Estados Unidos acosa a Nicaragua
Por: Gustavo Espinoza Montesinos
El ascenso al Poder del señor Joe Biden en los Estados Unidos, no ha significado un cambio en la política exterior dictada por la Casa Blanca; por lo menos, en el escenario latinoamericano.
Incluso, aunque el reciente encuentro celebrado en Ginebra, que marcara la primera cita entre el Mandatario yanqui y el Presidente ruso Vladimir Putin, pudiera augurar un signo de distensión en las relaciones este-oeste, no se puede incubar la idea que este se proyectará en nuestro continente, por lo menos a la luz de lo que ocurre hoy en las relaciones entre Washington y Managua.
En otro escenario, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha mantenido una actitud de abierta hostilidad hacia Cuba y Venezuela. Y con relación al gobierno de Daniel Ortega, ha expresado su absoluta incomodidad de que perviva luego de los comicios de noviembre próximo.
Ocurre, sin embargo, que hace muy poco una encuesta encargada por la administración norteamericana, y destinada a sondear las preferencias electorales de la ciudadanía nicaragüense, arrojó que el 65% de los entrevistados apoyaba la continuación del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el gobierno de su país, y respaldaba la postulación del Comandante Daniel Ortega para un nuevo periodo de gestión. Otras encuestadoras le asignan la misma tendencia, aunque le otorgan porcentajes mayores.
Es bueno precisar que la voluntad así expresada, tiene una doble connotación. Implica la conformidad pública con el gobierno actual; pero muestra una decisión que sólo compete a los ciudadanos nicaragüenses. Sólo ellos están en capacidad de decidir cuál gobierno quieren en Managua. Ni la Casa Blanca ni ningún otro Poder foráneo, tienen luz en esa fiesta.
No es algo que competa a Washington lo que decida el pueblo de Nicaragua, por cierto, aunque los mandatarios yanquis estén acostumbrados a tomar en sus manos decisiones que no les incumben, como el imponer un gobierno u otro, a los ciudadanos de cualquier país.
Lo ha hecho siempre, y no solamente en el marco de procesos electorales. También han actuado haciendo uso de las armas y ocupando los servicios de su infantería de Marina para desembarcar en México, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Nicaragua, Granada o Panamá.
En otros cofines del planeta se ha vivido la misma experiencia: Afganistán, el Líbano, Irak, Palestina o Siria han sentido los mismos efectos de la injerencia extranjera en una decisión ciertamente “pedagógica”: enseñar cómo se aplica la democracia USA en distintos confines del planeta.
Pero no han sido sólo soldados, los que ha enviado la Casa Blanca a trotar por el mundo exportando “el modo de vida” norteamericano. También se ha valido de otras prácticas. Recientemente, por ejemplo, decidió “sancionar” a determinados funcionarios del Gobierno de Venezuela y a otros del gobierno de Cuba. Y hace poco, tomó similar actitud con referencia a funcionarios del gobierno de Nicaragua, incluyendo a la hija de Daniel Ortega.
¿Tiene Derecho la Casa Blanca a obrar de ese modo? ¿Qué ocurriría si de pronto a algunos gobiernos de América Latina se les ocurriera, por ventura, “sancionar” a funcionarios del gobierno de los Estados Unidos? ¿Cómo se trastornaría el orden mundial si los gobiernos de un país optaran por sancionar indistintamente a funcionarios del gobierno de otro país? ¿Algún organismo internacional se sentiría en capacidad de convalidar esa conducta?
Ocurre, sin embargo, que el acoso norteamericano tiene también propósitos electorales. Washington está mortificado por la posibilidad de que Nicaragua confirme su gobierno en noviembre. Quiere otro gobierno, uno que le sea “atractivo”, aunque no cuente con el respaldo de su propio pueblo.
No habla, por cierto, de respetar la voluntad de la ciudadanía nicaraguense. No forma parte de sus afanes imperiales. Y por ello expresa su decisión de “condenar” la detención dispuesta por autoridades judiciales de Nicaragua y que afecta a algunas personas de la muy fragmentada “oposición” al gobierno del FSLN, por la comisión de delitos infamantes.
Recientemente, en efecto, el sistema judicial de Nicaragua -y no el Gobierno Sandinista- resolvió detener y procesar a algunas personas involucradas en la comisión de diversos delitos. Estas personas han sido acusadas de organizar acciones sediciosas financiadas por los organismos de Seguridad e Inteligencia de los Estados Unidos, en Nicaragua. Se trata de Cristiana Chamorro, Antonio Cruz, Félix Madariaga, y otros. Algunos de ellos se han auto proclamado “candidatos presidenciales”, como una forma de adquirir una suerte de “inmunidad”, que no poseen; y todos se han considerado “perseguidos políticos” para obtener apoyo de la OEA y del gobierno de los Estados Unidos. Todos también han pretendido negar la evidencia: que están financiados por Washington y forman parte de la estrategia imperial para deslegitimar al Gobierno Sandinista con el ulterior propósito de derrocarlo.
Aunque no ha sido el Gobierno de Daniel Ortega el que ha dispuesto estas detenciones, es bueno que nos preguntemos siempre si un Gobierno Revolucionario tiene, o no, derecho a defenderse cuando se enfrenta al asedio de la oligarquía tradicional y al acoso incesante del Imperio; o si debe permanecer impávido y atado de manos, para que no se le “desacredite” en el exterior bajo el argumento de que “viola los Derechos Humanos”.
En otros países –El Salvador, por ejemplo- ha sido encarcelado el ex Presidente Antonio Sacasa, su esposa Ana Ligia Mixco Sal de Sacasa y su hermano, además de otros políticos y empresarios. ¿Ha dicho algo en torno al tema el gobierno de los Estados Unidos, o la OEA? Y a propósito de la OEA, ese esperpento burocrático no dijo una sola palabra cuando fueron perseguidos y encarcelados altos funcionarios del gobierno de Evo Morales, luego del Golpe Fascista de noviembre del 1919. Tampoco ha dicho nada respecto a la brutal represión fascista en Colombia o en Chile. Para su Jefe, el Almagro de nuestro tiempo, esas acciones son consustanciales a la “defensa de la democracia”.
Constituye ya casi un hecho natural reconocer que la actitud ante Cuba sirve como referente para diferenciar el comportamiento de personas y gobiernos en América Latina. Bien podría decirse que ante Nicaragua, hoy ocurre lo mismo: No se puede ser realmente demócrata, ni progresista, y mucho menos revolucionario; si se convalida, justifica, o calla, cuando se trata de enfrentar el acoso norteamericano contra la Patria de Sandino.
