Nicaragua: elecciones pacíficas sin intervencionismo
- EL RECRUDECIMIENTO DE LOS ATAQUES
DE ESTADOS UNIDOS CONTRA NICARAGUA
Estados Unidos utiliza su poder económico y militar y su influencia hegemónica sobre el sistema financiero mundial, las organizaciones regionales e internacionales, las organizaciones multilaterales y las comunicaciones, no para fortalecer las democracias del mundo y promover paz-salud-bienestar, sino para coartar a los gobiernos y arrebatarles la soberanía a los Pueblos.
En el crepúsculo de otra ronda de perversos ataques del gobierno de Estados Unidos y sus lacayos nacionales e internacionales contra nuestro proceso electoral, el Pueblo y Gobierno de Nicaragua reitera su más firme convicción democrática y adhesión irrestricta a los propósitos y principios del Derecho Internacional, así como la Carta de las Naciones Unidas; que según todos los países amantes de la Paz, debe orientar la solidaridad y las relaciones armoniosas entre todos los Estados del mundo.
El gobierno de Estados Unidos pretende imponer su voluntad sobre un pueblo que hace 200 años rompió las cadenas del colonialismo, hace 88 años puso fin a la ocupación militar estadounidense y hace 42 años demostró al mundo entero, que nunca más volvería a aceptar el yugo de la opresión y la tiranía.
El Pueblo de Nicaragua no pide permiso para ejercer su Derecho a la Soberanía Nacional, la Independencia y la Autodeterminación. Ese Derecho fue conquistado con sangre, sudor y lágrimas y con la memoria heroica de cientos de miles de Hermanas y Hermanos nicaragüenses.
Las agresiones del gobierno de Estados Unidos contra el Pueblo de Nicaragua, a lo largo de nuestra historia, constituyen crímenes de lesa humanidad que han quedado impunes. Prueba de ello ha sido el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1986; el fallido golpe de 2018; la práctica de imponer medidas unilaterales, ilegales, crueles y criminales que vulneran el Derecho al Desarrollo; y en la actualidad, las acciones que buscan descarrilar y socavar las elecciones generales del próximo 7 de noviembre.
II. NICARAGUA HOY
Nicaragua ha celebrado siete elecciones generales en Paz y en pleno cumplimiento de los estándares democráticos internacionales, entre 1984 y 2016. La participación ciudadana en cada una de estas elecciones ha superado el 60%, con una tendencia a aumentar a medida que las comunidades más remotas se vuelven más accesibles por tierra, aire y agua; y a medida que se amplían las redes de electricidad y comunicaciones que permiten que la gran mayoría de la población en edad de votar, se registre para ejercer su Derecho.
El Plan Nacional de Desarrollo Humano prioriza el liderazgo de todos los sectores de la sociedad, incluidas las poblaciones más vulnerables y fomenta un mayor grado de conciencia y responsabilidad, tanto hacia el proceso electoral como hacia la consolidación de la democracia en su conjunto.
La Democracia en Nicaragua busca asegurar la Paz, la Estabilidad y la Prosperidad, a través de la participación igualitaria de mujeres, afrodescendientes e indígenas, pequeños productores en comunidades rurales, jóvenes, personas con discapacidades, ancianos, pequeños y medianos empresarios y todos los demás sectores que conforman nuestra sociedad diversa, multiétnica y pluricultural.
Prueba de lo anterior ha sido el reconocimiento de Nicaragua por parte del Foro Económico Mundial como el país de las Américas con mejor desempeño en términos de representación de mujeres en los distintos Poderes del Estado.
Las mujeres representan el 59% del Poder Judicial, el 56% del Ejecutivo, el 45% de la Asamblea Nacional, el 46% de los Alcaldes, el 60% de los Vicealcaldes y el 50% de los Concejales Municipales; ocupando los cargos más importantes del Estado y Gobierno, entre ellos Vicepresidenta de la República, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Presidenta del Consejo Supremo Electoral, Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Procuradora General, Fiscal General, Ministra de Defensa, Ministra del Interior, Ministra de Economía Familiar y Comunitaria, Directora de Turismo, Defensora del Pueblo y Alcaldesa de la Ciudad Capital de Managua.
Nicaragua también cuenta con reconocimiento mundial por la restitución de los Derechos de sus Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Más de 37,000km2 de tierra han sido demarcados y titulados a favor de los Pueblos Miskito, Mayagna, Rama, Ulwa, Creole y Garífuna, un territorio más grande que El Salvador y Belice juntos, donde más de 300 gobiernos territoriales y comunales son electos periódicamente, con el fin de ejercer su derecho al uso, administración y disfrute de sus tierras y recursos naturales.
Nicaragua es también el país más seguro de Centroamérica y sin duda alguna, uno de los más seguros del hemisferio americano, lo que le permite a su gente trabajar, estudiar y recrearse en Paz. Ello también les permite ejercer su Derecho al Voto de forma Segura y Libre.
El modelo de salud familiar y comunitaria de Nicaragua, totalmente gratuito, es parte fundamental del Plan Nacional de Desarrollo Humano. Las enfermedades infecciosas como la influenza, el dengue, la leptospirosis, la malaria y la fiebre amarilla se abordan de manera sistemática y preventiva. Asimismo, las enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer, la hipertensión y las afecciones cardíacas, que también son atendidas con esmero, reduciendo las tasas de morbilidad y mortalidad y asegurando que la población nicaragüense esté sana y pueda realizar sus asuntos cotidianos diariamente. Esto también es cierto con respecto a la pandemia del COVID19, ya que Nicaragua tiene las tasas más bajas de infección y mortalidad en Centroamérica.
Todo lo anterior ha contribuido a la fortaleza y resiliencia de la economía nicaragüense, basada principalmente en el emprendimiento de pequeñas y medianas empresas, agricultura, manufactura ligera, minería, turismo, silvicultura y pesca, y que apunta a crecer a más del 6% este año, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
A medida que se acercan
las elecciones del 7 de noviembre, el Pueblo de Nicaragua está consciente de
todos los ataques y agresiones instigados por los mismos enemigos de siempre, que han sido
derrotados antes y serán derrotados nuevamente. Ello revela un nivel de conciencia y compromiso de la
población nicaragüense, en estos momentos de desarrollo nacional sin precedentes,
así como un grado de liderazgo que nace solo en los corazones de pueblos verdaderamente
patrióticos, que no se dejan intimidar.
III. ELECCIONES NACIONALES 2021
A medida que se acercan las elecciones nacionales, es apropiado resaltar las mejores prácticas de Nicaragua relacionadas con la democracia y la participación ciudadana y que incluyen: (1) Una campaña permanente de educación ciudadana en español, inglés, miskito y mayagna, priorizando el registro de votantes y promoviendo activamente el voto como derecho y responsabilidad cívica; (2) La continua expansión de la red de centros de votación para incluir a las comunidades más remotas; (3) El fortalecimiento del sistema de votación comunal, en el cual las juntas receptoras de voto no exceden los 400 ciudadanos y ciudadanas, permitiendo una mayor familiaridad entre votantes; (4) La representación de todos los partidos políticos entre los miembros de cada junta receptora de votos; (5) La capacitación y acreditación de fiscales de partidos políticos; 6) La aprobación de reformas legales y políticas destinadas a garantizar una participación del 50% de las mujeres en todos los cargos de elección pública; (7) La mejora técnica de la cédula de identidad ciudadana para asegurar un sistema de “una persona, un voto”, incluyendo fotografía biométrica detallada, número de registro, códigos de barra, marcas de agua, entre otros; (8) La actualización continua del padrón electoral con el fin de integrar a nuevos ciudadanos y ciudadanas y depurar a los que hayan cambiado de domicilio o hayan fallecido; (9) El proceso de verificación ciudadana llevada a cabo el pasado 24 y 25 de julio, 2021, en la que más de 2.8 millones de nicaragüenses, visitaron sus juntas receptoras de voto para asegurar el debido registro de su información ciudadana; y (10) La publicación de un protocolo de medidas sanitarias, aprobado por los partidos políticos, para la prevención de COVID19 durante la campaña electoral.
El pasado 4 de mayo, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley 1070, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 331, Ley Electoral. Las reformas electorales tuvieron como objetivo garantizar la coherencia y armonía entre la Ley Electoral y la Constitución Política a la luz de las reformas constitucionales del 2014, garantizando la igualdad de género, promoviendo el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, actualizando una cartografía electoral pertinente, fortaleciendo los procesos de registro civil, protegiendo los derechos de los partidos políticos y las alianzas de partidos políticas, y garantizando el respeto a los derechos de soberanía, autodeterminación e independencia nacional.
También se eligió un nuevo Consejo Supremo Electoral, que incluye un tercio de miembros de partidos políticos distintos al FSLN, y que es uno de los órganos electorales más diversos de la región, con varios Magistrados Indígenas y Afrodescendientes y con una mayoría femenina.
Por primera vez en nuestra historia, los partidos políticos no pueden aceptar financiamiento extranjero de ninguna fuente y en ninguna forma. Sin embargo, de acuerdo con la ley, el Estado de Nicaragua destinará el 1% del Presupuesto General de la República, para reembolsar los gastos de la Campaña Electoral incurridos por los Partidos Políticos o Alianzas de Partidos Políticos que participen en las Elecciones.
17 Partidos Políticos y 7 Alianzas de Partidos Políticos, incluidos el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que ocupó el Gobierno de Nicaragua por dos períodos consecutivos entre 1996 y 2006, participarán en la contienda electoral del 2021. Todos los partidos políticos han inscrito a sus candidatos de manera oportuna y en estricto apego al cronograma electoral y están llevando a cabo sus campañas electorales de manera activa en todo el territorio nacional, sin limitaciones más allá de las medidas preventivas que deben ser respetadas para evitar la propagación del COVID19.
A la fecha, 4,478,334 ciudadanos y ciudadanas se encuentran debidamente inscritos en el padrón electoral y acudirán a las 13,459 juntas receptoras de voto el día de las elecciones, para ejercer su derecho a elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados ante la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano.
Se estima que 150 mil fiscales de Partidos Políticos estarán ubicados dentro de las juntas receptoras de voto, así como en los centros de escrutinio municipal, regional y nacional, para supervisar el proceso de votación y asegurar la correcta conducción de las elecciones.
Asimismo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha suscrito un convenio con el Consejo Supremo Electoral (CSE), para acreditar a más de 4,000 Procuradores Electorales que brindarán acompañamiento durante las elecciones en los diferentes municipios del país.
Lo anterior denota que la ciudadanía nicaragüense, en toda su diversidad, se prepara, hoy más que nunca, para participar en los comicios electorales del 7 de noviembre, listos para ejercer su derecho a la soberanía, independencia y autodeterminación. Nicaragua votará para seguir creciendo y prosperando en Paz, con Estabilidad e Igualdad.
IV. EL DERECHO LEGÍTIMO A LA DEFENSA
Los ataques contra Nicaragua tienen como objetivo estrangular la economía nacional, aislar al país y hacer sufrir al Pueblo nicaragüense. Su único propósito es socavar las victorias sociales, económicas y políticas del Pueblo de Nicaragua, que solo busca vivir y prosperar en paz. El éxito de Nicaragua no representa una amenaza para ninguna nación del mundo, por el contrario, Nicaragua siempre ha sido y seguirá siendo amiga de todos los Pueblos.
Las agresiones contra Nicaragua se basan en narrativas falsas que son dolorosamente producidas y reproducidas, incluso por algunos países, partidos políticos, medios de comunicación y movimientos sociales que se hacen llamar hermanos.
El FSLN, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el Pueblo de Nicaragua, sin embargo, siguen trabajando y avanzando con firmeza, por el bien de todos.
A la luz de las pruebas presentadas en contra de determinadas personas y organizaciones, relacionadas con los delitos de blanqueo de capitales, estafa, traición y conspiración sediciosa, el Ministerio Público de Nicaragua inició una investigación por la malversación de cientos de millones de dólares canalizados por USAID, NED, IRI y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos, a través de cuentas personales y cuentas corporativas de algunas ONG´s. El propósito de la investigación es determinar si estas personas han cometido delitos relacionados con la Ley No. 1040, que exige que todas las organizaciones informen detalladamente cualquier financiamiento recibido del exterior, y la Ley No. 1055, que protege al Pueblo de Nicaragua contra los delitos de traición y conspiración sediciosa.
La investigación es particularmente importante para esclarecer los canales financieros utilizados para llevar a cabo el fallido golpe del 2018, que provocó la muerte de 198 hermanas y hermanos nicaragüenses y pérdidas económicas al país que se estiman en aproximadamente 27 mil millones de dólares. Asimismo, busca determinar si los sujetos investigados han atentado contra la soberanía nacional, al conspirar con el gobierno de Estados Unidos u otros gobiernos extranjeros, para imponer medidas unilaterales contra el Pueblo de Nicaragua.
Es importante señalar que existen leyes similares en América del Norte, América Latina y el Caribe, Europa y el resto del mundo y, además, los gobiernos tienen cero-tolerancia para delitos de esta naturaleza. Los artículos 2381 al 2390 del Código Legal de los Estados Unidos contienen definiciones y castigos relacionados con los delitos de traición a la patria, promoción indebida de la traición, rebelión o insurrección, conspiración sediciosa, abogar por el derrocamiento del gobierno, registro de organizaciones extranjeras, actividades destinadas a afectar a las fuerzas armadas en general, actividades que afectan a las fuerzas armadas durante la guerra y el servicio militar obligatorio contra los Estados Unidos; todos los cuales son procesados a nivel federal y pueden conllevar penas que van desde la muerte hasta el encarcelamiento, multas y la prohibición de postularse para cargos de elección popular.
La investigación se está llevando a cabo de manera integral y transparente, con actualizaciones periódicas que se publican oportunamente para informar al pueblo nicaragüense de su avance; y contrario a las mentiras fomentadas por el gobierno de los Estados Unidos, ninguna de las personas siendo investigadas pertenece, ni representa, a ningún partido político, ni ha sido propuesto como candidato por algún partido político.
Considerando lo anterior, cualquier intento de un actor nacional o extranjero de socavar la investigación que se realiza en Nicaragua, debe ser considerado en el contexto de la legislación nacional, y debe ser percibido como un ataque frontal a los principios del respeto al Estado de Derecho, la Democracia, Soberanía Nacional y Libertad de Autodeterminación en nuestro país.
V. EL CAMINO A SEGUIR
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua ha expresado su preocupación por los numerosos ataques contra Estados Soberanos, denunciando que estas agresiones constituyen una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, los Principios del Derecho Internacional y la Carta Democrática Interamericana. En tiempos de pandemia, la ilegalidad de estos ataques los eleva al nivel de crímenes de lesa humanidad.
En América Latina y el Caribe se han producido ocho golpes o intentos de golpe de estado desde principios de siglo: República Bolivariana de Venezuela (2002), República de Haití (2004), República de Honduras (2009), República del Ecuador (2010), República del Paraguay (2012), República Federativa del Brasil (2016), República de Nicaragua (2018) y Estado Plurinacional de Bolivia (2019). Asimismo, y a pesar de anuales resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y el permanente clamor internacional, se mantiene el criminal bloqueo en contra del Hermano Pueblo de Cuba desde hace más de 60 años, lo que únicamente puede considerarse como un flagrante crimen de lesa humanidad.
Todas estas agresiones han sido cometidas contra gobiernos de izquierda, con programas progresistas.
Asimismo, los países desarrollados han intensificado su perversa práctica de imponer medidas unilaterales y coercitivas contra países en desarrollo, atentando contra sus instituciones, limitando su acceso al financiamiento para el desarrollo y socavando sus economías, todo lo cual es totalmente injustificado, se aplica de manera arbitraria y carece de sustento legal.
Recientemente, el Papa Francisco hizo un llamado a estos países exhortando: “Quiero pedirles a los países poderosos en nombre de Dios que detengan las agresiones, bloqueos y sanciones unilaterales contra cualquier país en cualquier lugar de la Tierra”. Estas mal llamadas “sanciones”, amenazan la Vida, los Derechos Humanos, la Democracia y el Desarrollo en unos 39 países del mundo y tienen efectos atroces sobre más de dos mil millones de personas.
Dado que se ha convocado otra sesión ilegítima del consejo permanente de la OEA para abordar la “situación en Nicaragua”, debemos recordar que esta organización ha sido denunciada por su participación en el golpe de Estado contra Bolivia en 2019, en el que participaron miembros de la misión de observación electoral y el señor Luis Almagro.
Al mismo tiempo, debemos señalar que la OEA no ha emitido ninguna resolución condenando el sistema de reformatorios en Canadá, en el que decenas de miles de niñas y niños indígenas perdieron la vida. No se formó ninguna comisión especial para investigar la participación de soldados o mercenarios colombianos en el asesinato del Hermano Presidente Jovenel Moise, y no se ha dicho nada sobre la persecución sistemática y la brutalidad policial contra afroamericanos en Estados Unidos.
Quizás ha llegado el momento de aceptar todo lo bueno que pasa en Nicaragua, Cuba y Venezuela y empezar a notar todo lo malo que pasa en algunos de estos países autoproclamados democráticos.
La Constitución Política de Nicaragua establece inequívocamente:
“La Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación Nacional, son Derechos irrenunciables del Pueblo y fundamentos de la Nación Nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos.”
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