Nación, nacionalidad, educación y bien común
Francisco Javier Bautista Lara
En memoria de: Casimiro Sotelo (Managua, 1944 – 1967)
Líder estudiantil revolucionario y estudiante ejemplar.
Instrúyanse, porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia.
Agítense, porque tendremos necesidad de todo vuestro entusiasmo.
Organícense porque tendremos necesidad de toda vuestra fuerza.
Antonio Gramsci (Italia, 1891 – 1937)
No es casual que una de las primeras grandes tareas emprendidas por el Estado de Nicaragua después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista fuera la Campaña Nacional de Alfabetización (marzo – agosto de 1980). Implicó una amplia movilización que tuvo reconocimiento internacional por abordar con prontitud, pertinencia y compromiso, uno de los problemas más visibles heredados de la marginalidad por la sumisión de las clases populares a los grupos de poder oligarcas en el contexto dictatorial y neocolonial: el analfabetismo.
La frase de Carlos Fonseca a Germán Pomares –héroes nacionales-: “y también enséñenles a leer”, marca la prioridad de la educación en el proceso de transformaciones iniciado en 1979. Fue condición para avanzar en superar la desigualdad y promover solidaridad. A partir del histórico triunfo se modificó de manera irreversible el sentido de “bien común” como propósito único y fundamental del Estado.
De la anacrónica institucionalidad estatal dictatorial (1933 – 1979) al servicio de élites dominantes y subordinada a decisiones e intereses externos cuyo origen, como demuestra la historia, fue impuesta por la prolongada y vergonzosa intervención militar norteamericana (agosto 1912 – enero 1933), se pasaba a la nueva institucionalidad que avanzaba en romper dependencias estructurales y culturales del pasado y comenzaba a asumir, sobreponiéndose a las amenazas, adversidades y agresiones, como un proceso humano imperfecto forjado en la lucha, el sacrificio y la buena voluntad, con connotaciones jurídicas, políticas, históricas, económicas, sociales y éticas, la nueva dimensión del bien común.
Es primario, desde la definición de las ciencias políticas y la vigencia temporal y espacial de la Nicaragua contemporánea, la preservación de la NACIÓN y la NACIONALIDAD. Nación es territorio, población y capacidad de defenderla y preservarla, lo que conlleva a la institucionalidad que la articule, protege y desarrolle con los instrumentos lícitos disponibles. Nacionalidad es vínculo entre nación y población, es cultura e identidad en la multiculturalidad y diversidad; es coincidencia territorial y de intereses que preserva particularidades identitarias de cada comunidad según sus características socio culturales.
Los cimientos para el bien común: nación y nacionalidad, llevan a tres principios fundamentales que, sin su vigencia, ambos pierden su naturaleza: independencia, soberanía y autodeterminación. Sin estos la nación es inacabada o no lograda, ya sea porque está bajo control militar, económico, político y cultural externo, y/o porque actores internos la han cedido o limitado frente a poderes-intereses exógenos o particulares, por lo que traicionan el bien común, fin del estado.
Ante las conocidas amenazas y condicionamientos imperiales y neocoloniales que se manifiestan de diversa forma, desde las más descarados y brutales, hasta las más sutiles, que usan múltiples instrumentos, instancias multinacionales y maniobras desestabilizadoras, que manipulan mecanismos virtuales y utilizan a organizaciones sociales, políticas, educativas, religiosas y empresariales que, desnaturalizadas de su razón de ser se prestan como promotores de destrucción, azuzadores de odio y cómplices de agresión, el propósito ineludible del estado nacional obliga a asumir los tres principios (independencia, soberanía y autodeterminación) en función de rescatar y fortalecer la conciencia de identidad y dignidad para preservar a plenitud su existencia (nación-nacionalidad). Lo anterior determina la naturaleza de las relaciones internacionales sustentadas en diálogo, respeto y cooperación con todas las naciones del mundo, como decisión soberana, sin imposición, amenaza o miedo, como ha sido frecuente en esquemas coloniales y neocoloniales del mundo unipolar superado, en prácticas de algunos estados mal acostumbrados a imponer económica y culturalmente vínculos de superioridad.
Según la jurista y socióloga española Teresa Gelardo (La política y el bien común, 2005): bien común expresa el bienestar de la comunidad, tiene como fin la “felicidad política común”, es “dinámico y vital, no estático ni ideal, está arraigado en una realidad política concreta y cambiante”, se sustenta en valores y principios éticos que movilizan la acción humana, es fundamento de la autoridad y del poder cuya razón radica en el compromiso por el bien común. Conlleva la justa distribución de la riqueza y la satisfacción de las necesidades básicas, no solo bienestar económico, sino también espiritual. “Las leyes son el principal instrumento de gobierno para realizar el bien común que es paz social”: condición sin la cual no es posible la justicia ni el desarrollo social.
El bien común específico cambia con las necesidades sociales y las circunstancias históricas. ¿Cuáles son las condiciones y necesidades de los ciudadanos y la nación aquí? Ellas constituyen el bien común concreto en el siglo XXI en Nicaragua. A partir del proceso político, social e institucional inaugurado en 1979 y retomado en la nueva etapa de la revolución desde 2007, son parte del bien común concreto, según necesidades e intereses de la población en la nación a la que pertenecen y que preservan el compromiso patriótico de su nacionalidad, de independencia, soberanía y autodeterminación, como principios de existencia, por la preservación de la paz, entre otros, los siguientes fines: superar la pobreza, empleo y emprendimiento creativo, salud pública, educación pública, acceso a servicios básicos, vivienda digna, seguridad social y seguridad ciudadana.
Entre esos ámbitos específicos, el acceso a la educación pública básica, media, técnica y superior, gratuita y de calidad para el desarrollo humano integral, mejorar la capacidad de desempeño, la satisfacción personal y familiar en función de sus aspiraciones, constituye un fin del bien común para abrir la oportunidad de aprendizaje a niños, jóvenes, hombres y mujeres de escasos recursos, a los grupos sociales excluidos por el sistema privatizado, centralizado y alienante, para superar la competencia egoísta y la educación mercantilista que reproduce esquemas de dependencia y el predominio de la exclusión y la iniquidad. Es un propósito que, en la medida que se profundiza, contribuye de manera evidente a la reducción de la pobreza, al empleo y a la plena realización de los ciudadanos.
El derecho a la libertad religiosa, empresarial, de organización, de emprender, que en el marco del estado de derecho (no es “estado de derecha”) son preservados con integridad en el modelo político y social comunitario, socialista, cristiano y solidario, por cuanto son parte de las conquistas revolucionarias en donde el bienestar común debe prevalecer al interés particular.
Es congruente a la naturaleza de bien común actual del Estado de Nicaragua, por un lado, frenar, conforme la legislación vigente, las prácticas y pretensiones desestabilizadoras de personas y organizaciones que se convierten en agentes al servicio de intereses extranjeros y que atentan o han atentado en contra de la paz y los tres principios esenciales de la nación y la nacionalidad. Para el analista político Carlos Escorcia P. (La Harvard de Centroamérica, 27.08.23), la fundación de la extinta UCA (1961) fue para ser “bastión ideológico de contención por las élites dominantes de Centro América en contubernio con la tiranía somocista y el imperialismo norteamericano” ante el empuje estremecedor del triunfo popular de la Revolución Cubana (1959) y volvió a mostrar “Triste, muy tristemente” sus sesgos de origen previo, durante y después de la fehacientemente demostrada cruel e inhumana catástrofe del fallido golpe de estado de 2018. Ninguna investidura o membrete organizativo puede ser motivo de impunidad cuando se atenta contra la paz social, los fines esenciales de la nación y sus principios inseparables. Es legítimo, en función de los propósitos específicos del bien común, continuar avanzando en fortalecer y democratizar el sistema de educación pública que abre con esperanza y buena voluntad nuevas oportunidades en el camino de la paz y la solidaridad.
