AFGJ denuncia los crímenes de lesa humanidad de los Estados Unidos en contra de Nicaragua
Este junio, The International People’s Tribunal on U.S. Imperialism (El Tribunal Popular Internacional sobre el Imperialismo Estadounidense) encontró a Estados Unidos culpable de abusos a los derechos humanos, incluyendo guerra injustificable contra el pueblo y la nación soberana de Nicaragua. El Tribunal Popular sobre el Imperialismo de los Estados Unidos concluyó que las acciones de los Estados Unidos hacia la República de Nicaragua, en particular los intentos de los Estados Unidos de instituir un cambio de régimen ilegal en esa nación, constituyen abusos graves y continuos de los derechos humanos y civiles del pueblo nicaragüense y también son incursiones ilegales y no provocadas contra un estado soberano.
Alianza por la Justicia Global (AFGJ por sus siglas en inglés), una organización de derechos humanos con sede en EE. UU. se suma al llamado para que cesen los ataques contra Nicaragua. El personal de AFGJ citó su documento: Derechos humanos en Estados Unidos: Informe 2022 que expone los continuos actos de opresión y genocidio de Estados Unidos contra sus propios ciudadanos, además de sus ataques contra Nicaragua y otras naciones.
Durante el Tribunal, la Dra. Alba Luz Ramos, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, dio testimonio de los actos injustos de Estados Unidos, que incluyen sanciones y embargos, ataques militares y otros actos destinados a desestabilizar a su nación. La Dra. Ramos también discutió y condenó el intento de golpe de Estado liderado por Estados Unidos contra el gobierno de Nicaragua. El Tribunal también escuchó testimonios detallados de otros ciudadanos nicaragüenses que testificaron sobre su encarcelamiento, tortura y mutilación por parte de las fuerzas golpistas.
Alianza por la Justicia Global se une al pueblo de Nicaragua y sus millones de simpatizantes solidarios alrededor en todo el mundo para exigir el fin inmediato de las sanciones contra Nicaragua por parte de los Estados Unidos. AFGJ y el pueblo de Nicaragua hacen un llamado a los pueblos del mundo para que condenen estas acciones, junto con cualquier otro ataque militar o de otro tipo contra Nicaragua.{{/1}}
La editora del informe de AFGJ, Natalia Burdyńska-Schuurman, comenta:
“Las sanciones contra Nicaragua fueron instituidas en 1985 por la administración de Reagan y constituyeron un acto de guerra económica. Las sanciones de la década de los 80 dieron como resultado una escasez crónica de artículos de primera necesidad, hiperinflación y desestabilización económica. Afectaron de manera desproporcionada a las personas más pobres y vulnerables: niños, ancianos y enfermos. Las sanciones causaron pobreza y malestar social. Las sanciones actuales han ralentizado el desarrollo y planteado serios retos a la respuesta de la nación al COVID-19 y para con el suministro de asistencia tras las catástrofes provocadas por los huracanes.”
Nuestro informe hace referencia a las ampliamente documentadas y detalladas descripciones de las violaciones históricas y actuales de los derechos humanos por parte de Estados Unidos, entre las que se incluyen:
Ejecuciones extrajudiciales y tortura, arrestos y detenciones injustas en Estados Unidos
Fuente: Alianza por la Justicia Global
El personal encargado de hacer cumplir la ley de EE. UU. mata a miles de personas cada año, la mayoría desarmados y desproporcionadamente negros, morenos o indígenas . Estados Unidos encarcela al porcentaje más alto de su pueblo de cualquier nación del mundo. Miles de personas mueren bajo custodia en las cárceles y prisiones de los Estados Unidos cada año. El número y la frecuencia de estas ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de los EE. UU. superan con creces cualquier denuncia de infracciones similares por parte del gobierno de Nicaragua. Informe de AFGJ analiza los efectos injustos y racialmente sobrecargados del encarcelamiento y ejecución de sus ciudadanos, que se enfocan y afectan desproporcionadamente a las personas de color.
Presos políticos y represión
Fuente: Alianza por la Justicia Global
Estados Unidos emplea con frecuencia el encarcelamiento político contra cualquiera que se oponga a las violaciones de derechos humanos que tienen lugar bajo su autoridad. En el capítulo del reporte sobre focalización política y represión, nuestro análisis de presos políticos en los EE. UU. examina el encarcelamiento político en el país, la nueva ola masiva de encarcelamiento político de activistas antirracistas y las intersecciones del racismo, el clasismo y el imperialismo que conducen al encarcelamiento de quienes se atreven a exigir equidad, justicia y ua fin a la supremacía blanca.
Los Estados Unidos actualmente alberga unos 120 presos políticos. El 67% son personas de color y el 95% están encarcelados por resistencia antirracista, incluidas al menos 84 personas encarceladas por su participación en los levantamientos de Black Lives Matter de 2014 y 2020.
Los ataques a la democracia por parte del gobierno de los Estados Unidos, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, son omnipresentes. Nuestro informe delinea la privación de derechos de millones de ciudadanos estadounidenses. Estados Unidos también exporta su “cultura de seguridad” y todas sus metodologías y tácticas de represión a otras naciones.
Burdyńska-Schuurman declaró:
“Existe amplia evidencia de que Estados Unidos ha violado sistemáticamente los derechos humanos fundamentales, tal como los define la ONU en su Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Las acciones de los Estados Unidos que hostigan y castigan a los países pobres que están luchando para intentar mejorar las vidas de sus ciudadanos son aborrecibles e indefendibles. Estados Unidos mejor se tendría que encargar de afrontar sus propias deficiencias y dejar de intentar llevar a cabo cambios de régimen en otras naciones a través de falsas acusaciones, amenazas militares y la guerra económica de embargos y sanciones”.
Alliance for Global Justice (AFGJ) demands justice for Nicaragua and an end to the United States’ ongoing human rights abuses
AFGJ calls attention to the United States’ crimes against humanity
This June, The International People’s Tribunal on U.S. Imperialism found the United States guilty of human rights abuses, including unjustifiable warfare, against the people and the sovereign nation of Nicaragua. The People’s Tribunal on U.S. Imperialism concluded that actions of the United States toward the Republic of Nicaragua, particularly U.S. attempts to institute illegal regime change in that nation, constitute severe and ongoing abuses of the human and civil rights of the Nicaraguan people, and unlawful, unprovoked incursions against a sovereign state.
Alliance for Global Justice (AFGJ), a U.S.-based human rights organization, echoes the call for an end to attacks on Nicaragua. AFGJ staff cited its Human Rights in the United States: 2022 Report overviewing the United States’ ongoing acts of oppression and genocide against its own citizens, in addition to its assaults on Nicaragua and other nations.
During the Tribunal, Dr. Alba Luz Ramos, President of the Supreme Court of Nicaragua, gave witness to the unjust acts of the United States, which include sanctions and embargoes, military attacks, and other acts intended to destabilize her nation. Dr. Ramos also discussed and condemned the U.S.-led attempted coup against the Nicaraguan government. The Tribunal also heard detailed testimony from other Nicaraguan citizens who testified to their imprisonment, torture, and maiming by coup forces.
Alliance for Global Justice joins the people of Nicaragua and its millions of supporters worldwide in demanding an immediate end to sanctions against Nicaragua by the United States. AFGJ and the people of Nicaragua appeal to the people of the world to condemn these actions, along with any other military or other attacks on Nicaragua.
The editor of AFGJ’s report, Natalia Burdyńska-Schuurman, remarks:
“Sanctions against Nicaragua were instituted in 1985 by the Reagan Administration and they constituted an act of economic war. Sanctions in the 1980s resulted in chronic shortages of basic necessities, hyperinflation and economic destabilization. They disproportionately affected the poorest and most vulnerable people – children, the elderly and the ill. Sanctions caused poverty and social unrest. Current sanctions have slowed development and posed challenges to the nation’s COVID-19 response and hurricane disaster relief.”
Our report refers to the well-documented and detailed descriptions of the United States’ historical and ongoing human rights abuses, including:
Extrajudicial executions and torture, unjust arrest and detainment in the United States
U.S. law enforcement personnel kill thousands of people yearly, most unarmed and disproportionately Black, Brown or Indigenous. The United States incarcerates the highest percentage of its people of any nation in the world. Thousands of people die in custody in U.S. jails and prisons yearly. The number and frequency of these extrajudicial executions by the U.S. government far exceed any claims of similar infractions by the Nicaraguan government. AFGJ’s report analyzes the unjust and racially-charged effects of the United States’ targeting, incarceration and execution of its citizens, which disproportionately affect Black, Brown and Indigenous people.
The United States frequently employs political imprisonment against any who resist the human rights violations taking place under its watch. In our report’s chapter on political targeting and repression, our analysis of political prisoners in the U.S. examines political imprisonment in the U.S., a massive new wave of political incarceration of anti-racist activists and the intersections of racism, classism and imperialism that lead to the incarceration of those who dare to demand equity, justice and an end to white supremacy.
The United States currently homes around 120 political prisoners. 67% are people of color, and 95% are in jailed for anti-racist resistance, including at least 84 individuals incarcerated for their participation in the Black Lives Matter uprisings of 2014 and 2020.
Assaults on democracy by the U.S. government, both within and outside the United States, are ubiquitous. Our report delineates the disenfranchisement of millions of U.S. citizens. The U.S. also exports its “security culture” and all of its methodologies and tactics of repression to other nations.
Burdyńska-Schuurman stated:
“There’s ample evidence that the United States is and since its inception has systematically violated fundamental human rights, as defined by the United Nations in its Universal Declaration of Human Rights of 1948. Actions by the United States that wreak punishment upon poor and struggling nations that seek only to better the lives of their citizens are heinous and indefensible. The United States would do well to address its own shortcomings and cease trying to bring about regime change in other nations through false accusations, military threats and the economic warfare of embargoes and sanctions.”
