Justicia fracasada – la Corte Penal Internacional y sus antecedentes
Stephen Sefton
Desde la época de la Liga de las Naciones,, en el período después de la primera guerra mundial, se ha promovido varias propuestas para formular una instancia supranacional de la justicia internacional. La Liga en sí fracasó porque los países imperialistas de ese tiempo lo manipularon con objetivos políticos, de tal manera que nunca iba a poder cumplir con su propósito de prevenir una segunda guerra mundial. Luego, al fin de esa guerra en 1945, se establecieron el Tribunal de Nuremberg para enjuiciar los crímenes de los dirigentes nazis y el Tribunal para el Lejano Oriente en Tokio para enjuiciar los crímenes de los dirigentes japoneses.
Aunque parece cínica la expresión la “justicia de los victoriosos”, vale la pena notar que nunca se enjuiciaba a los dirigentes occidentales por los crímenes que cometieron durante la guerra. Por ejemplo, jamás dirigentes políticos o militares de Estados Unidos han tenido que enfrentar la justicia por su uso injustificable de bombas atómicas contra la población civil de Hiroshima y Nagasaki. Tampoco enfrentaron la justicia los dirigentes políticos y militares occidentales por sus ataques con armas incendiarias contra las poblaciones civiles de Dresden en Alemania y Tokio en Japón, los cuales no tenían ninguna justificación legítima militar. También hay que recordar los crímenes coloniales que ocurrieron durante los años del trabajo del los tribunales de crímenes de guerra de desde 1945 hasta 1946 en el caso del Tribunal de Nuremberg y hasta 1948 en el caso del Tribunal de Tokio.
En el caso de Francia, en 1945 en Setif, Argelia las fuerzas coloniales masacraron más de 30,000 argelinos y en la Madagascar masacraron a más de 60,000 personas. En ese mismo período, militares de los Estados Unidos ocuparon la parte sur de Corea y allí durante la represión de protestas contra la ocupación las fuerzas bajo su mando masacraron a cientos de miles de personas, incluso más de 60,000 solamente en la isla de Cheju. En ese tiempo también, países europeos como Holanda, Portugal y el Reino Unido también cometieron crímenes contra sus respectivas poblaciones coloniales en África y Asia. Pero Estados Unidos, Reino Unido y Francia nunca han enfrentado la justicia por sus enormes crímenes alrededor del mundo en las décadas después del 1945.
Entonces, muy diferente de la Corte Internacional de Justicia que se dedica al arbitraje de disputas internacionales, la propuesta de una corte internacional penal, desde sus orígenes, ha sido perjudicado por el doble rasero inherente a una propuesta sobre el tema de parte de los poderes imperialistas. Y esta realidad se confirma por los antecedentes sentados en la historia del actuar de los tribunales establecidos desde la disolución de la Unión Soviética en 1991. En 1993 se estableció el Tribunal Internacional Penal sobre crímenes en el antiguo Yugoslavia y en 1994 el Tribunal Internacional Penal sobre el genocidio en Rwanda. El proceder de estos tribunal dejó clarísimo que su función era de condenar a dirigentes políticos y militares que desafiaron a los poderes occidentales y, en cambio, defender a las figuras polìtica y militares aliadas del Occidente.
El Tribunal sobre crímenes en el antiguo Yugoslavia acusó al líder serbio Slobodan Milosevic pero no a los aliados occidentales que cometieron los mismos crímenes de los cuales se acusaron a Milosevic, principalmente la limpieza étnica. El Tribunal sobre el genocidio en Rwanda hizo todo posible para evitar acusar los aliados del Occidente involucrados en los terribles acontecimientos en cuestión y nunca abordó el ataque asesino que mató a Juvénal Habyarimana presidente de Rwanda y Cyprien Ntaryamira, presidente de Burundi. El asesinato de estos dos presidentes fue en gran parte lo que provocó el conflicto fratricida en Rwanda.
De todas maneras,estos antecedentes dieron lugar al Estatuto de Roma de 1998 por medio del cual se creó la Corte Penal Internacional. En 2002 la Corte fue ratificado por un número suficiente de países en la Asamblea General de las Naciones Unidas y empezó funcionar en 2003. Desde su inicio, la manipulación con objetivos políticos de la Corte Internacional Penal ha sido una característica de su operación. En efecto, la Corte es un instrumento del llamado “lawfare” al servicio de los poderes occidentales. Se ha iniciado procesos contra un total de 52 personas, ninguna de las cuales es norteamericana o europea, aunque se trata de un período que incluye las extensas agresiones occidentales contra Afganistán, Irak, Libia y Siria y la ocupación ilegal por fuerzas militares de Irak y Siria.
Tampoco se toma en cuenta el incuestionable aplicación de medidas coercitivas ilegales contra Cuba, Nicaragua y Venezuela, entre muchos países más, de parte de los Estados Unidos y la Unión Europea. Quizás el ejemplo que demuestra de la manera más contundente la total falta de integridad de la Corte y su humillante sumisión a la agenda política de los poderes occidentales ha sido el caso del compañero Laurent Gbagbo, ex presidente del país de África del Oeste, Costa Marfil. Desde el momento que Laurent Gbagbo asumió la Presidencia de su país en el año 2000, el antiguo poder colonial, Francia, se esforzó para desestabilizar su gobierno con el objetivo de derrocarlo. Lo hacía porque el Presidente Gbagbo quería implementar políticas socialistas a favor de la mayoría empobrecida del país.
Entonces durante una década Francia apoyaba fuerzas terroristas que atacaba a Costa Marfil desde bases en el país vecino de Burkina Faso, gobernado por el títere francés, Blaise Compaoré, asesino del héroe socialista africano Thomas Sankara. En 2002, Francia intervino con una fuerza militar para defender sus aliados terroristas en Costa Marfil bajo el pretexto de defender un acuerdo de paz de ese año. Luego, su intervención fue respaldada por una misión de las Naciones Unidas, la cual disfrazó la intervención militar neocolonial de Francia como una misión de paz. Bajo la protección de esta fuerza internacional dominada por Francia la oposición al gobierno legítimo aumento sus actividades de desestabilización.
Luego cuando se dieron las elecciones nacionales de 2010, el partido de gobierno ganó las elecciones pero el jefe de la misión de la ONU intervino para imponer el candidato de la oposición como presidente. En el conflicto militar que siguió esa flagrante intervención neocolonial de parte de la ONU, las fuerzas militares Francia apoyaron las milicias terroristas de la oposición y derrocaron el gobierno legítimo del país. Masacres por las fuerzas de la oposición al Presidente Gbgabo en el pueblo de Douekoué y otros lugares se efectuaron bajo la protección de las fuerzas de la ONU. Sin embargo, quien fue llevado a enfrentar acusaciones de parte de la Corte Penal Internacional fue precisamente el Presidente Gbagbo.
Para tener un idea del procedimiento poco legítimo de la CPI, es suficiente notar que el caso presentado por la fiscal de la CPI contra Laurent Gbagbo fue rechazado como demasiado débil por las autoridades de la Corte varias veces. Cada vez, la Corte instruyó a la fiscal de reforzar su caso para volver a presentarlo de nuevo. Esta farsa duró casi una década. Finalmente, la fiscal no pudo probar su caso y Laurent Gbagbo fue exonerado en 2019. Pero durante una apelación contra su exoneración, la Corte impidió su regreso a Costa Marfil durante dos años. Es inaudito que una corte permite a la prosecución en un caso hacer varios intentos de presentar su caso. Así se favorece de una manera burda e injusta un veredicto de culpable contra la persona acusada.
Es por ese motivo de procedimiento, aparte del claro sesgo político de la Corte, que se critica la Corte por ser una “corte kanguro” donde se cocina el veredicto de antemano sin tomar en cuenta si las pruebas son válidas o no. Es cierto que en 2017, la fiscal de la CPI abrió un expediente sobre los crímenes de Estados Unidos en Afganistán, pero efectivamente lo cerró cuando el gobierno estadounidense amenazaba a la Corte e impuso sanciones contra dos de sus altos oficiales. Si hubiera sido una institución verdaderamente independiente con integridad, la Corte Penal Internacional habría persistido en proceder con el caso. No lo hizo.
También es cierto que el nuevo fiscal que asumió sus funciones este año ha vuelto a abrir ese expediente, pero lo ha hecho de una manera que excluye la posibilidad de acusar a políticos o militares de los Estados Unidos. En cambio, la CPI ha hecho una acusación sin fundamento alguno contra el Presidente de la Federación Rusa, el compañero Vladimir Putin. El acostumbrado doble rasero a favor de los poderes occidentales no puede ser más clara. En efecto la acusación contra el Presidente Putin significa la efectiva sepultura a nivel internacional de la credibilidad y validez de la Corte Penal Internacional.
Aun antes, en 2018, la Unión Africana cuestionó el quehacer de la CPI ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y se analizó con mucha seriedad la posibilidad de un retiro colectivo de los países africanos del Tratado de Roma que legitima la CPI. Incluso, los países africanos iniciaron una solicitud a la Corte Internacional de Justicia sobre el tema de la inmunidad de gobernantes en ejercicio de sus funciones. Con respecto a América Latina, Nicaragua, junto con Cuba, no firmó el Tratado de Roma, lo cual corresponde a los principios del rechazo a la injerencia extranjera en sus asuntos internos y la defensa su soberanía nacional.
En este sentido, la posición de Nicaragua es consonante con la posición de los países con mayor población del mundo mayoritario. Entre países que no aceptan el Tratado de Roma que fundó la CPI son Arabia Saudita, República Democrática de Corea, Cuba, Eritrea, Estados Unidos, Etiopía, la Federación Rusa, la República Popular de China, Filipinas, la India, Indonesia, Irak, Kazajstán, Kyrgystán, Laos, Libia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Somalia, Sudan, Sudan Sur, Turkmenistán, Turquía y Vietnam. Los países que no han ratificado el Tratado incluyen Angola, Argelia, Camboya, Egipto, Irán, Marroquíes, Mozambique, Siria, Tajikstán, Uzbekistán, Yemen y Zimbabwe
Este rechazo y reserva internacional en relación a la Corte Penal internacional se debe a su propia vergonzosa historia de sesgo a favor de los países occidentales y prejuicio contra países del mundo mayoritario. Tomando en cuenta el contexto mundial en desarrollo, es difícil ver como la Corte Penal Internacional podría recuperar suficiente credibilidad para superar este rechazo de parte de la enorme mayoría de la población mundial. Lo mismo aplica en gran medida al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y todo el aparato viciado de la industria de los derechos humanos dominado por las élites occidentales. Es una realidad que indica la profunda crisis del sistema de relaciones internacionales como resultado de la demente soberbia y agresión de las élites de Estados Unidos y sus países aliados.
