La CIDF, ariete de la OEA
Por: Miguel Necoechea
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apéndice de la OEA de Luis Almagro, súbdito del poder yanqui, dio a conocer el 28 de octubre de 2021, desde su sede en Washington, D.C., el informe titulado Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua. No me referiré al informe en sí, ya que es una reiteración, como si fuera una caja de resonancia, de lo que ha venido diciendo contra el proceso electoral, legítimo, legal y democrático, la oposición pro yanqui y ultraderechista de Nicaragua. Lo interesante es que el informe la llama la sociedad civil, el eufemismo moderno para referirse a los todos los ciudadanos, sin distinción alguna, ya sea el pueblo llano o las burguesías locales. En este caso hace eco de lo que reclama la burguesía nicaragüense y los grupos opositores al FSLN, el verdadero representante del pueblo llano. Llama la atención que la CIDH se convierte en el sujeto de la oración: “La CIDH dice; la CIDH reclama; la CIDH constata”. Sin embargo ¿Quiénes son los que afirman lo que dice el informe? Deben tener nombre, apellido, nacionalidad, profesión, antecedentes, filiación religiosa o política, género. Deben ser personas. Para salir del cómodo anonimato, es decir, dejar de escudarse detrás de las siglas, sería importante que firmaran con su nombre y apellidos sus informes, así nos sería más fácil entender desde que óptica política advierten lo que dicen “haber constatado”, “visto”, “experimentado”, “analizado”.
Motivados por la incógnita anterior, lo primero que confirmamos es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- es una pieza de la Organización de los Estados Americanos -OEA-, fundada para promover el acatamiento y la defensa de los derechos humanos, además de servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia. Tiene su sede en Washington D. C., Estados Unidos. La Secretaria Ejecutiva es la señora Tania Reneaum Panszi, de nacionalidad mexicana. El área de Operación y Monitoreo de los Derechos Humanos en las Américas (lo subrayo porque así se auto define) lo preside el señor James Cavallaro y está administrada (entiendo que financiada también) por la OEA.
La CIDH se fundó en 1959. Ésta se constituyó en un órgano principal de la Organización de Estados Americanos con la primera reforma de la Carta de la OEA, que se materializó con la adopción del Protocolo de Buenos Aires suscrito en 1967. El Estatuto que rige actualmente el funcionamiento de la Comisión fue aprobado en el Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, en La Paz, Bolivia en 1979.
Es muy importante tener en cuenta lo siguiente: “En cuanto al Secretario General, [de la OEA, actualmente el uruguayo José Almagro] ejerce una influencia en los debates políticos de los países miembros. Ya sabemos que Almagro responde sin pudor alguno al imperialismo norteamericano. Sin embargo, la organización no desempeña ningún papel en la política interna de los Estados Unidos y es en gran medida desconocida en el país, [EE. UU] tanto para las elites políticas como para el público en general”. Tomemos en cuenta lo siguiente: Estados Unidos de América, es país fundador de la OEA en 1948 y miembro activo hasta la fecha. Pero la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, aunque de manera tramposa la hayan apellidado Interamericana, es administrada y financiada por la OEA, no “constata”, vigila”, “observa”, “analiza” nada en lo que a derechos humanos se refiere en Estados Unidos de América. ¿Porqué? ¿Acaso esa nación está exenta? ¿No los viola? ¿Son respetuosos de los derechos humanos? Aún si tomamos la acepción de la defensa de los derechos humanos, vista solamente desde la óptica de las clases explotadoras, el gobierno de Estados Unidos viola los derechos humanos sin piedad ni remordimiento de todos aquellos que no son anglos sajones adinerados, es decir, blancos y “cheles” en ese país. ¿La CIDH ha condenado los asesinatos de los afroamericanos a manos de la policía racista y fascista de Estados Unidos? No. ¿La CIDH ha ido a las cárceles de ese país a constatar si todos: blancos pobres, negros, morenos, asiáticos, musulmanes, presos en ese país, han recibido juicios justos y legales? No. ¿La CIDH ha denunciado que los organismos del gobierno de Estados Unidos, tales como la CIA, USAID, NED, y demás entidades injerencistas, financian la desestabilización democrática, económica, política, social, que conlleva violaciones a los derechos humanos? No. Entonces ¿tiene la CIDH la autoridad ética y moral para juzgar lo que sucede en América Latina? Por supuesto que NO.
La OEA se ha caracterizado por imponer en la región la política que le ha dictado Estados Unidos. La expulsiones de Republica Dominicana, Cuba, Honduras, Venezuela, que se han consensado en el seno del organismo, han sido promovidas y ordenadas desde Washington, D.C. Aún, otorgando a la presidenta y demás funcionarios de la CIDH, el beneficio de la duda ¿acaso pueden actuar ellos de forma autónoma? Es difícil creerlo, ya que es la OEA la que los financia y, ésta depende de Washington, y su Secretario General José Almagro, obedece al gobierno de EE.UU., al cien por ciento. Una vez más otorgando a los funcionarios de la CIDH el beneficio de la duda y pensando que son gente decente, éstos, para conservar su empleo, se ven obligados a encontrar las justificaciones necesarias para paliar sus omisiones, su laxitud, su favoritismo, hacia los gobiernos de las pandillas latinoamericanas y, señaladamente, en lo que se refiere a la política del gobierno de EE. UU., en materia de derechos humanos.
Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos humanos son la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambas, aunque atiborradas de funciones y encargos, son dos burocracias al servicio, reitero, de las clases dominantes de los países de América Latina. Desde la idea de su formación en la década del cincuenta, ha respondido al pensamiento anti-democrático, clasista y racista de las camarillas gobernantes de Latinoamérica. La OEA, desde su constitución, fue establecida por los gobernantes de Estados Unidos y América Latina, como un escudo frente al comunismo ruso. De ahí su aparición al principio de la guerra fría en la segunda mitad de la década de los años cuarenta. Por cierto, su fundación en Bogotá en 1948, fue muy violenta, incluso para inaugúrala fue necesario cambiar de sede, debido al cruento levantamiento popular en la capital colombiana, conocido como el Bogotazo. La CIDH como apéndice de la OEA, ha mamado la misma visión ideológica de su casa matriz. No puede ser de otra manera. “De tal palo, tal astilla”, dice el dicho.
El reciente informe, sesgado, parcial y tendencioso de la CIDH sobre Nicaragua es un ariete para preparar las condiciones políticas para que los países integrantes de la OEA tengan “la justificación inapelable” para declarar las elecciones del 7 de noviembre próximo, ilegales y por lo tanto desconocer el resultado de éstas. Es un hecho y, así lo demuestran las preferencias electorales del pueblo nicaragüense, que el FSLN, con sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia, Daniel Ortega y Rosario Murillo respectivamente, serán los vencedores. No es difícil imaginar que los Estados miembros de la OEA harán hasta lo imposible para no reconocerán el triunfo de los candidatos del FSLN. Las excepciones serán Bolivia, Venezuela y esperemos que Perú y Honduras, después de la reunión del Comandante – Presidente Daniel Ortega y el Presidente hondureño Juan Orlando Hernández en Managua.
¿Cuál será la posición de México y Argentina, países que retiraron desde mayo a sus respectivos embajadores y que a la fecha no han regresado a ocupar sus puestos en Nicaragua? Los gobiernos de ambas naciones se han caracterizado por su política progresista, anti neoliberal, democrática, popular; han proclamado su soberanía e independencia como derechos inalienables. Este momento de definiciones soberanas y anti hegemónicas, es la gran oportunidad de estos dos países para mostrar su vocación latinoamericanista como lo manifestaron en la reciente reunión de la CELAC en la capital mexicana.
