El Pueblo Mapuche – una historia de injusticia y discriminación
Stephen Sefton
La historia del pueblo Mapuche refleja la historia de resistencia a la conquista de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe desde el tiempo del imperio Inca, de los imperios europeos y de la época de la independencia latinoamericana hasta nuestros tiempos. El famoso poema “Caupolicán” de nuestra poeta universal Rubén Darío fue inspirado por el toqui mapuche, protagonista del poema épico español La Araucana del Siglo 16, que trata de la Guerra de Arauco durante la conquista española de Chile. La resistencia de generaciones del pueblo mapuche finalmente forzó a los españoles a reconocer la autonomía mapuche durante el Siglo 17 por medio de los Tratados de Quilín.
Estos acuerdos facilitaron establecer un sistema de parlamentos en que ambos los españoles y los mapuches se reunieron para resolver asuntos pendientes. Ese sistema perduró hasta la independencia de Chile y Argentina a inicios del Siglo 19. La sociedad mapuche consistía de diversos sistemas de comunidades autosuficientes llamadas lof, cada una gobernada por su cacique o lonko. Otra figura muy importante en la cultura mapuche es la machi. Normalmente esta persona religiosa es una mujer encargada de la salud y la asesoría de su comunidad, la educación cultural a las nuevas generaciones y de mantener la vida espiritual en homenaje a los antepasados del pueblo.
Los mapuches tenían sofisticados conocimientos de la agricultura, de la producción de metales y de textiles, y de la medicina natural. Su historia de resistencia militar contra el imperio español les había permitido desarrollar eficaces tácticas militares optimizando la movilidad gracias a su hábil manejo de sus caballos para sostener largas campañas guerrilleras en un terreno con muchos ríos y un clima muy lluvioso. Sin embargo, en el Siglo 19, de manera progresiva las fuerzas de los dos nuevas repúblicas de Argentina y de Chile, gracias a su avanzados armamentos, avanzaron para invadir y ocupar los territorios de los pueblos originarios en base a una ideología racista que despreciaba por completo la cultura y derechos de los pueblos originarios.
En Argentina entre 1878 y 1885 se montó una ofensiva llamado La Conquista del Desierto durante lo cual las fuerzas armadas argentinas masacraron 20,000 personas de los pueblos originarios mapuche y tehuelche. En Chile entre 1861 y 1883 el gobierno nacional conquistó los territorios mapuches por medio de una serie de campañas militares llamado la Pacificación de Araucanía, luego de lo cual los pueblos originarios de la zona quedaron en reservas llamadas “reducciones” ocupando solamente 6% de su territorio anterior. Las élites chilenas y argentinas ocupaban la gran mayoría del territorio de los Mapuches creando grandes latifundias y delimitando la frontera entre las dos repúblicas, lo cual dividió en dos partes las tierras de los mapuches.
Los mapuches llaman Argentina puel mapu (la tierra del Este) y Chile ngulu mapu (la tierra del Oeste). Un objetivo importante de las organizaciones mapuches ha sido poder establecer una región con autonomía para su pueblo, wallmapu (la tierra Mapuche). Las invasiones del siglo 19 fueron una continuación de las guerras de conquista del imperio español pero bajo la figura de la democracia republicana. Las comunidades de la población mapuche fueron destruidas, sus tierras robados y su población sujetada, entre otros maltratos sistemáticos, al trabajo forzado, al servicio militar obligatorio, a la apropiación de mujeres y niñas para servicio doméstico y la prohibición del uso de su idioma, mapudungun.
Después del período de conquista de parte de los gobiernos de Chile y Argentina, el patrón de represión y explotación sistemática se mantenía, llegando a provocar terribles masacres para suprimir la resistencia de las comunidades originarias. En 1924 en Argentina, se cometió la masacre de Napalpí en el Chaco, cuando terratenientes en contubernio con las autoridades locales masacraron alrededor de 500 hombres, mujeres, niñas y niños de las comunidades originarios, quienes quisieron ir a trabajar en otras provincias donde el pago fue mayor para trabajadores en la cosecha del algodón. Diez años más tarde en Chile, los carabineros cometieron el masacre de Ranquil de 1934 asesinando a más de 400 personas mapuches. Así que los violentos incidentes de represión de parte de las autoridades chilenas y argentinas en nuestra época, reflejan una arraigada historia de extrema injusticia, racismo y represión asesina.
Varios pueblos originarios habitan el territorio nacional de Chile y son 9% de la población nacional de 20 millones. De ellos 84% son Mapuche y 15% son de los pueblos Aymara, Diaguita, Atacameño y Quechua. Hasta el momento Chile es el único país de América Latina con una constitución política que todavía no reconoce a los pueblos indígenas. Según el Ministerio de Desarrollo Social de Chile, el 30,8% de la población indígena vive en una situación de pobreza, comparado con alrededor de 20% de la población no indígena. El gobierno de Salvador Allende había iniciado un proceso de restitución de derechos al pueblo Mapuche pero aquello se acabó con el golpe de 1973 y la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Fue hasta 1993 que se reconoció en Chile los derechos de los mapuches a la propiedad comunal y a una educación bilingüe, pero fue hasta 2008 que Chile ratificara la Convención 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Sin embargo, Araucanía sigue siendo la región más empobrecida de Chile con los peores indicadores de salud y educación. El problema fundamental para la restitución de derechos de los pueblos originarios en Chile, y en Argentina, es la titulación de la propiedad comunal. La administración de Michelle Bachelet avanzó en cierta medida con la compra de tierras para entregar a los pueblos originarios en respuesta a alrededor de 60% de 115 demandas de parte del pueblo Mapuche. Ahora se ha acumulado más de 300 demandas adicionales ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena que no han tenido respuesta.
La restitución de las tierras ha sido principalmente de las llamadas Títulos de Merced cedido después de la Pacificación del Siglo 19 y luego perdidos por motivo de decisiones administrativas y estafas a lo largo del Siglo 20. Pero aun este limitado proceso de restitución está amenazado por motivo de extensivos proyectos extractivos y de infraestructura promovidos por poderosos sectores de la empresa privada. La frustración de las aspiraciones de los pueblos originarios ha provocado mayor resistencia entre sus nuevas generaciones lo que ha resultado en muchos incidentes de represión de parte de las autoridades chilenas. En 2009 la policía chilena mató al joven mapuche Jaime Mendoza Collio, durante una manifestación de protesta pacífica.
En 2013, el machi Celestino Córdova fue acusado falsamente de ser responsable de la muerte de un terrateniente y su esposa en un incendio y sentenciado a 18 años de cárcel. En años recientes se ha estimado que más de 60 personas mapuches han estado presos políticos en las regiones de Araucanía, Biobío and Los Ríos, muchos de ellas y ellos acusados de manera injusta bajo la Ley Anti-Terrorista. El año pasado 10 compañeros mapuches mantuvieron una huelga de hambre de más de 100 días contra la injusticia de su situación. El conflicto sobre las tierras mapuches sigue en Chile, sin ningún señal de una posible resolución en el futuro cercano.
En Argentina, 955.032 personas se identifican como miembros de, o descendientes de, los 35 pueblos originarios del país reconocidos oficialmente a nivel federal y a nivel provincial. Miembros del pueblo mapuche viven en toda Argentina pero principalmente en la región de Neuquén y Río Negro. Pero aunque la legislación argentina refleja la voluntad formal de las autoridades de defender los derechos de los pueblos originarios, en la práctica no resuelven los problemas de la propiedad. Tanto la empresa privada como empresas estatales como YPF y las mismas instituciones del gobierno, impiden la resolución de problemas históricos y promueven nuevos problemas.
Por ejemplo, La Vaca Muerta zona de Neuquén está rica en reservas de hidrocarburos de tal manera que 20 empresas, incluido Chevron y la empresa estatal YPF, tienen más de 30 concesiones de exploración en un área de 8500km2.. Estas concesiones han restringido los derechos del libre movimiento del pueblo Mapuche en la zona de sus tierras ancestrales. Por otro lado, casos como la venta a la empresa Benetton en Chubut de grandes extensiones de tierras reclamados por el pueblo Mapuche han provocado una serie de incidentes durante los últimos 20 años. Las protestas de los mapuches a estas situaciones han resultado en arrestos imjustos y asesinatos de parte de la policía argentina.
Casos han ocurrido como lo de Facundo Jones Huala quien fue extraditado de manera injusta a Chile o del joven activista mapuche Santiago Maldonado desaparecido durante 77 días en 2018 hasta que apareciera su cadaver. El mismo día de su funeral, la policía asesinaron a otro joven mapuche, Rafael Nahuel de 22 años. Todos estos incidentes han ocurrido durante operaciones de desalojo de protestas de parte del pueblo Mapuche. Otro caso notorio de represión contra la vida cultural de los mapuche fue lo de la machi Betiana Colhuan quien mantuvo en un Parque Nacional un espacio sagrado ancestral conocido como un rehue antes de ser desalojado por el gobierno. Ella y tres compañeras solamente fueron liberadas en junio 2023.
Pasa nosotras y nosotros en Nicaragua toda esta historia es muy instructiva en relación a dos países cuyos gobiernos no paran de emitir las más hipócritas críticas a Nicaragua en relación al tema de los derechos humanos. En 1987, el FSLN impulsó la Ley 28 “Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua”. Desde la oposición en 2005 impulsó la Ley 445 “Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz”. Ahora en la Costa Caribe son 25 Territorios Indígenas de Nicaragua que han sido demarcados y titulados, restituyendo los derechos de 41.000 familias en 315 comunidades de la Costa Caribe a sus tierras ancestrales. 371.800 kilómetros cuadrados, el 31,16% del territorio nacional y más de 50% del territorio de la Costa Caribe de Nicaragua.
Sin embargo, aunque el tema de la propiedad es fundamental para garantizar los derechos esenciales de los pueblos originarios, el gobierno del Presidente Comandante Daniel y nuestra Vice Presidenta compañero Rosario Murillo han ido siempre más allá para asegurar las condiciones de una vida digna de la población de las regiones de la Costa Caribe. Desde Corn Island y Río San Juan hasta Waspám y el Río Coco la infraestructura de salud, de educación y de espacios recreativos se ha priorizado. Las nuevas carreteras de concreto hidráulico y los puentes como el Puente Wawa han transformado la comunicación terrestre. La energía eléctrica llega prácticamente toda la región y se desarrollan importantes proyectos de agua potable y de alcantarillado. Mientras en Chile y Argentina, se aplican las leyes anti-terroristas para reprimir los justos reclamos de sus pueblos originarios y, con sus injustas políticas neoliberales a favor de las élites gobernantes, postergan de manera permanente el acceso de estos pueblos a condiciones dignas de salud y educación.
