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  • 11 agosto, 2021

Continúan investigaciones por actividades ilícitas que atentan contra la Ley 1055


Comunicado 055-2021

El Ministerio Público de Nicaragua, informa a la población nicaragüense que se continúa con el proceso de investigación en contra de las Fundaciones “Violeta Barrios de Chamorro” y FUNIDES, por el delito de lavado de dinero, bienes y activos y otros, así como por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer actos ilícitos. También en contra de todas aquellas personas que han atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, de conformidad con la Ley No. 1055 y el Código Penal de la República de Nicaragua.

Con relación a la investigación en contra de la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro”, el día de hoy se presentó Ivonia Lisbeth Zelaya González y Juan Ramón Huerta Chavarría, quienes contestaron todas las preguntas que se les realizaron, firmaron el acta y procedieron a retirarse.

A las personas que sean citadas para entrevista y que no se presenten, se les previene que deberán acreditar su inasistencia a través de medio verificable y en caso de incomparecencia sin justificación, se solicitará ante autoridad judicial la conducción forzosa por estar huyendo de la justicia.

Hoy se presentó escrito de solicitud de audiencia especial de garantías constitucionales para pedir la ampliación del período de investigación y detención judicial en contra de Mauricio José Díaz Dávila, por estar siendo investigado por la Policía Nacional por tener indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055 y el Código Penal. Presuntamente ha realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua. Públicamente ha incitado, en distintos foros, a la injerencia extranjera en los asuntos internos, asimismo, ha celebrado la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos. La audiencia especial se llevó a cabo hoy mismo, la solicitud fue admitida y se dictó detención judicial por 90 días.

El Ministerio Público ha velado por la objetividad y calidad de la investigación y en todo momento ha respetado los derechos constitucionales de las personas acusadas, investigadas y entrevistadas. Como representante de las víctimas y de la sociedad nicaragüense, y en cumplimiento con el ordenamiento jurídico, continuará realizando las diligencias que sean necesarias.

Se hace un llamado a la población a mantener un clima de paz y convivencia pacífica, así como de tranquilidad, tolerancia y respeto a las leyes de la República.

Dado en la ciudad de Managua, a los 11 días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.

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