Estados Unidos tiene en la mira las elecciones presidenciales en Nicaragua
Por: Roger Harris
Antes de que Henry Kissinger se convirtiera en amigo de Clinton, los liberales lo condenaron por decir: “No veo por qué tenemos que quedarnos quietos y ver cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su gente. Los temas son demasiado importantes para los votantes chilenos para dejar que sean decididos por sí mismos “El golpe de Estado y el baño de sangre respaldados por Estados Unidos en 1973 en Chile fue lo que siguió”. Ahora el tío Sam tiene un problema con Nicaragua, donde las encuestas independientes predicen una aplastante victoria de los izquierdistas Sandinistas de Daniel Ortega en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.
El gobierno de Estados Unidos y sus medios serviles están trabajando para evitar la reelección de Ortega. El 12 de julio, EE. UU. impuso restricciones de visa a cien miembros electos del legislativos nicaragüense, funcionarios, miembros del poder judicial y sus familias por “socavar la democracia”. Un mes antes, la administración Biden impuso sanciones a la hija del Presidente Ortega, junto con un general militar, el jefe del banco central y un legislador electo.
Estas y otras sanciones ilegales recientes de Estados Unidos contra Nicaragua están diseñadas para promover un cambio de gobierno y se basan en la ridícula acusación de que esta pobre y diminuta nación es una “Amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional de los EE. UU.”, cuando lo contrario es el caso.
La Ley NICA de 2018, bajo la administración Trump, impuso sanciones, que incluyen bloqueo de préstamos de instituciones financieras internacionales controladas por Estados Unidos. En agosto 2020, se reveló el plan de Asistencia Responsiva en Nicaragua (RAIN), que es una estrategia golpista multifacética por la cual Estados Unidos contrató corporaciones para derrocar al Gobierno de Nicaragua. RAIN pide un gobierno de “transición repentina e inesperada” de gobierno para prevenir lo que admiten que de otro modo sería una victoria sandinista en unas elecciones libres. En el traspaso sin problemas de Trump a la administración Biden, la pendiente Ley RENACER ampliaría aún más las “sanciones selectivas”.
La intervención estadounidense en Nicaragua y, de hecho, en toda América Latina bajo la Doctrina Monroe de 1823 tiene una larga historia que continúa hasta el presente. En 1856, el ciudadano estadounidense William Walker trató de imponerse como jefe de un estado esclavista en Nicaragua, solo para ser asesinado cuatro años después. En 1912, Estados Unidos inició la ocupación de Nicaragua, obligando al país a convertirse en un protectorado estadounidense. Estados Unidos fue expulsado en 1933 en una guerra liderada por el héroe nacional Augusto C. Sandino, en honor del cual se nombró el actual partido revolucionario. En la década de 1980, los representantes del gobierno de los Estados Unidos, los Contras, lucharon contra los nuevos sandinistas después de que éstos derrocaran a la dictadura de Somoza respaldada por Estados Unidos.
Premisas problemáticas
En el pasado, la mayoría de los progresistas estadounidenses se opusieron al imperialismo de su gobierno. Pero más recientemente, como Jeremy Kuzmarov de la revista CovertAction Revista observara: “los guerreros de Estados Unidos se han vuelto tan hábiles en la propaganda que no solo pueden librar una guerra de agresión sin suscitar protestas; también pueden obligar a los liberales a denunciar activistas por la paz activistas que utilizan un lenguaje que recuerda a la era McCarthy”.
Una reciente carta abierta al gobierno de Nicaragua de los Ex Trabajadores Solidarios de Estados Unidos 1979-1990 refleja los puntos de conversación del imperio estadounidense. Esta carta abierta de Estados Unidos, fechada 1 de julio, le siguió una de los Europeos, anteriormente activos en solidaridad con Nicaragua, y otra de académicos internacionales, principalmente en el campo de los estudios latinoamericanos. Las tres cartas, probablemente coordinadas, usan un lenguaje similar para hacer críticas y demandas.
Mientras que otros activistas internacionales de la década de 1980 todavía dan prioridad a la no intervención y solidaridad con el gobierno sandinista, las preocupaciones expresadas en la carta abierta deben ser evaluada respetuosamente. La carta abierta se basa en las siguientes premisas problemáticas:
La carta abierta afirma que el “régimen” de Ortega es culpable de “crímenes de lesa humanidad”.
De hecho, Nicaragua es, con mucho, el país más progresista de Centroamérica bajo el Gobierno sandinista.
A diferencia de los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños en estos estados clientes de EE. UU., los nicaragüenses no huyen a Estados Unidos en busca de una vida mejor. La Pobreza y la extrema pobreza se han reducido a la mitad en Nicaragua, y se ha alcanzado el Objetivo de Desarrollo del Milenio de la ONU de reducir la desnutrición. La atención médica y la educación básicas son gratuitas y el analfabetismo ha sido virtualmente eliminado, mientras tiene del más alto nivel de equidad de género en las Américas. Nicaragua, que disfruta de la tasa de homicidios más baja de América Central, también tiene la fuerza policial más pequeña con el presupuesto más pequeño de la región. Estas no son las señas de identidad de una dictadura.
La carta abierta afirma que el intento de golpe de 2018 fue simplemente una “demostración de auto-determinación.”
Si bien la carta abierta señala correctamente que los eventos de 2018 reflejaron un elemento de descontento popular, hace invisibles los millones de dólares y los muchos años de subversión patrocinada por Estados Unidos en Nicaragua.
Las campañas en las redes sociales de información falsa orquestadas por grupos patrocinados por EE. UU. promovió las protestas brutalmente violentas. Según el activista solidario Jorge Capelán: “los que secuestraron, torturaron, robaron, asesinaron y violaron a ciudadanos aquí en Nicaragua en abril 2018 fueron los impulsores del golpe. Ellos mismos grabaron todo con sus teléfonos celulares. Incluso prendieron fuego en las calles a los camaradas sandinistas que asesinaron”.
Benjamin Waddell, signatario de la carta abierta, admitió que “se está volviendo cada vez más claro que el apoyo de EE. UU. ha contribuido a fomentar los levantamientos actuales
“. Dan La Botz, otro partidario imprescindible de Ortega, proporcionó el trasfondo: “Organizaiones USA como USAID y el National Endowment for Democracy (NED), y sin ninguna duda la CIA, han trabajado durante décadas en Nicaragua como lo hace en todas partes en el mundo.”
La oposición no ofreció ninguna alternativa progresista sustancial en 2018, según William Robinson, otro signatario de la carta abierta. Más bien, 2018 fue un intento de lograr por medios violentos lo que no se pudo lograr democráticamente en las urnas.
La carta abierta afirma que el gobierno de Nicaragua “de ninguna manera representa los valores, principios y metas de la revolución sandinista”.
Con esta postura, los extranjeros se arrogan el papel de decirle al pueblo nicaragüense cómo evaluar su revolución. El proceso electoral en Nicaragua deja claro que los nicaragüenses piensan de otra manera.
Después de derrocar con éxito al dictador Somoza respaldado por Estados Unidos y luchar la guerra contra-revolucionaria de los contras respaldados por Estados Unidos, los sandinistas perdieron las elecciones de 1990.
Cabe destacar que el presidente saliente Ortega obedeció sin dudarlo el mandato electoral, la primera vez en la historia de Nicaragua que el poder de gobierno se pasó pacíficamente a otro partido político. Tras 17 años de austeridad neoliberal, Daniel Ortega ganó las elecciones presidenciales de 2006 con un 38% de pluralidad y pasó a ganar en 2011 con 63% y 72,5% en 2016. Los márgenes electorales cada vez mayores de Ortega sugieren que la mayoría de los nicaragüenses lo apoyan como el líder legítimo de la revolución sandinista.
Propuestas problemáticas
Utilizando el mismo lenguaje intencionado que el gobierno de EE. UU., La carta abierta llama al “Régimen Ortega-Murillo” para liberar a los presos políticos actualmente detenidos, incluidos “Precandidatos”, opositores y “líderes históricos” de la Revolución Sandinista; derogar la ley de seguridad nacional bajo la cual estas personas fueron arrestadas; y negociar reformas electorales.
Nicaragua ha aprobado dos leyes recientes: La Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa del Derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz.
Estas leyes, que la carta abierta quiere derogar, criminalizan la promoción de extranjeros injerencia en los asuntos internos de Nicaragua, buscando la intervención militar extranjera, organizar actos de terrorismo y promover medidas económicas coercitivas contra sus país. Cabe señalar que estas son actividades que están igualmente prohibidas por la Ley FARA en los EE. UU, a partir de la cual se modelaron las leyes nicaragüenses.
Las recientes acciones del gobierno nicaragüense enjuiciando a las personas que infringen las leyes es una función normal de la gobernanza. Que algunos de los perpetradores acusados tengan aspiraciones políticas no inmuniza a esas personas contra el arresto por sus actividades ilegales.
La carta de los académicos antes mencionados afirma que entre los detenidos se encuentran
“Los candidatos presidenciales de oposición más prominentes”. De hecho, ninguno de los 17 partidos políticos en Nicaragua ha elegido a sus candidatos, y “la mayoría de los que actualmente están bajo investigación no pertenecen a ningún partido legalmente registrado”. De hecho, Stephen Sefton informa desde Nicaragua que “ninguna figura destacada de los partidos de oposición política de Nicaragua se ha visto afectada por la reciente serie de detenciones de personas de organizaciones que apoyaron el intento de golpe de 2018″.
Una de las más destacadas de las detenidas es la directora de la ONG Cristiana Chamorro, acusada de lavado de dinero por recibir millones de dólares de la USAID, otras agencias gubernamentales de los Estados Unidos y fundaciones aliadas con fines de cambio de gobierno. En su defensa, afirmó increíblemente que el Departamento de Estado de EE. UU. la había auditado y encontró todo a su gusto.
Los “líderes históricos” de la revolución sandinista son solo eso; gente que había roto con la revolución hace mucho tiempo y desde 1994 han colaborado con la oposición de derecha aliada de Estados Unidos y ONG. Más concretamente, están acusados de colusión ilegal con potencias extranjeras.
La carta abierta llama a “negociar reformas electorales”, pero la ley electoral en Nicaragua al igual que en los EE. UU. está determinada por el proceso legislativo y no por las negociaciones entre varios bloques de poder. Nicaragua ha implementado algunas, pero no todas las reformas ordenadas por la Organización de Estados Americanos. La cuarta rama del gobierno, el Consejo Supremo Electoral (CSE), supervisa las elecciones. Un tercio del CSE actual está compuesto por representantes de partidos distintos al partido gobernante, a pesar de que los sandinistas tienen un súper mayoría en la legislatura.
El derecho de la revolución nicaragüense a defenderse
Si bien reconoce “la larga y vergonzosa historia de la intervención del gobierno de EE. UU.”, la carta abierta no reconoce el derecho de la revolución nicaragüense a defenderse.
Por el contrario, su respaldo implícito al intento de golpe de 2018 es un llamado al cambio de gobierno por medios no democráticos y una aceptación implícita para la interferencia de Estados Unidos.
El hallazgo de la carta abierta de que “los crímenes del gobierno de EE. UU., pasados y presentes, no son causa, ni justifican o excusan” el comportamiento del actual gobierno en Nicaragua es una puerta que se abre en dos direcciones. Cualesquiera que sean las presuntas irregularidades del Gobierno de Ortega, eso todavía no justifica la campaña de cambio de régimen del gobierno de Estados Unidos. La carta abierta guarda un silencio atronador sobre la actual intervención de Estados Unidos, en particular las penalizadoras Leyes NICA y RENACER.
El gobierno de Nicaragua ha priorizado las necesidades de los pobres y trabajadores y ha logrado un progreso asombroso en múltiples frentes. Es por eso que están siendo blanco de una agenda de cambio de gobierno, y es por ello qué los nicaragüenses han tomado medidas para frustrar la intervención de Estados Unidos.
La administración Trump se enfocó específicamente en la llamada “Troika de la tiranía”: Cuba, Venezuela y Nicaragua, con sanciones ilegales represivas destinadas a un cambio de régimen. Esa política de dominación estadounidense no comenzó con Trump, ni termina con la nueva administración de Gobierno de EE. UU.
Los imperialistas tienen claro a quién apuntan como su enemigo; algunos elementos de la izquierda tienen menos claro quién es su amigo y si Nicaragua tiene derecho a defenderse. Si los firmantes de la carta abierta creen, como afirman, “en el derecho del pueblo nicaragüense a la autodeterminación… de un pueblo soberano determinando su propio destino”, entonces las elecciones de noviembre de 2021 deben ser protegidas, libres de interferencias de EE. UU., sus aliados internacionales y sus ONG financiadas.
Sobre el autor *Roger Harris está en la junta de la Task Force on the Americas, una organización antiimperialista y de derechos humanos de 32 años de existencia.
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