Nicaragua: complicidad de la ONU con el terrorismo
Por Stephen Sefton
Estados Unidos y sus aliados han convertido al sistema de la ONU en cómplice de un terrorismo descarado.
El abuso y la militarización del sistema de las Naciones Unidas por parte de Estados Unidos y sus gobiernos vasallos para engañar e intimidar al resto del mundo han sido una característica de las relaciones internacionales desde la misma fundación de las Naciones Unidas y la época de la Guerra de Corea. En los últimos años, esa realidad se ha deteriorado hasta el punto de que las falsas creencias agresivas y dementes promovidas por Estados Unidos y sus aliados han convertido al sistema de la ONU en cómplice de un terrorismo descarado. Diversas instituciones de la ONU han sido objeto de abusos en este sentido.
La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) ha elaborado informes falsos que enmascaran la complicidad de Estados Unidos y sus aliados en el terrorismo extremista contra el gobierno y el pueblo de Siria. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha encubierto el bombardeo de la central nuclear de Zaporozje por el ejército ucraniano. Se abusa sistemáticamente de casi todo el sistema de derechos humanos de la ONU para proporcionar pretextos para la agresión económica e incluso militar contra un país tras otro.
Ese sistema depende sustancialmente de los informes de organizaciones no gubernamentales partidistas financiadas por gobiernos y empresas occidentales, que abusan de su condición de organizaciones sin ánimo de lucro para servir de oposición política a sus respectivos gobiernos, a menudo en apoyo a la violencia y el terrorismo de la oposición. Ese ha sido el caso en países desde Serbia a Haití, desde Venezuela a Tailandia, desde Bolivia a Irán, e incluso de grandes potencias como la República Popular China y la Federación Rusa. Este es también el contexto y el patrón del violento intento de golpe de Estado de 2018 que pretendía derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua.
Ahora, cinco años después, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha facilitado lo que se designa como un informe de un grupo de expertos, que en realidad sirve para blanquear la campaña terrorista de la oposición entre el 18 de abril y el 17 de julio de 2018 para derrocar al gobierno electo de Nicaragua. La Coalición de Solidaridad[i] con Nicaragua ha producido una refutación sistemática[ii] del informe de la ONU que expone la metodología de mala fe y la investigación incompetente del grupo de expertos y su secretaría. El documento de la Coalición de Solidaridad con Nicaragua explica que el informe de la ONU fue elaborado por una secretaría anónima de nueve personas, lo que plantea serias dudas sobre la integridad de la pretensión de los supuestos autores del informe de ofrecer un relato experto de los acontecimientos que pretenden cubrir.
La refutación de la Coalición de Solidaridad con Nicaragua argumenta que el grupo de expertos no cumplió con su mandato de investigar exhaustivamente todas las violaciones de derechos humanos en Nicaragua después de abril de 2018. Por ejemplo, se excluyeron los testimonios de las innumerables víctimas del terrorismo e intimidación de la oposición, por lo que el grupo no recopiló ni analizó información esencial para poder ofrecer una visión veraz y justa de lo sucedido. Por lo tanto, la afirmación del grupo de expertos de que su investigación utilizó un enfoque centrado en las víctimas carece de sentido.
Acciones terroristas para derrocar la revolución sandinista en Nicaragua
Del mismo modo, el material de la Coalición de Solidaridad con Nicaragua señala cómo el grupo de expertos niega que las protestas de la oposición buscaran derrocar al gobierno, a pesar de que los propios líderes de la oposición nicaragüense declararon que este era su objetivo desde los primeros días del fallido intento de golpe de Estado. El informe ofrece muchas afirmaciones y aseveraciones fácilmente refutables, en particular la afirmación claramente falsa de que las protestas de 2018 en Nicaragua fueron abrumadoramente pacíficas. El grupo de expertos también excede su aparente mandato al pedir en la conclusión de su informe más medidas coercitivas contra el gobierno de Nicaragua.
El informe comparte con otras instituciones del sistema de la ONU, como la OPAQ y el OIEA, lo que de hecho equivale a una cultura de la cancelación respecto a cualquier información que contradiga sus prejuicios y presuposiciones. Al excluir las fuentes que les contradicen y que exponen sus suposiciones como incorrectas, encierran su investigación en una suerte de circuito de desinformación interminable que a veces se denomina falso aval. Esto hace que el informe del grupo de expertos sobre Nicaragua sea no sólo categóricamente engañoso, sino también irremediablemente antidemocrático, negando a la opinión mundial hechos fácilmente disponibles y muy relevantes.
Por ejemplo, como demuestra el material de la Coalición de Solidaridad con Nicaragua, el informe de la ONU excluye por completo las siguientes fuentes de noticias locales, a pesar de que todas ellas publicaron una gran cantidad de material muy relevante e informes sobre incidentes específicos durante el período en cuestión: Juventud Presidente, Nueva Radio Ya,[iii] Canal TN8 noticias,[iv] Canal 6 noticias,[v] Canal 2 noticias,[vi] Canal 13 Viva Nicaragua,[vii] Informe Pastrán,[viii] Radio La Primerísima[ix] y Tortilla con Sal[x]. Asimismo, el informe no menciona los horripilantes y muy bien documentados casos de violencia y abuso por parte de la oposición nicaragüense que indican la escala e intensidad de su ofensiva de terror general contra la población y las autoridades del país.
En particular, como señala la refutación de la Coalición de Solidaridad, el grupo de expertos no informa sobre los siguientes casos:
– intento de asesinato de Leonel Morales[xi]
– incendio provocado que destruyó Nueva Radio Ya[xii]
– tortura y asesinato de Bismarck Martínez[xiii]
– tortura incapacitante de Reynaldo Urbina[xiv]
– asesinatos de padre e hijo, Roberto y Christopher Castillo[xv]
– ataques a las comisarías de Masaya[xvi], Jinotepe[xvii], Nagarote[xviii], Morrito[xix], Mulukuku[xx], El Cuapa[xxi], El Coral[xxii] y Puerto Príncipe[xxiii], entre otras
– detención ilegal de 400 camioneros al sur de Diriamba durante un mes[xxiv]
– tortura de Sander Bonilla[xxv]
– otros numerosos casos de tortura y malos tratos[xxvi]
El informe del grupo de expertos reconoce la violencia de la oposición contra los agentes de policía (22 muertos y más de 400 heridos de bala), pero ofrece la explicación totalmente inverosímil de que esta escala de violencia se produjo en defensa propia. El informe suprime las pruebas documentadas de los cuantiosos daños causados por la oposición a las infraestructuras, vehículos y equipos del gobierno. La Coalición de Solidaridad con Nicaragua también señala que el grupo de expertos excluye cientos de otros informes pertinentes sobre los acontecimientos que sí cubre, así como documentos fácilmente disponibles en línea. Estos incluyen: Nicaragua 2018 – Rechazando la Verdad[xxvii], Nicaragua 2018 – Liberando la verdad[xxviii], y la «Carta Abierta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[xxix].»
El grupo de expertos de la ONU argumenta que no pudo visitar Nicaragua y, por tanto, no pudo dialogar con las autoridades gubernamentales nicaragüenses. Pero los propios expertos en su informe tachan de poco fiable el material de las autoridades nicaragüenses, como los comunicados de prensa de la policía. Además, como explica la Coalición de Solidaridad con Nicaragua, desde abril de 2018 el gobierno nicaragüense ha presentado material repetidamente a tanto la Organización de Estados Americanos como a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que presumiblemente estaba a disposición del grupo de expertos de la ONU.
El informe de la ONU sobre Nicaragua está irremediablemente viciado por este sesgo claramente antigubernamental y repite este patrón de mala fe informativa en todo momento. Su atroz prejuicio es evidente, dada la completa exclusión del abundante material documental y audiovisual que confirma la violencia terrorista sistemática de la oposición en 2018 y que expone el objetivo claro y declarado de los líderes de la oposición de derrocar al gobierno electo de Nicaragua.
Stephen Sefton* Coordinador del colectivo mediático Tortilla con Sal.
Este artículo ha sido publicado originalmente por TortillaconSal.com
Foto de portada: Violencia terrorista sistemática de la oposición en 2018/Foto: EFE.
Referencias:
[i] https://nicasolidarity.net/ [ii] http://nicasolidarity.net/wp-content/uploads/2023/03/Anexo-1-rev-1.pdf y http://nicasolidarity.net/wp-content/uploads/2023/03/Anexo-2-Masaya-espanol.pdf [iii] https://nuevaya.com.ni/ [iv] https://www.tn8.tv/ [v] https://canal6.com.ni/ [vi] https://canal2tv.com/ [vii] https://www.youtube.com/channel/UCAWB76NUxj1OWEE_yaOfBLg [viii] http://informepastran.com/ [ix] https://radiolaprimerisima.com/ [x] https://www.tortillaconsal.com/ [xi] https://www.youtube.com/watch?v=osvqntMRDes [xii] https://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9429 [xiii]desestabilización contra la Revolución Sandinista EEUU Nicaragua ONU
The expert group report does acknowledge opposition violence against police officers (22 killed and over 400 wounded by gunfire) but offers the wholly implausible explanation that this scale of violence was in self-defense. The report suppresses documented evidence of the extensive opposition damage to government infrastructure, vehicles, and equipment. The Nicaragua Solidarity Coalition also notes that the expert group excludes hundreds of other relevant reports on the events it does cover, as well as documents readily available on-line. These include Nicaragua 2018 – Dismissing the Truth, Nicaragua 2018 – Uncensoring the Truth, and this “Open Letter to the Inter-American Human Rights Commission.”
The UN expert group argues it was unable to visit Nicaragua and thus could not engage with the Nicaraguan government authorities. But the experts themselves in their report dismiss as unreliable material from the Nicaraguan authorities, such as police press releases. Furthermore, as the Nicaragua Solidarity Coalition explains, since April 2018 the Nicaraguan government has repeatedly submitted material to both the Organization of American States and to the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, which presumably was available to the UN expert group.
The UN report on Nicaragua is irremediably vitiated by this distinctly anti-government bias and repeats this pattern of bad faith reporting throughout. Its egregious prejudice is self-evident, given the complete exclusion of abundant documental and audiovisual material confirming the systematic opposition terrorist violence in 2018 and exposing the opposition leaders’ clear and stated objective of overthrowing Nicaragua’s elected government.
Stephen Sefton is a Nicaraguan citizen who has written on Nicaragua and Latin America since 2003. Since 2008 he has coordinated the Tortilla con Sal media collective.
