Discurso de Nicaragua en Webinario: Alianza para la Justicia Global
WEBINARIO: ALIANZA PARA LA JUSTICIA GLOBAL
“EL MUNDO SE ENFRENTA A LAS SANCIONES”
INTERVENCION DEL EMBAJADOR FRANCISCO CAMPBELL
23 DE ENERO, 2022
La intensa hostilidad y agresión sistemática de Estados Unidos y sus aliados imperialistas en contra del Pueblo de Nicaragua, es la continuación de una política llevada a cabo contra nuestro país a lo largo de la historia y un recordatorio de que el intervencionismo en Nicaragua es una de las manifestaciones más persistentes de la política exterior de Estados unidos en el hemisferio occidental.
Ya para 1823, cuando Estados Unidos promulgó la Doctrina Monroe -su marco político rector para ejercer influencia en América Latina y el Caribe-, el intervencionismo en los asuntos de Nicaragua se convirtió en una constante de la política de Estados Unidos; desde la firma del Tratado Clayton-Bulwer de 1850 sobre control del propuesto Canal de Nicaragua, hasta el reconocimiento en 1856 de William Walker, un mercenario estadounidense, como presidente de Nicaragua, quien restableció la esclavitud y buscó la anexión a Estados Unidos.
Esta política intervencionista incluyó el despliegue de infantes de marina del ejército estadounidense para derrocar al presidente José Santos Zelaya en 1910 y asistencia militar al general conservador Emiliano Chamorro en el asesinato en 1912 del general Benjamín Zeledón, quien se había opuesto a la injerencia de Estados Unidos en Nicaragua.
El ejército de Estados Unidos ocupó Nicaragua desde 1912 hasta 1933, cuando fue expulsado por nuestro Héroe Nacional, el “General de Hombres Libres”, Augusto Calderón Sandino, quien fue asesinado en ignominiosa traición por el General Anastasio Somoza García en 1934, con el permiso y respaldo del embajador de los Estados Unidos en ese momento.
La brutal dictadura de Somoza contó con el pleno apoyo de todos los presidentes de Estados Unidos, desde Franklin Roosevelt hasta Jimmy Carter. Todos estos Presidentes, tanto demócratas como republicanos, hicieron la vista gorda ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el dictador y facilitaron el saqueo de los recursos naturales del país, junto con la explotación de la gran mayoría del Pueblo.
Después de 43 años de terror y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la dictadura de Somoza llegó a su fin cuando su Guardia Nacional fue derrotada por la Revolución Sandinista en 1979, marcando el comienzo de la democracia en Nicaragua por primera vez en la historia del país.
Esta victoria revolucionaria y democrática del Pueblo de Nicaragua pronto fue subvertida cuando el intervencionismo de Estados Unidos retornó en la forma de guerra de la contra que causó más de 50,000 muertos y destruyó completamente la economía, junto con la injerencia sistemática desde 1990 en los procesos electorales de Nicaragua por medio de prácticas corruptos, antidemocráticos y flagrantemente ilegales.
Inmediatamente después de la victoria del Comandante Daniel Ortega y el FSLN en las elecciones de 2006, el gobierno de Estados Unidos retomó su agresión contra Nicaragua reclutando operadores y asignando recursos técnicos, de inteligencia y financieros que ascendieron a cientos de millones de dólares canalizados a través de unas pocas decenas de individuos y ONG locales, con el propósito de establecer estructuras mediáticas antisandinistas y antigubernamentales utilizados en campañas para instigar la disidencia y la violencia en áreas urbanas y rurales, así como abogar por la imposición de medidas ilegales y unilaterales contra el Pueblo de Nicaragua en flagrante violación de las leyes del país y Principios básicos del Derecho Internacional.
El intento de golpe de estado en 2018 fue la culminación de esta política de agresión. Costó la vida de 198 Hermanas y Hermanos nicaragüenses e innumerables heridos; 1 de cada 4 pequeños negocios fueron cerrados debido al impacto en la economía que tuvieron los tranques colocados sobre calles y carreteras; se perdieron 98,000 puestos de trabajo y el daño general a la economía nacional se estimó en más de 27,000 millones de dólares.
El Pueblo de Nicaragua pudo derrotar el golpe de estado inspirado por la historia compartida de lucha contra el intervencionismo de Estados Unidos. El profundo sentido de dignidad nacional, patriotismo y orgullo se desbordó frente a este nuevo intento de la oligarquía local y los neocolonialistas de Estados Unidos de subyugar a Nicaragua. El Modelo Nicaragüense de Democracia Participativa, “El Pueblo Presidente”, demostró su brío y fuerza en este más reciente enfrentamiento, fortaleciéndose aún más con la celebración de elecciones regionales en 2019 y elecciones nacionales en noviembre del año pasado.
Superando los efectos del intento de golpe de estado, Nicaragua ha retomado la senda del crecimiento económico integral, manteniendo programas sociales claves que han permitido al país reducir la pobreza, garantizar salud y educación de calidad gratuita y universal, seguridad ciudadana y soberanía alimenticia. La construcción de infraestructura en forma de carreteras, hospitales y escuelas, así como el acceso a los servicios básicos, reduciendo la vulnerabilidad a los efectos cada vez mayores del cambio climático, dan fe de la creciente fortaleza y resiliencia del Modelo Nicaragüense de Desarrollo Humano y Democracia Participativa, que procura incorporar a todos los sectores de la sociedad en la construcción de una nación más diversa y próspera, buscando erradicar la pobreza, el hambre y la desigualdad, priorizando la equidad de género en todos los ámbitos como uno de sus componentes fundacionales.
Nicaragua es el país centroamericano con mejor desempeño en el manejo de la pandemia del COVID19, lo cual es resultado directo del compromiso del Comandante Ortega de garantizar el acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad para todos y un reflejo de la confianza que el pueblo nicaragüense tiene en su Modelo de Salud Centrado en la Familia y la Comunidad.
Como expresión de la firme e inquebrantable determinación de defender y ejercer nuestro derecho a la Soberanía Nacional, la Autodeterminación y la Independencia, Nicaragua ha reestablecido relaciones diplomáticas con la República Popular China, Miembro Permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, e inició el proceso de retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estas decisiones estratégicas, sin duda, abrirán nuevos caminos y posibilidades para que Nicaragua avance en su compromiso de lograr un desarrollo integral y sostenido, con justicia social para todos.
Debido a estos logros y el buen ejemplo que representan, Nicaragua es vista como una amenaza a la política exterior de Estados Unidos que por medio de medidas unilaterales, ilegales y coercitivas, busca perpetuar la dominación y explotación neocolonial. Se contabiliza que en 2022, alrededor de 2 mil millones de personas en más de 40 países se les está negando el derecho al desarrollo a causa de estas sanciones ilegales, los cuales en un contexto de pandemia y mientras lidiamos con los efectos del cambio climático, constituyen nada menos que un flagrante crimen contra la humanidad.
Nicaragua sostiene que las únicas sanciones legales son las decretadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ha exigido que de inmediato se eliminen todas las medidas unilaterales, coercitivas e ilegales impuestas a nuestro país o cualquier otro país.
El firme pronunciamiento de que “Las Sanciones Matan”, debe resonar con fuerza en todo el mundo por el inmenso sufrimiento y destrucción que están causando. Es imperativo se eliminen todas las sanciones, permitiendo a nuestros países el espacio y los recursos necesarios para abordar de manera efectiva la miríada de desafíos a superar, en nuestros esfuerzos por construir sociedades más justas y equitativas con oportunidades y beneficios para todos.
Este es el propósito y la meta del exitoso Modelo Nicaragüense de Democracia Participativa, “El Pueblo Presidente”, que fue reafirmado por la abrumadora votación del pueblo nicaragüense en las elecciones del 7 de noviembre, otorgándole un nuevo mandato de cinco años que comenzó formalmente el pasado 10 de enero, cuando el Presidente Ortega y la Vicepresidenta Murillo fueron solemnemente juramentados.
¡La lucha continúa y estamos seguros de que la justicia al final prevalecerá!
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