“Las sanciones podrán empobrecer a los Nicaragüenses, pero seguramente no cambiaran su voto”
John Perry
La administración de Biden busca sanciones contra Nicaragua, un enfoque que históricamente ha tenido resultados mixtos.
Cuando el huracán ETA inundó la costa noreste de Nicaragua en noviembre de 2020, organizaciones estadounidenses como el FMI y el Banco Mundial retrasaron el envío de fondos de ayuda. (D. Membreño, UE, Flickr)
En 1985, cuando el presidente Reagan declaró a Nicaragua “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, sus palabras fueron seguidas por un bloqueo comercial, la prohibición de vuelos comerciales y, lo más grave de todo, el financiamiento. de la guerra de la “Contra”, que provocó 30.000 muertos. Cuando, 33 años después, Donald Trump hizo la misma declaración, su efecto fue mucho más limitado. Sin embargo, es de suponer que ninguno de los presidentes vio lo absurdo de designar a un país como una “amenaza extraordinaria” que solo tiene seis millones de habitantes, es uno de los más pobres del hemisferio y tiene un presupuesto militar minúsculo. Tampoco, aparentemente, el presidente Joe Biden, quien ha renovado la declaración y se ha sumado a las sanciones.
Las sanciones, llamadas “medidas coercitivas unilaterales” por las Naciones Unidas, son ilegales en el derecho internacional, pero Estados Unidos las aplica contra 39 países. La administración Reagan los usó contra Nicaragua en la década de 1980 en su forma más drástica, incluso minando los puertos del país, por lo que Nicaragua tomó acciones exitosas contra Estados Unidos en la Corte Penal Internacional.
Cuando los sandinistas perdieron el poder en 1990, cesaron las sanciones. Pero luego Daniel Ortega ganó la reelección en 2006 y nuevamente en 2011, por lo que sus oponentes comenzaron a presionar a Estados Unidos para que las reimpusieran. Para dar uno de los muchos ejemplos, Ana Margarita Vijil, entonces líder del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) —un partido que se separó de los sandinistas en 1995 y luego se alineó con partidos de derecha— se reunió con la diputada Ileana Ros-Lehtinen (R – FL) varias veces a partir de 2015 para impulsar sanciones. En 2016, Ros-Lehtinen introdujo la Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua, conocida como la Ley NICA, en respuesta al presunto fraude en el proceso electoral de 2016 y el fin de los límites del mandato presidencial, lo que le había permitido a Ortega buscar la reelección. Fue elegido para un tercer mandato consecutivo en noviembre de 2016 con el 72 por ciento de los votos mientras el Congreso aún estaba considerando la ley.
La legislación cayó en el Senado, pero fue reintroducida en 2017 por el senador Ted Cruz (R-Texas), quien argumentó que “Nicaragua y todas las personas amantes de la libertad en Centroamérica dependen del liderazgo de Estados Unidos”. Fue aprobada en diciembre de 2018 como Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua. Para entonces, un violento intento de derrocar al gobierno nicaragüense entre abril y julio de 2018 había fracasado, lo que incitó a los defensores de la ley. La legislación permitió sanciones selectivas contra los funcionarios nicaragüenses y exigió a los funcionarios estadounidenses que se opusieran a los préstamos a Nicaragua de instituciones financieras internacionales (IFI), excluyendo aquellos para abordar “necesidades humanas” o “promover la democracia”. Las sanciones se aplican hasta que se “certifique” que Nicaragua cumple con varios requisitos, incluido el de tener elecciones “libres y justas”.
Los objetivos de la Ley NICA pudieron haber sido los ministros del gobierno, pero sus víctimas fueron las comunidades más pobres de Nicaragua. El Banco Mundial, después de elogiar el uso de fondos internacionales por parte de Nicaragua para aliviar la pobreza y haber financiado más de 100 proyectos exitosos desde que los sandinistas tomaron el poder por primera vez en 1979, de repente detuvo el financiamiento en marzo de 2018. No reanudó el trabajo durante casi tres años, hasta fines de 2020, cuando el banco ayudó tardíamente a responder a la pandemia Covid-19 y dos huracanes devastadores. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional también dejaron de financiar grandes proyectos y su ayuda en respuesta a la pandemia y los huracanes también se retrasó. No es sorprendente que las encuestas de opinión muestren que más de las tres cuartas partes de los nicaragüenses se oponen a estas sanciones, e incluso la Organización de los Estados Americanos describió la Ley NICA como “contraproducente”.
¿Duplicar una estrategia de sanciones fallida?
Si se endurecieran las sanciones contra Nicaragua, como exigen algunos políticos de la oposición de Estados Unidos y de Nicaragua, los efectos podrían ser enormes. Las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos son mayores que las de cualquier otro país centroamericano, mientras que las remesas personales y el turismo estadounidense son fuentes vitales de ingresos. Todos podrían verse afectados si Estados Unidos impone un bloqueo al estilo de Cuba o obliga a Nicaragua a salir de los acuerdos comerciales regionales. Nicaragua tendría un grado de protección del que Cuba no dispone: es autosuficiente en alimentos básicos y sus vínculos comerciales intrarregionales son fuertes. No obstante, los ingresos familiares y el importante sector de las pequeñas empresas de Nicaragua se verían gravemente afectados. La campaña de corta duración en Estados Unidos para boicotear la carne vacuna nicaragüense, que puso en riesgo los puestos de trabajo de unos 600.000 trabajadores, dio un anticipo de lo que podría suceder.
Como en el caso de Cuba, la presidencia de Biden trae señales de advertencia de que las sanciones serán más estrictas, no reducidas.
El hecho de que los políticos antisandinistas de Nicaragua sigan exigiendo sanciones más duras fue una de las justificaciones que dio el gobierno para las recientes detenciones de opositores al gobierno, un tema que merece un examen por separado. Los llamados a una acción más enérgica pueden tener éxito con la Ley RENACER, abreviatura de “Reforzar la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral”, aprobada recientemente por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Si se aprueba, esta legislación monitorearía a las IFI de manera aún más estricta, ampliaría los objetivos de las sanciones personales a decenas de miles de miembros ordinarios del partido sandinista, requeriría una colaboración más estrecha con los socios estadounidenses para implementar la ley y agregaría a Nicaragua a la lista de países considerados “corrupto.” Otro proyecto de ley, presentado el 17 de junio, requeriría que la administración revisara el cumplimiento de Nicaragua con los tratados de libre comercio.
Si el Congreso de los Estados Unidos aprueba RENACER, ¿tendrá el efecto deseado?
Los nicaragüenses acudirán a las urnas el 7 de noviembre. En mayo, se actualizó la ley electoral para incluir reformas como la paridad de género entre los funcionarios electorales y la auditoría digital y la trazabilidad de los recuentos de votos. El 24 y 25 de julio, 2.8 millones de votantes asistieron a 3.106 centros de votación para verificar que estuvieran registrados. La última encuesta de opinión (3 de julio) muestra que el 95 por ciento tendrá las cédulas de identidad requeridas, el 73 por ciento tiene la intención de votar, el 58 por ciento dice que votará para reelegir al gobierno de Ortega, mientras que el 23 por ciento votará en contra. Seis partidos de oposición están eligiendo a sus candidatos, incluidos los partidos “tradicionales” y los nuevos formados después del levantamiento de 2018. Es difícil ver alguna circunstancia en la que las elecciones no se lleven a cabo. Es muy probable que, dados los avances económicos y sociales de los últimos 14 años, ganen los sandinistas.
La experiencia pasada sugiere que el gobierno de EE. UU. se negará a reconocer tal resultado. Sin embargo, imponer sanciones adicionales no es sencillo. Se llevarán a cabo elecciones paralelas el 28 de noviembre en la vecina Honduras, donde se produjo un fraude generalizado en la votación presidencial de 2017; el proceso electoral está desorganizado y unas 400.000 personas pueden quedarse sin voto. Honduras es un narcoestado, mientras que Nicaragua tiene más éxito que sus vecinos en la lucha contra el narcotráfico.
¿Aceptará Estados Unidos un resultado dudoso en Honduras mientras denuncia uno más claro en Nicaragua? ¿Tomará medidas contra Nicaragua que lo impulsen hacia relaciones más estrechas con Rusia y quizás incluso con China? ¿Qué hará si Nicaragua, actualmente uno de los países más seguros de América Latina, pierde su seguridad tradicional porque la economía colapsa y los nicaragüenses más pobres viajan al norte en busca de trabajo, como lo hacen desde Honduras, Guatemala y El Salvador? ¿Cuál sería la respuesta si la acción de Estados Unidos provocara una crisis humanitaria?
Claramente, las sanciones no son de interés para Nicaragua, pero puede que tampoco sean de interés para Estados Unidos.
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John Perry reside en Nicaragua y escribe sobre Centroamérica para The Nation, The London Review of Books, openDemocracy, The Council on Hemispheric Affairs, Counterunch y otros medios
