Medidas Coercitivas Unilaterales y Derechos Humanos
Por Alfred de Zayas
Alfred de Zayas es profesor de Derecho en la Escuela de Diplomacia de Ginebra y se desempeñó como Experto Independiente de la ONU sobre Orden Internacional entre 2012 y 2018. Es autor de doce libros.
Como cuestión de terminología adecuada, es mejor no utilizar el término “sanciones” de manera demasiado vaga, porque el término es crítico e implica que la entidad que las impone tiene la autoridad legal o moral para hacerlo. Este es el caso, por ejemplo, cuando las Naciones Unidas imponen determinadas medidas coercitivas en virtud del Artículo 41 de la Carta. Por el contrario, lo que los políticos y los medios de comunicación denominan habitualmente sanciones son en realidad “medidas coercitivas unilaterales” (MCU) impuestas por un país en función de su propia agenda geopolítica y que carecen de legitimidad internacional.
Estas medidas, en realidad constituyen el “uso de la fuerza” en el sentido del Art. 2(4) de la Carta de Naciones Unidas, y su finalidad también es ilegítima ya que implica injerencia ilícita en los asuntos internos de otros Estados. Durante décadas, la Asamblea General, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, más recientemente, el Consejo de Derechos Humanos han rechazado las MCU por considerarlas contrarias a la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional Consuetudinario y los principios de libertad de comercio y navegación. Más de dos tercios de la comunidad internacional los rechazan.
Las “sanciones” que Estados Unidos impone actualmente a una treintena de países no pueden calificarse de “retorsión” o “contramedidas” según los Artículos 49/50 del Código sobre Responsabilidad de los Estados adoptado por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU en 2001.Las medidas coercitivas unilaterales constituyen un “castigo colectivo” contra personas inocentes y contravienen los fundamentos mismos del Estado de Derecho, la presunción de inocencia y el principio de responsabilidad individual.
El impacto de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales es predecible, demostrable y medible. Las MCU dislocan las economías de los países afectados, impactando negativamente en el nivel de vida de poblaciones enteras, restringiendo su acceso a alimentos, agua y saneamiento, medicinas, servicios de salud, vivienda, educación, empleo, dificultando también la implementación de las ilusorias Metas del Desarrollo Sostenible.
Teniendo en cuenta que los derechos humanos están interrelacionados y son interdependientes, es inevitable que las violaciones de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) también generen violaciones de los derechos civiles y políticos enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Derechos Políticos (PIDCP). Las MCU también violan directamente los derechos civiles establecidos en la legislación nacional y muchos otros acuerdos internacionales, y plantean interrogantes en virtud de las siguientes disposiciones del PIDCP:
Art. 1 – El derecho individual y colectivo a la autodeterminación de los pueblos, el derecho sobre sus riquezas y recursos naturales, el derecho a la propiedad, el derecho a no ser privados de sus medios de subsistencia.
Art. 2 – El derecho a un recurso.
Art. 3 – Derechos de las mujeres, ya que las mujeres sufren desproporcionadamente las consecuencias de los trastornos causados por las MCU
Art. 6 – El derecho a la vida. Es evidente que las MCU matan.
Art. 7 – El derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles e inhumanas.
Art. 12 – Libertad de movimiento.
Art. 14 – Debido proceso legal, prohibición del castigo colectivo, presunción de inocencia.
Art. 17 – Honor y reputación de las personas cuyos nombres aparecen en las listas de sanciones.
Arte. 20 – La prohibición de la propaganda de guerra y la incitación al odio. Las MCU van habitualmente acompañadas de noticias falsas, historias falsas, estereotipos negativos, discursos de odio contra China, Cuba, Nicaragua, Siria, Rusia, Venezuela, etc. La campaña mediática de rusofobia y sinofobia ha sido crucial en el intento de hacer que las MCU sean aceptables en una sociedad democrática.
Art. 22 – Libertad de asociación. Con frecuencia, las personas y los grupos sufren difamación y pérdidas financieras simplemente por su asociación con personas o países objeto de las MCU. Incluso los regímenes de sanciones de la ONU pueden afectar negativamente el derecho a la libertad de asociación.
Art. 24 – Derechos del niño. Las MCU son un factor en el aumento de la mortalidad infantil y en la violación del derecho a la salud y a la integridad física de la niñez.
Art. 26 – La prohibición de la discriminación, en particular cuando los activos son congelados o confiscados de manera discriminatoria o arbitraria.
No se puede subestimar la gravedad del impacto de las medidas coercitivas unilaterales, pero la violación más grave de los derechos humanos de individuos y grupos es la violación del derecho a la vida. En países como Cuba, Irán, Nicaragua, Sudán, Siria y Venezuela, las MCU matan personas al hacer que sea casi imposible para los gobiernos afectados obtener suficientes alimentos, medicinas y repuestos para equipos médicos necesarios para prevenir muertes. Las MCU han provocado desesperación y los consiguientes suicidios, desencadenando flujos migratorios incontrolables, a veces acompañados de tragedias en los mares.
Las medidas coercitivas unilaterales implican una rebelión contra los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho y el orden internacional. Lo más importante es que finalmente se entienda que las MCU no son herramientas inocentes de “poder blando”. Las MCU matan tanto como las balas en la guerra. El nivel de muertes causadas por MCU en unos 30 países durante las últimas décadas es suficiente para plantear fuertes cuestionamientos en virtud de la Convención sobre Genocidio de 1948, que estipula, entre otras cosas:
“…genocidio significa cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, tales como:
- a) Matar a miembros del grupo;
- b) Causar daños corporales o mentales graves a los miembros del grupo;
- c) Infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción física total o parcial…”
Además del ataque al derecho a la vida, las MCU afectan gravemente el derecho a la propiedad, que está protegido en la legislación interna de la mayoría de los países. Curiosamente, el derecho a la propiedad no está específicamente protegido en el PIDCP, pero el Artículo 26 del PIDCP sería violado si la propiedad fuera confiscada o congelada de manera discriminatoria. El derecho a la propiedad está protegido en el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y en la legislación interna de la mayoría de los países. La legislación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) prevé la protección de la propiedad privada y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio prohíbe las restricciones a las importaciones y exportaciones, así como la congelación de activos y la restricción de transferencias y pagos internacionales.
Otra consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales es su impacto como “factor de empuje” que genera movimientos migratorios incontrolables. En este contexto, es pertinente hacer una distinción entre los regímenes jurídicos que protegen los derechos de los refugiados y los migrantes. Como aprendí durante mi misión a Venezuela en 2017 como Experto Independiente de la ONU sobre Orden Internacional, la gran mayoría de las personas que se han visto obligadas a abandonar Venezuela desde 2015 no lo hicieron debido a persecución política, sino a la crisis económica provocada por MCU: las empresas quebraron, la gente perdió sus empleos y no podían alimentar a sus familias.
En un sentido más general, las MCU constituyen un ataque a la democracia misma, teniendo en cuenta que apuntan deliberadamente a imponer el sistema económico de un país sobre otro, violando así el derecho de la nación afectada a elegir su propia forma de gobierno. Las presiones de las MCU son incompatibles con el párrafo 135 de la Resolución 60/1 de la Asamblea General, que estipula:
“Reafirmamos que la democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y culturales y su plena participación en todos los aspectos de sus vidas. También reafirmamos que, si bien las democracias comparten características comunes, no existe un modelo único de democracia, no pertenece a ningún país o región, y reafirmamos la necesidad del debido respeto a la soberanía y el derecho a la autodeterminación. Destacamos que la democracia, el desarrollo y el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente”.
Finalidades y eficacia de las MCU
Los pronunciamientos de muchos funcionarios del gobierno estadounidense desde los días del presidente J.F. Kennedy documentan la verdadera intención de la legislación coercitiva y los bloqueos financieros estadounidenses. Una buena explicación del propósito de las MCU con respecto al embargo contra Cuba se encuentra en la declaración del subsecretario de Estado adjunto de los Estados Unidos para América Latina, Lester Mallory, en 1960. Dijo:
“La mayoría de los cubanos apoyan a Castro… El único medio previsible de alienar el apoyo interno es a través del desencanto y el descontento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas… Deben adoptarse rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba… Una línea de acción implementada hábil y discretamente como sea posible hace grandes avances al negar dinero y suministros a Cuba, disminuir los salarios monetarios y reales, provocar hambre, desesperación y derrocar al gobierno”.
En otras palabras, el propósito de las medidas coercitivas unilaterales es causar sufrimiento con la esperanza de que el caos conduzca a la violencia y al “cambio de régimen”. Sin embargo, en más de sesenta años, las MCU y los bloqueos financieros contra Cuba no lograron inducir a la población cubana a derrocar a su gobierno. Lo mismo se aplica a Nicaragua, donde las medidas coercitivas estadounidenses desde los años 1980 no lograron desalojar a los sandinistas. Lo mismo ocurre en Venezuela, donde la guerra económica desde la elección de Hugo Chávez en 1998 y los intentos de golpe de estado en 2002 y 2019 han fracasado.
En los últimos años, se ha inventado una narrativa menos ofensiva para tratar de hacer que la esencia geopolítica de las medidas coercitivas unilaterales parezcan razonables y aceptables. Según esta nueva y amañada versión, las MCU tienen como objetivo promover los “derechos humanos” y “persuadir” a los gobiernos afectados para que cambien sus políticas económicas, acercándolas a los dictados del “líder” mundial en derechos humanos, es decir, Estados Unidos. Para que las MCU parezcan más “aceptables” para el electorado democrático, se despliega propaganda para satanizar a los gobiernos afectados, denigrando a sus líderes como “autoritarios” y “corruptos”, quienes supuestamente son culpables de graves violaciones de los derechos humanos y los Principios de la Democracia.
Las MCU se presentan como una forma de presión benigna destinada a poner fin a presuntas violaciones de derechos humanos. En realidad, hay pocas novedades en esta táctica. Ya Tácito, en el siglo I AD, señaló que es parte de la naturaleza humana intentar culpar a las víctimas de nuestras acciones. La propaganda gubernamental y las cámaras de resonancia de los principales medios de comunicación son suficientes para anestesiar al electorado de los “países democráticos” para que “acepten” la legitimidad moral de las MCU. Este tipo de satanización de gobiernos extranjeros incluye acusaciones falsas de ser “patrocinadores del terrorismo” y por tanto, constituyen una amenaza a la “seguridad nacional” del país que impone las MCU. A esto se suma una guerra mediática híbrida que incita al odio y viola claramente el Artículo 20 del PIDCP.
Restricciones de derechos humanos por parte del Estado afectado en respuesta a las MCU
Como se mostró anteriormente, el propósito de las MCU es causar caos, una emergencia nacional, una situación volátil con consecuencias impredecibles. Al mismo tiempo, el discurso político sigue invocando los derechos humanos y los principios humanitarios como su verdadero propósito. Sin embargo, no hay evidencia empírica alguna que demuestre que los países sometidos a las MCU hayan mejorado su historial de derechos humanos.
La experiencia demuestra que cuando un país está en guerra –cualquier tipo de guerra– suele suspender algunos derechos civiles y políticos. De manera similar, cuando un país está soportando una guerra híbrida no convencional y está sujeto a MCU y bloqueos financieros, el resultado no es una expansión de los derechos humanos, sino exactamente lo contrario. Cuando las MCU desencadenan crisis económicas y sociales, los gobiernos imponen rutinariamente medidas extraordinarias y las justifican por la “emergencia nacional”. En consecuencia, como en situaciones de guerra clásica, cuando un país está sujeto a un asedio, cierra filas en un intento de restablecer la estabilidad mediante la restricción temporal de ciertos derechos civiles y políticos.
El artículo 4 del PIDCP prevé la posibilidad de que los gobiernos puedan imponer ciertas restricciones temporales, por ejemplo, la excepción al Art. 9 (detención), Art14 (procedimiento judicial justo), Art. 19 (libertad de expresión), Art. 21 (libertad de reunión pacífica), Art. 25 (elecciones periódicas). Si bien tales suspensiones son indeseables y deberían ser lo más breve posible, la prioridad de todo Estado es la supervivencia, la defensa de su soberanía e identidad. El derecho internacional reconoce que los gobiernos tienen un cierto margen de discreción para determinar las amenazas existenciales que plantean los peligros internos o externos, ya sean MCU, actividades paramilitares, propaganda subversiva o sabotaje.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el Articulo 4 estipula: “En tiempos de emergencia pública que amenacen la vida de la nación y cuya existencia se proclame oficialmente, los Estados Parte en el presente Pacto podrán tomar medidas que suspendan sus obligaciones en virtud del presente Pacto en la medida estrictamente necesaria por las exigencias de la situación, siempre que tales medidas no sean incompatibles con sus demás obligaciones en virtud del derecho internacional y no impliquen discriminación únicamente por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social”.
Los académicos han documentado cómo las presiones externas para desestabilizar a los gobiernos objeto de tales medidas, han resultado en la adopción de legislación de emergencia. Este es el caso en Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde se ha restringido el disfrute de ciertos derechos civiles en nombre de la seguridad nacional. En consecuencia, se puede demostrar que, lejos de facilitar la mejora de la situación de los derechos humanos en un país afectado, las MCU a menudo resultan en la promulgación o el fortalecimiento de legislación interna restrictiva que apunta a mantener la estabilidad y salvaguardar intereses vitales. En tales casos, las MCU resultan ser contraproducentes.
Si la comunidad internacional quiere ayudar a un país a mejorar su desempeño en materia de derechos humanos, debe esforzarse por eliminar las amenazas que hacen que los gobiernos se cierren en lugar de abrirse. Precisamente porque las MCU agravan la situación económica y social de un país y alteran el funcionamiento adecuado de las instituciones estatales, en la práctica debilitan el Estado de Derecho y conducen a un retroceso en términos de derechos humanos.
A la luz de las continuas amenazas de algunos políticos contra los países objeto de las MCU, parecería que se aplica un viejo adagio francés:
— la bête est très méchante, lorsqu’on l’attaque, elle se défend.
La bestia es muy desagradable: cuando la atacas, se defiende.
Otro efecto colateral de las MCU es que los gobiernos afectados frecuentemente utilizan sus propios medios propagandísticos para provocar un efecto de “movilización en torno a la bandera”, enfatizando la identidad nacional y la “soberanía bajo asedio”. Los líderes norcoreanos e iraníes han logrado apelar a los sentimientos nacionalistas entre sus poblaciones en un intento de hacerles aceptar la resistencia del gobierno a las sanciones. Durante mi misión de la ONU a Venezuela en noviembre/diciembre de 2017, descubrí que el estado de ánimo en la población, las universidades y las iglesias era de sentirse bajo “asedio” por parte de Estados Unidos, y la mayoría de los que entrevisté, incluidas docenas de personas activas en la gran comunidad de ONG culparon a Estados Unidos por su miseria y no al gobierno de Maduro.
La conclusión es que la “democracia” no puede exportarse e imponerse por la fuerza, que los derechos humanos no son el resultado de una aplicación vertical y de arriba hacia abajo, sino que requiere el reconocimiento horizontal de la dignidad de cada ser humano. El ejercicio de los derechos humanos depende de la paz, la educación, el respeto mutuo y la solidaridad.
En mis propios informes a la Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos, he propuesto que la Asamblea General adopte una resolución en virtud del Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas remitiendo las cuestiones jurídicas relativas a las medidas coercitivas unilaterales a la Corte Internacional de Justicia, solicitando una Opinión Consultiva sobre las consecuencias de la continua imposición y aplicación de las MCU. La CIJ también debería calcular el nivel de compensación que se debe pagar a las víctimas de estos ilícitos actos internacionales.
As a matter of proper terminology, it is best not to use the term “sanctions” too loosely, because the term is judgmental and implies that the entity imposing them has the legal or moral authority to do so. This is the case, for example, when the United Nations imposes certain coercive measures under article 41 of the Charter. By contrast, what politicians and media routinely denominate sanctions are actually “unilateral coercive measures” (UCMs) imposed by a country in pursuance of its geopolitical agenda and lacking any international legitimacy. Such measures actually constitute the “use of force” within the meaning of Art. 2(4) of the UN Charter, and their purpose is also illegitimate since they entail the unlawful interference in the internal affairs of other States. For decades the General Assembly, the UN Commission on Human Rights and more recently the Human Rights Council have rejected UCMs as contrary to the UN Charter, customary international law, and the principles of freedom of trade and navigation. More than two thirds of the international community reject them.
The “sanctions” currently being imposed by the United States on some thirty countries do not qualify as “retorsion” or “countermeasures” under articles 49/50 of the Code on Responsibility of States adopted by the UN International Law Commission in 2001. Unilateral coercive measures constitute “collective punishment” against innocent persons and contravene the very foundations of the rule of law, the presumption of innocence and the principle of individual responsibility.
The impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of economic, social and cultural rights is predictable, demonstrable and measurable. UCMs dislocate the economies of the targeted countries, adversely affecting the standard of living of entire populations, restricting their access to food, water and sanitation, medicines, health services, shelter, education, employment, etc. and making the implementation of the Sustainable Development Goals illusory.
Bearing in mind that human rights are interrelated and interdependent, it is inevitable that violations of the provisions of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) will also engender violations of the civil and political rights enunciated in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). UCMs also directly violate civil rights laid down in domestic legislation and numerous other international agreements, and raise issues under the following provisions of the ICCPR:
Art. 1 – The individual and collective right of self-determination of peoples, the right over their natural wealth and resources, the right to property, the right not to be deprived of means of subsistence.
Art. 2 – The right to a remedy
Art. 3 – Women’s rights, since women disproportionately bear the consequences of the dislocations caused by UCMs.
Art. 6 – The right to life. UCMs demonstrably kill.
Art. 7 – The right not to be subjected to cruel and inhuman treatment or punishment.
Art. 12 – Freedom of movement
Art. 14 – Due process of law, the prohibition of collective punishment, the presumption of innocence
Art. 17 – Honor and reputation of persons whose names appear on sanctions lists.
Art. 20 – The prohibition of war propaganda and incitement to hatred. UCMs are routinely accompanied by fake news, fake history, negative stereotypes, hate speech against China, Cuba, Nicaragua, Syria, Russia, Venezuela, etc. The media campaign of Russophobia and Sinophobia have been crucial in the attempt to render UCMs palatable to a democratic society.
Art. 22 – Freedom of association. Individuals and groups are frequently made to suffer defamation and financial loss just because of their association with persons or countries subjected to UCMs. Even UN sanctions regimes can adversely affect the right of freedom of association.
Art. 24 – Rights of the child. UCMs are a factor in the rise of infant mortality and in the violation of the right to health and physical integrity of children.
Art. 26 – The prohibition of discrimination, in particular when assets are frozen or confiscated in a discriminatory or arbitrary fashion.
The gravity of the impact of unilateral coercive measures cannot be overstated, but the gravest violation of the human rights of individuals and groups is the violation of the right to life. In countries like Cuba, Iran, Nicaragua, Sudan, Syria, and Venezuela, UCMs kill people by making it nearly impossible for the targeted governments to obtain sufficient food, medicines, and replacement parts for medical equipment necessary to prevent deaths. UCMs have caused desperation and consequent suicides, triggering uncontrolled migration flows, sometimes accompanied by tragedy in the seas.
Unilateral coercive measures entail a revolt against fundamental principles of the UN Charter, international law, and international order. Most importantly, it must be finally understood that UCMs are not innocent tools of “soft power”. UCMs kill, just as much as bullets in war. The level of deaths caused by UCMs in some 30 countries over the past decades are sufficient to raise issues under the 1948 Genocide Convention, which stipulates inter alia.
“…genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial, or religious group, as such:
(a) Killing members of the group.
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group.
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part …”
Besides the assault on the right to life, UCMs seriously affect the right to property, which is protected in the domestic legislation of most countries. Interestingly enough, the right to property is not specifically protected in the ICCPR, but article 26 ICCPR would be violated if the property were confiscated or frozen in a discriminatory fashion. The right to property is protected ratione materiae in the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, and in the domestic legislation of most countries. WTO law provides for the protection of private property, the General Agreement on Tariffs and Trade prohibits restrictions of imports and exports, as well as the freezing of assets and the restriction of international transfers and payments.
Another consequence of unilateral coercive measures is their impact as a “push factor” generating uncontrolled migration movements. In this context it is pertinent to make a distinction between the legal regimes protecting the rights of refugees and migrants. As I learned during my 2017 mission to Venezuela as UN Independent Expert on International Order, the vast majority of the persons who have been constrained to leave Venezuela since 2015 did not do so because of political persecution, but because of the economic crisis brought about by UCMs, because enterprises went bankrupt, people lost their jobs and could not feed their families.
In a more general sense, UCM’s constitute an attack on democracy itself, bearing in mind that UCMs deliberately aim at imposing one country’s economic system on another, thereby violating the right of the targeted nation to choose its own form of government. UCM pressures are incompatible with paragraph 135 of General Assembly Resolution 60/1, which stipulates:
“We reaffirm that democracy is a universal value based on the freely expressed will of people to determine their own political, economic, social, and cultural systems and their full participation in all aspects of their lives. We also reaffirm that while democracies share common features, there is no single model of democracy, that it does not belong to any country or region and reaffirm the necessity of due respect for sovereignty and the right of self-determination. We stress that democracy, development and respect for all human rights and fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing.”
Purposes and effectiveness of UCMs
Pronouncements by many US government officials since the days of President J.F. Kennedy document the real intent of US coercive legislation and financial blockades. A good explanation of the purpose of UCMs with regard to the Cuban embargo is contained in the statement of the US Deputy Assistant Secretary of State for Latin America Lester Mallory in 1960. He stated:
“The majority of Cubans support Castro … The only foreseeable means of alienating internal support is through disenchantment and disaffection based on economic dissatisfaction and hardship … Every possible means should be undertaken promptly to weaken the economic life of Cuba … A line of action which, while as adroit and inconspicuous as possible, makes the greatest inroads in denying money and supplies to Cuba, to decrease monetary and real wages, to bring about hunger, desperation, and overthrow of Government.”
In other words, the purpose of unilateral coercive measures is to cause suffering in the hope that chaos will lead to violence and “regime change”. Yet, in more than sixty years, the UCMs and financial blockades against Cuba did not succeed in inducing the Cuban population to overthrow their government. The same applies to Nicaragua, where US coercive measures since the 1980s failed to dislodge the Sandinistas. Ditto in Venezuela, where the economic war since the election of Hugo Chavez in 1998 and the attempted coups in 2002 and 2019 have failed.
Over the past years, a less offensive narrative has been concocted to try to make the geopolitical nature of unilateral coercive measures appear reasonable and acceptable. According to the new apologetics, UCMs are intended to advance “human rights” and “persuade” the targeted governments to change their economic policies and make them more in line with those of the world leader in human rights, namely the United States. In order to make UCMs appear more “palatable” to a democratic electorate, propaganda is deployed to demonize the targeted governments, placing the blame on their “authoritarian” and “corrupt” leaders, who are allegedly guilty of gross violations of human rights and democratic principles.
UCMs are presented as a form of benign pressure aimed at bringing an end to alleged human rights violations. Actually, there is little new in this tactic. Already Tacitus in the first century AD noted that it is human nature to try to blame the victims of our actions. Government propaganda and the echo chambers of the mainstream media are enough to anaesthetize the electorate of democratic countries so that they “accept” the moral legitimacy of UCMs. This kind of demonization of foreign governments includes false accusations of being “sponsors of terrorism” and therefore constitute a threat to the “national security” of the country imposing the UCMs. This is compounded by a hybrid media war that incites hatred and clearly violates article 20 of the ICCPR.
Human rights restrictions by the targeted State in response to UCMs
As shown above, the purpose of UCMs is to cause chaos, a national emergency, a volatile situation with unpredictable consequences. At the same time, the political narrative continues to invoke human rights and humanitarian principles as their true purpose. However, there is no empirical evidence whatever to prove that countries subjected to UCM have improved their human rights records.
Experience shows that when a country is at war – any kind of war — it usually derogates from some civil and political rights. Similarly, when a country is enduring non-conventional hybrid warfare and is subjected to UCMs and financial blockades, the result is not an expansion of human rights, but exactly the opposite. When UCMs trigger economic and social crises, governments routinely impose extraordinary measures and justify them because of the “national emergency”. Accordingly, as in classical war situations, when a country is subject to siege, it closes ranks in an attempt to reestablish stability through the temporary restriction of certain civil and political rights.
Article 4 ICCPR envisages the possibility that governments may impose certain temporary restrictions, e.g. the derogation from Art. 9 (detention), Art. 14 (fair trial proceedings), Art. 19 (freedom of expression), Art. 21 (freedom of peaceful assembly), Art. 25 (periodic elections). While such derogations are undesirable and should be as brief as possible, every state’s priority is survival, the defense of its sovereignty and identity. International law recognizes that governments have a certain margin of discretion in determining the existential threats posed by internal or external danger, whether by UCMs, paramilitary activities, subversive propaganda, or sabotage.
Article 4 ICCPR stipulates: “In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, color, sex, language, religion or social origin.”
Scholars have documented how external pressures to destabilize targeted governments have resulted in the adoption of emergency legislation in response. This has been the case in Cuba, Nicaragua, and Venezuela, where the enjoyment of certain civil rights has been restricted in the name of national security. Accordingly, it can be demonstrated that far from facilitating the improvement of the human rights situation in a targeted country, UCMs often result in the enactment or strengthening of restrictive domestic legislation that aim at maintaining stability and safeguarding vital interests. In such cases UCMs reveal themselves as counter productive.
If the international community wants to help a country improve its human rights performance, it should endeavor to eliminate the threats that make governments retrench instead of opening up. Precisely because UCMs aggravate a country’s economic and social situation and disrupt the proper functioning of state institutions, they actually weaken the rule of law and lead to retrogression in human rights terms.
In the light of the continuing threats by some politicians against countries subjected to UCMs, it would seem that an old French adage applies:
— la bête est très méchante, lorsqu’on l’attaque, elle se défend.
The beast is very nasty — when you attack it, it defends itself.
Another collateral effect of UCMs is that targeted governments frequently use their own propaganda means to bring about a “rallying around the flag” effect, emphasizing national identity and “embattled sovereignty”. North Korean and Iranian leaders have succeeded in appealing to nationalistic feelings among their populations in an attempt to make them accept the government’s resilience to sanctions. During my UN mission to Venezuela in November/December 2017, I discovered that the mood in the population, universities and churches was one of being under “siege” by the US, and a majority of those whom I interviewed, including dozens of persons active in the large NGO community, blamed the US for their misery and not the Maduro government.
The bottom line is that “democracy” cannot be exported and imposed by force, that human rights are not the result of a vertical, top-down enforcement but rather require a horizontal recognition of the dignity of every human being. The exercise of human rights depends on peace, education, mutual respect, and solidarity.
In my own reports to the General Assembly and Human Rights Council, I have proposed that the General Assembly adopt a resolution under article 96 of the UN Charter referring the legal questions around unilateral coercive measures to the International Court of Justice, requesting an advisory opinion on the consequences of the continued imposition and enforcement of UCMs. The ICJ should also estimate the level of compensation due to the victims of these international wrongful acts.
