odio del gigante del Norte y sus empleados de la oligarquía nacional hacia el gobierno encabezado por el Comandante y la Vicepresidenta.
En la prefiguración del modelo económico del sandinismo, no sólo hubo la voluntad de acabar con el absurdo de un país rico en alimentos donde una parte de la población no podía alimentarse. Hubo y hay un deseo de llevar a Nicaragua más allá de su identidad socioeconómica, de mantener su alma pero cambiar en parte su cuerpo. La apuesta (ganada) fue mantener una identidad productiva concebida sobre el modelo rural pero con una proyección hacia el desarrollo comercial y turístico. Un país que decidió crecer pronto, bien y con justicia, reequilibrando lo que estaba desequilibrado. Que eligió marcar la línea entre una democracia popular y una elitista con aquellos derechos para todos que, de haber quedado sólo para unos pocos, se habrían confirmado como privilegios.
Desde 2007, el sandinismo es la base de estos ideales. Ha sido el ensamblaje de los sueños y del horizonte con la política del día a día. Nació un modelo de gobierno concebido sobre la necesidad de derribar por completo lo designado por el poderoso enemigo del Norte, cambiando un destino tan indigesto como injusto. Nicaragua dejó de ser un lugar para convertirse en una nación. Una vez y para siempre.
ADELANTE, WITH THE CHARM OF THE MODEL
The recent approval of the Adelante project by Comandante Daniel Ortega is one more step for the Nicaraguan family economy. Dedicated to the agricultural sector, the program will have an investment of 80 million dollars over three years and will benefit 181,500 protagonists. Beyond the financial commitment, the program itself has a paradigmatic meaning. The general meaning of the measure, in fact, is to support with soft loans the business initiatives of those who present useful projects to increase agricultural production, thus adding value to products and services by improving their quality and competitiveness, thus giving more strength to the growth of exports, already consolidated since the country returned to the hands of the Sandinista government.
In fact, it is what in other places, with linguistic submission to imperial anglicism, is called support for start-ups, and that in Nicaragua acquires a value of continuity with other social economy programs that have been the flagship policies implemented since 2007 and aimed at attacking extreme poverty. This financing also has the merit of avoiding the purely speculative logic of access to credit imposed by banks, because it certifies its viability based on the value of the project and its insertion in the general economy, and not solely on the solvency of the applicant.
With the approval of Adelante , the centrality of the family economy is confirmed, seen as the pivot of the horizontal growth of society and as access to opportunities for those who have never been able to have them in the past. This is a measure of the continuity of the social and productive policies that have systematically guaranteed economic growth of around 5% per year in the country, achieving an increase in GDP through general population growth. The social gap has been drastically reduced thanks to job creation, which has allowed for growth of domestic consumption, while keeping the inflationary spiral under control. In the same direction is the financial effort made by the government that has assumed, within the public budget, the increase in energy costs, which if it had been transferred to the entire chain of transport and energy consumption, would have seriously harmed the business development of the families, cooperatives and small and medium enterprises.
These actions measure the coherence of the country’s modernization project, which combines the consolidation of a productive agricultural economy with the birth of a Nicaragua capable, in terms of services, trade and technology, of projecting itself beyond the dimension of the rural economy. The result is that the country’s significant food and energy self-sufficiency has protected Nicaragua from blackmail, threats and sanctions, most of them coming from hostile US and EU policies. The other lever to secure the country is the diversification of the international associations with which Managua exchanges goods and services and that make imperial whims irrelevant.
In the constant search for socioeconomic inclusion, lies the core of the Sandinista economic commitment, which believes that GDP growth must be achieved by growing vertically and horizontally. That is, with good management of the public budget, the growth of production rates, private savings, the stimulation of private investment and the increase in foreign exchange reserves. And the welfare state is financed by the increase in the tax base and contributions, generated through new jobs and a greater adherence of financial services to the generation of wealth from below.
It is an idea of possible development, of historical and universal scope, because it denounces the error (and the horror) of liberal economic doctrines, which see in the mere reduction of public spending and wages, the way to contain inflation, while imagining the growth of wealth thanks to the fury of volatile and speculative capital, to which the privatizations of all the ganglia of society deliver.
It is intolerable for the oligarchy that social policies attain universal rights such as health, education, transportation, housing, security, energy and direct and indirect support for the family economy; that, therefore, important resources of the wealth generated by work and investment, finance in turn the reduction of poverty and the modernization of the country and do not go, instead, to increase the wealth of the voracious oligarchic families.
The right does not accept the idea of reducing the social gap, that is, that the resources of a country are used to reduce inequality. Because it does not believe that it is a brake on the general improvement of the country, that it is a source of distorted coexistence, because it is an imbalance that generates deviations, but rather a premise and consequence of correct development, that is, that the elites that must govern the country.
The desire to privatize corresponds precisely to the idea that the State should not finance welfare and public works, but limit itself exclusively to subtracting all public concern from the private affairs of the wealthy classes, whose increase in wealth is considered the thermometer of a healthy economy. The idea that only the bearers of alms can become subjects of law, that the workforce designated to enrich the latifundia can become the working class and even businesswomen, that the recipients of the crumbs that fall from the lavishly laid tables of the families that possess all the riches, can become consumers; frightens and horrifies the national parasitic bourgeoisie. The racism of the latifundio paints the tropical version of the division between Keynes and Friedman.
Applied Sandinismo refutes precisely this theory, showing that the harmonization of microeconomic and macroeconomics growth is possible, even desirable, and that it finds its reason in direct and indirect support for the family economy, the cornerstone of the country’s social organization.
In the general scheme of the Sandinista economy, the opposite movement to that of liberalism is generated: a net transfer of resources and public investments generated by the private tax base that is poured through the free or subsidized provision of general services to citizens. This reduces the amount of expenditure in households and, therefore, allows savings and access to consumption, which triggers a virtuous spiral for the economy in general.
If you want to read the particularity and strategic value of Sandinismo in its entirety, you should not limit yourself only to the sphere of political, socialist, independence and supportive identity. Indeed, in the socioeconomic policy, as well as in its sovereign and independent dimension, lies the deep-rooted hatred of the giant of the North and its employees of the national oligarchy, towards the government headed by the Comandante and the Vice President.
In the prefiguration of the economic model of Sandinismo, there was not only the desire to put an end to the absurdity of a country rich in food, where part of the population could not feed itself. There was and is, a desire to take Nicaragua beyond its socioeconomic identity, to keep its soul but to change its body in part. The bet (won) was to maintain a productive identity conceived on the rural model but with a projection towards commercial and tourist development. A country that decided to grow quickly, correctly and fairly, rebalancing what was out of balance. That chose to draw the line between a popular democracy and an elitist one, with rights for all that, had they remained only for a few, would have been confirmed as privileges. Since 2007, Sandinismo has been the basis of these ideals. It has been the assembly of dreams and the horizon with day-to-day politics. A government model was born, conceived on the need to completely overthrow what was designated by the powerful enemy of the North, changing a destiny as indigestible, as it was unjust. Nicaragua ceased to be a place to become a nation. Once and forever.
