Nicaragua: Protagonismo esencial en la lucha mundial frente al cambio climático
Desde que asume el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) en 2007, se ha puesto en práctica una política de protección y defensa de nuestra Madre Tierra, lo que se manifiesta en los planteamientos del Programa Nacional de Desarrollo Humano. En concordancia con esta política, Nicaragua fue la primera signataria de la “Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y la Humanidad” en el año 2010.
El GRUN ha considerado que el Cambio Climático es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de Nicaragua y uno de los principales riesgos que enfrenta la humanidad. Así, tanto la política internacional como nacional han reflejado esta primera prioridad desde el primer día del gobierno en 2007, las que se resumen a continuación.
Política Internacional
Nicaragua ratificó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 1995 y en 1999 fue ratificado el Protocolo de Kioto. Estos instrumentos internacionales establecieron mandatos y compromisos para los países desarrollados, siendo lo más relevante el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, los Mecanismos de Desarrollo Limpio, Transferencia Tecnológica y compromisos de reducción de emisiones legalmente vinculantes para los países desarrollados, conocidos como Anexo 1. El Protocolo de Kioto que entró en vigor en 2005. Es un excelente acuerdo climático, legalmente vinculante que postulaba un objetivo global de reducción del 5% de las emisiones del año 1990, con la misma fórmula (5% de 1990) para los países Anexo 1 “Desarrollados”. En la Enmienda de Doha de 2012 se elevó la meta a 18% de las emisiones globales de 1990 y para cada uno de los países Anexo 1. También se extendió el periodo de vigencia del Protocolo de Kioto de 2013 a 2020, en dicha fecha el Protocolo de Kioto debe ser absorbido bajo el Acuerdo de Paris con los términos del mismo prevaleciendo. Todavía no ha entrado en vigor la Enmienda de Doha, debido a que, al 27 de mayo de 2020, 138 países han ratificado de las 144 ratificaciones necesarias para entrar en vigencia.
Un problema en las negociaciones era que Estados Unidos era signatario del Protocolo de Kioto, pero el Congreso de dicho país nunca lo ratifico. Las formaciones de dos grupos de trabajo en Bali fueron negociadas con el objetivo de incluir a los Estados Unidos a pesar de no estar en el Protocolo de Kioto. La Unión Europea y la derecha latinoamericana (Grupo de Lima) aceptaban el acuerdo hecho por Estados Unidos y acordado con la China en COP15 en Copenhague ante la desesperación del Presidente Obama de lograr un acuerdo por razones políticas norteamericanas. Para los chinos “Salvar Cara” es muy importante, pero también se puede “Dar Cara” a una parte en apuros.
A partir de la COP17 de Durban en el 2011, se empezaba a definir los futuro contenidos del Acuerdo de Paris. La Unión Europea y la Derecha Latinoamericana, dieron concesión tras concesión a Estados Unidos. Primero se definió que en vez de vinculante el acuerdo serio, “Un acuerdo bajo la convención con fuerza de ley”. Ni los abogados de Estados Unidos podían explicar que quiere decir eso, lo único que se sabe es que no quieren decir legalmente vinculante, porque eso es lo que se está remplazando. Así mismo se complació a Estados Unidos en definir que todos los compromisos de las NDC serían voluntarios y definidos por cada país, tanto desarrollados como en desarrollo. Europa con Estados Unidos trataron de abolir “Necesidades Comunes, pero Diferencias” y “Responsabilidades históricas” con un concepto de Responsabilidades Universales” Sin embargo, dado la tenaz resistencia de los países en desarrollo encabezados por los Países de Ideas Afines, con un protagonismo muy destacado de Nicaragua, se logró impedir ese cambio. Dadas todas las concesiones realizadas a Estados Unidos, tuvo que ser una sorpresa muy desagradable para Europa y la Derecha Latinoamericana cuando en el Acuerdo de Paris, la Administración Trump anuncia que se va a retirar del acuerdo. A la vez de terminar su contribución a la UNFCCC, IPCC y FVC, siendo las cuotas de Estados Unidos las mayores en su calidad de mayor economía del mundo.
No obstante, su intención de retirarse del Acuerdo de Paris, Estados Unidos jugo un papel negativo en la COP 25 de Santiago/Madrid bloqueando toda iniciativa de finanzas climáticas y los esfuerzos de países en desarrollo encabezado por Nicaragua de elevar Perdidas y Daños al mismo nivel que Mitigación y Adaptación, así como lograr financiamiento para las localidades que han sufridos Perdidas y Daños Catastróficos, tales como; Dominica, Barbuda, Abaco, Gran Bahamas, entre otros.
El esfuerzo diplomático en las negociaciones internacionales sobre el Cambio Climático apegado a la ciencia sobre este flagelo planetario, ha hecho que nuestro país logre importantes consensos entre los países en desarrollo.
Nicaragua como vocero y negociador principal del ALBA en la COP15 en Copenhague en 2009, participo en impedir la imposición de un acuerdo consensuado entre los principales países emisores al margen de las negociaciones de Naciones Unidas, sin transparencia o participación, así como forma antidemocrática.
Gracias a la resistencia de los países ALBA (principalmente Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela) no se aprobó la propuesta no consensuada por todos los países, sino solo se “tomó nota” de la misma. La destacada participación y liderazgo de Nicaragua en estas negociaciones, le valió amplio reconocimiento.
La COP 15 en Copenhague, resultó ser un verdadero desastre por la pretensión de los países desarrollados, al tratar de imponer a los países en desarrollo un Acuerdo elaborado en Washington, lo que atrasó las negociaciones climáticas por años. Había muchas expectativas políticas con más de 100 Jefes de Estado y de Gobiernos participantes en Copenhague, así como en los medios y las organizaciones ambientales. El desengaño era enorme y duro más en suspenderse.
Ante ese fracaso, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático continuó sus negociaciones en forma establecida con bajo perfil por varios años hasta llegar a la COP21. Nicaragua priorizó en estas, mantener y defender la letra y el espíritu de la Convención de Cambio Climático, lo cual lo sigue haciendo, ahora en la implementación del Acuerdo de París.
En la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP 21) en Paris, Francia, en noviembre de 2015, los países desarrollados propusieron 2ºC como objetivo y los países en desarrollo 1ºC como objetivo. La posición de 1ºC tenía una debilidad porque las emisiones de gases de efecto invernadero ya estaban llegando a ese nivel. Nicaragua y Bolivia negociaron 1.5ºC en vez de 1ºC y eso fue aceptado por la COP y el Acuerdo de Paris plantea lograr frenar el alza de temperatura en menos de 2º y preferiblemente en 1.5ºC.
Posteriormente Nicaragua y Bolivia argumentaron que la meta de 2ºC tenía su estudio del IPCC sobre lo que se requiere para llegar a dicho resultado. Se señaló que 1.5ºC no iba a ser un objetivo real si no había también otro estudio señalando que es lo que se tiene que hacer para frenar el alza en ese nivel. Eso también fue aprobado por COP-21 y el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, fue encomendado revisar el trabajo e informar para 2018. El IPCC cumplió con dicho plazo y el estudio de 1.5Cº fue publicado en octubre de 2018. Los países desarrollados trataron de oponerse a que se realizara ese informe, sabían muy bien que eso corroboraría nuestros argumentos en todo el proceso de las negociaciones, pero la presión de aprobar triunfo.
Hoy en día el estudio de 1.5ºC del IPCC marca la pauta que defienden los países en desarrollo en materia de cambio climático. El Informe IPCC postula que para frenar a 1.5° C en este siglo se tiene que cortar las emisiones en un -45% para 2030 y llegar a la sociedad de emisiones netas cero para 2050. Todo el mundo, incluyendo, al Secretario General Antonio Guterres, aceptan los objetivos IPCC de 1.5ºC como las metas que tienen que lograr hoy en día.
Nuestra delegación argumentó las debilidades de la propuesta del Acuerdo de París, ya que los compromisos propuestos para reducir las emisiones de dióxido de carbono eran insuficientes para limitar la temperatura a 2º C y menos posibilidades aun de lograr 1.5ºC. Se alertó sobre las consecuencias catastróficas para nuestros pueblos si los países desarrollados no cumplían sus metas de reducciones y si el alza de temperatura promedio mundial fue de 3.7ºC. Estos argumentos fueron apoyados por numerosas organizaciones ambientalistas y centros científicos.
A pesar de las presiones que la delegación de Nicaragua sufrió por parte de países desarrollados, y del acto antidemocrático del Presidente de la COP21, en no ceder el derecho a la palabra de Nicaragua, nuestra delegación se mantuvo firme con el mandato de nuestro Presidente de la República.
El mandato era claro, no oponerse ni objetar el Acuerdo de París, sino más bien, señalar las debilidades de éste y de los requerimientos para limitar el aumento de la temperatura en 2º C como máximo o 1. 5º C según la ciencia, a fin de evitar una catástrofe climática. Básicamente, se quería expresar la necesidad de aumentar la ambición en la reducción de emisiones de países desarrollados y altamente emisores.
En octubre del 2017, Nicaragua firmó la adhesión de nuestro país al Acuerdo de París, porque ya había consenso entre la vasta mayoría de los países que los compromisos de 2015 eran insuficientes y se esperaba más ambición, posición que sigue vigente e incluso era el tema principal de la COP25 en Madrid, y a la cual el Secretario General de la ONU Antonio Guterres, llamo “La COP de la Ambición”
Después de haber pasado cuatro años del Acuerdo de Paris, la posición de Nicaragua sobre cambio climático sigue más vigente que nunca. Las emisiones continúan en ascenso, las anomalías en el incremento de la temperatura siguen creciendo, los países desarrollados no asumen acciones concretas para cumplir sus metas de reducciones, ni la brecha financiera para dotar de medios de implementación a los países en desarrollo.
También se ha participado destacadamente en diversos órganos de consulta y financieros de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) en representación de todos los países en desarrollo.
La representación de Nicaragua ha tenido una destacada participación por sus posiciones en las diferentes reuniones de instancias como: Comité Permanente de Finanzas (SCF), Fondo de Adaptación y Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y el Fondo Verde Climático (FVC).
El Gobierno de la República de Nicaragua apoyó activamente la propuesta para la formación del Fondo Verde Climático (FVC) en la COP-16 celebrada en Cancún, en el año 2010, aunque el concepto general se propone en la COP-15 en Copenhague en el año 2009.
En la COP-17 en Durban, en 2011, la organización propuesta fue aprobada y se confirmó al Banco Mundial como Fideicomiso.
En la negociación final de la resolución de aprobación del Fondo Verde Climático de la COP-17 realizada en Durban, el G-77+China designó a Nicaragua para representar a los países en desarrollo, mientras que Estados Unidos representaba a los países desarrollados.
En 2018, Nicaragua fue elegido por los países en desarrollo en el Fondo Verde para el Clima para representarlos como Co-presidente de la Junta Directiva. Posteriormente ocupó un lugar como miembro de la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima en el año 2019, y ahora mantiene su participación como Asesor de la Junta Directiva.
Nicaragua también ha impulsado la inclusión de Perdidas y Daños en adición a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, para las finanzas climáticas.
En la COP 19 en Varsovia, Polonia, en el año 2013, se creó el Mecanismo Internacional de Varsovia de Pérdidas y Daños, con una activa participación de Nicaragua, superando la resistencia de Estados Unidos.
Nicaragua ha propuesto en las últimas Conferencias de las Partes (COP) que el tema de Pérdidas y Daños sea elevado a la misma categoría de Mitigación y Adaptación en la Convención Marco, para que de esta manera se puedan transferir y recibir recursos del cambio climático para la reconstrucción de los daños en países víctimas de desastres naturales causados por el cambio climático.
En la COP25 en Madrid, hubo un gran esfuerzo de varios estados, con un liderazgo de Nicaragua a buscar activamente aportes y fórmulas para resolver, todos bloqueados por Estados Unidos, mientras tanto se acumuló las perdidas y daños catastróficas en Dominica, Barbuda, Abaco y Gran Bahamas, entre otros.
Nicaragua representó al Comité Permanente de Finanzas en el Directorio Interino del Mecanismo de Perdidas y Daños. Se perdió todo el año discutiendo si “Pérdidas y Daños” debía incluir finanzas o no. Los países desarrollados encabezados por Estados Unidos bloquearon la inclusión de las finanzas. No es hasta 2018 que el Directorio del Mecanismo escribe al Comité Permanente de Finanzas de la Convención. En la COP24 el Secretario del Mecanismo estuvo presionando sobre finanzas y declaro que buscaría Fondos en el Fondo Verde del Clima. O sea, seis años después de fundado el Mecanismo de Perdidas y Daños de Varsovia todavía no hay financiamiento para las víctimas.
La solución científica y objetiva para las Perdidas y Daños fue presentada por el Presidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, al 70° Período de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en octubre de 2015 al expresar:
“El Gobierno y el Pueblo de Nicaragua esperan que, de la Conferencia de París, COP21, surja un Compromiso con la Justicia Climática, así como una indispensable Política de Indemnización, convertida en Cooperación directa e incondicional.”
“Los emisores y responsables de la depredación, la degradación, y los desajustes deben reconocer nuestras perdidas, y contribuir con la recuperación, para restituir el Derecho a la Salud y a la Vida de la Madre Tierra y de los Pueblos del Mundo”
Los diferentes estudios realizados por el Panel Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC en inglés) han determinado que Centroamérica es una de las regiones más vulnerables del mundo ante los efectos del cambio climático y Nicaragua ha sido activo con otros países SICA en tratar de lograr reconocimiento de las COP de ser muy vulnerables.
La posición de Nicaragua de defender las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, no son posiciones ideológicas sino realidades objetivas. El mundo entero exige que los países ricos y desarrollados pasen a la acción climática reduciendo drásticamente las emisiones y aumentando el financiando climático para los países pobres.
Política Nacional
El robusto marco legal nicaragüense, está acompañado de las políticas públicas de protección y cuido de la Madre Tierra y de una continuada actividad en los aspectos de mitigación, adaptación, pérdidas y daños, capacitación de recursos humanos y fortalecimiento institucional.
En el tema de REDD+, Nicaragua apoya los mecanismos que vincule la adaptación y mitigación, los enfoques de no mercado, los beneficios no carbono, el respeto a los pueblos indígenas mediante el principio de consentimiento previo, libre e informado y una visión de beneficios múltiples del bosque.
Las acciones de Nicaragua ante el Cambio Climático incluyen en el ámbito internacional la elaboración de tres Comunicaciones Nacionales; la Contribución Nacionalmente Determinada de Nicaragua (NDC) y a nivel nacional la Política Nacional de Cambio Climático de Nicaragua.
Todas las políticas y programas están basados en el modelo de inclusión, diálogo, alianza y consenso con el sector privado, los trabajadores, las familias y las comunidades, plasmado en la Constitución Política de Nicaragua, y para alcanzar los objetivos en el marco del desarrollo sostenible y del modelo Cristiano, Socialista y Solidario, con justicia, libertad, igualdad, solidaridad y responsabilidad social.
El Gobierno de Nicaragua, ha trabajado con un enfoque inter-sectorial con propuestas desde los principales actores del país y ha avanzado significativamente en las políticas públicas para el uso, protección, conservación y restauración de la Madre Tierra, promoviendo la participación activa de todas y todos los nicaragüenses a través de la responsabilidad compartida.
Nicaragua también ha realizado un gran esfuerzo para la meta de reforestación de 2.8 millones de ha. Se han comprometido con el Fondo Cooperativo del Carbono (FCPF) en reducir las emisiones en aproximadamente 11 millones de toneladas de Gases de efecto Invernadero (GEI) en cinco años y se recibirá a cambio incentivos positivos por 55 millones de dólares. La metodología y tecnología usado por el país ha sido aprobado internacionalmente para poder medir científicamente la captura de los (GEI).
A mayo de 2020 la matriz de generación es un 70% a base de fuentes
renovables: generación solar, eólica, hidroeléctrica,
geotérmica y biomasa, Sumado a esto, la cobertura eléctrica es del 97.2% y
la meta de este año es llegar al 98.4%,
siendo 54% en 2007.
I. Introducción
La preocupación sobre cómo la actividad humana produce un enorme daño a la naturaleza es un tema que comenzó con preocupaciones puntuales de destacados científicos e intelectuales, que fueron tomando fuerza a nivel internacional y derivó más adelante, en documentos de destacados grupos internacionales para culminar en la convocatoria de la “Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro” en 1992.
En septiembre de 1962 se publica el libro “Silent Spring” (Primavera Silenciosa) de Rachel Carson, que inició un enorme debate en Estados Unidos y Europa sobre los daños causados en el medio ambiente por el DDT.
La obra de Carson fue la primera denuncia pública del peligro del uso de plaguicidas sintéticos. El libro aportó una nueva perspectiva a la preocupación por el ambiente, marcó el avance en la mentalidad del “Conservacionismo” al “Ecologismo”. Cuando el DDT apareció en el mercado en 1942 se vio como la brillante respuesta para erradicar las plagas agrícolas y la malaria.
En 1972 ya se hablaba de una tragedia climática futura, con la publicación “Los Límites del Crecimiento: Informe al Club de Roma sobre el Predicamento de la Humanidad” donde se previene que “…si la industrialización, la contaminación ambiental, la producción de alimentos y el agotamiento de los recursos mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos cien años…”.
Ese año, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en Estocolmo, Suecia, se menciona por primera vez el término de desarrollo sostenible. Aquí se articuló el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente de calidad, tal que les permitiera llevar una vida digna y gozar de bienestar. En esta reunión fue establecido el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
En 1987, la Comisión Mundial Brundtland sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, publica “Nuestro Futuro Común” conocido como el Informe Brundtland, donde por primera vez se acuña el término Ecodesarrollo, definido como “…aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
En 1988, fue establecido el Comité Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), auspiciado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), una organización internacional constituida a petición de los gobiernos miembros y posteriormente ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En 1992, se produce la Cumbre de la Tierra en Río Janeiro donde los países prepararon tres tratados internacionales: la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC), planteó qué podían hacer los países para limitar los incrementos en la temperatura promedio global y los resultados del cambio climático. Se establece que “los recursos naturales del planeta, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras”. Los otros dos tratados aprobados en esta cumbre son el Convenio sobre Biodiversidad Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
A partir de aquí de Rio y las tres convenciones comienzan
años de negociaciones internacionales y de lucha interminable para que los principales responsables del deterioro global del medio
ambiente asuman sus responsabilidades en
revertir los daños y modifiquen el
sistema de depredación de las riquezas de la naturaleza.
II. Antecedentes de la participación de Nicaragua en la lucha frente al Cambio Climático
Desde la firma de los primeros compromisos internacionales relacionados al cambio climático, el papel de Nicaragua fue tangencial, participando en los grupos regionales de países, pero sin destacar en aportes y propuestas de fondo para revertir los efectos globales mencionados anteriormente.
Desde el 2007 con la llegada del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional encabezado por el Presidente Daniel Ortega Saavedra y la hoy Vice Presidenta Rosario Murillo Zambrana, la política de defensa de la Madre Tierra volvió a ser centrada en las prioridades nacionales.
El GRUN ha considerado que el Cambio Climático es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de Nicaragua y uno de los principales riesgos que enfrenta la humanidad, así, tanto la política internacional como nacional han reflejado esta primera prioridad.
En junio de 2008, el Padre Miguel D’Escoto fue elegido Presidente del Sexagésimo Tercer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde inicios de su mandato, el Padre D´Escoto sentó precedente al ejercer un liderazgo político audaz y decisivo, que coincidió con el estallido de la crisis financiera de 2008. D’Escoto desafió abiertamente al monopolio y exclusión de los P-3, la G-8 y las instituciones de Bretton Woods, dando apertura a una conversación global [de los G-192] en la Asamblea General sobre la crisis económica mundial.
También nombró una Comisión de Expertos sobre las reformas del sistema monetario y financiero internacional, presidido por el Profesor Joseph Stiglitz, para sentar las bases para la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial y Sus Impactos en el Desarrollo, que se celebró en junio de 2009 en Nueva York.
Al terminar su mandato en la Asamblea General, el Padre Miguel D’Escoto emprendió una iniciativa política para reinventar y democratizar las Naciones Unidas, incluyendo una propuesta para una Carta actualizada de la ONU, con una serie de acciones para desenmascarar la política hegemonista e imperial de los Estados Unidos de América y promover el derecho internacional, el multilateralismo y los derechos de la Madre Tierra.
Desde que asume el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) en 2007, se ha puesto en práctica una política de protección y defensa de nuestra Madre Tierra, lo que se manifiesta en los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo Humano. En concordancia con esta política, Nicaragua fue la primera signataria de la “Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y la Humanidad” en el año 2010.
El Estado de Nicaragua ha trabajado intensa y dignamente con la comunidad internacional en la promoción de la acción colectiva en materia del cambio climático, manteniendo una posición firme y coherente en defensa del medio ambiente y haciendo esfuerzos continuados para incrementar la adaptación, la mitigación y las pérdidas y daños, consecuencia del deterioro climático mundial en el pueblo nicaragüense.
El esfuerzo diplomático en las negociaciones internacionales sobre este tema y el apego al punto de vista científico sobre este flagelo planetario, ha hecho que nuestro país logre importantes consensos entre los países en desarrollo, logrando incluso, su participación destacada en diversos órganos de consulta y financieros de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) en representación de todos los países en desarrollo.
A nivel nacional, en los últimos 13 años se ha consolidado todo un amplio marco jurídico que sienta las bases para que el país pueda hacerles frente a los efectos adversos que la variación climática mundial está produciendo precisamente en los países como el nuestro que, proporcionalmente, somos de los menos contaminantes.
El robusto marco legal nicaragüense, está acompañado de las políticas públicas de protección y cuido de la Madre Tierra y de una continuada actividad en los aspectos de mitigación, adaptación, pérdidas y daños, capacitación de recursos humanos y fortalecimiento institucional. Adicionalmente, se tiene una efectiva promoción de la participación del sector privado en inversiones en sectores sensibles para esta respuesta al cambio climático, tales como energía renovable, plantaciones forestales comerciales, transformación de sistemas agropecuarios sostenibles, soluciones agroforestales, silvopastoriles y educación ambiental.
En esta línea el GRUN ha cumplido las metas, compromisos y acuerdos de la Convención Marco y se han definido las metas de reducción de emisiones a través de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, en inglés), las que en la actualidad están en proceso de revisión y mejoramiento. Además, se ha definido una Política Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, garantizando de esta manera una actuación coherente y sistemática a favor de la protección de la Madre Tierra y de reducir con nuestros propios recursos, los efectos del cambio climático.
Este trabajo pretende sistematizar los esfuerzos que, como país, Nicaragua ha venido haciendo desde el 2007 para proteger a la nación de los efectos del cambio climático, así como de las gestiones a nivel internacional para que los principales responsables de la crisis climática actual respondan como es debido, con base a sus responsabilidades históricas, asumiendo ambiciones lo suficientemente robustas para evitar un aumento de temperatura promedio global mayor a 1.5ºC a final de siglo, una lucha que se sigue a la fecha.
Mensaje del Presidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, al 70° Período de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, octubre de 2015:
“El Gobierno y el Pueblo de Nicaragua esperan que, de la Conferencia de París, COP21, surja un compromiso con la Justicia Climática, así como una indispensable Política de Indemnización, convertida en cooperación directa e incondicional”. “Los emisores y responsables de la depredación, la degradación, y los desajustes deben reconocer nuestras perdidas, y contribuir con la recuperación, para restituir el Derecho a la Salud y a la Vida de la Madre Tierra y de los Pueblos del Mundo”.
III. Participación de Nicaragua en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Nicaragua ratificó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 1995 y en 1999 fue ratificado el Protocolo de Kioto. Estos instrumentos internacionales establecieron mandatos y compromisos para los países desarrollados, estando dentro de los más relevantes el principio de ¨Responsabilidades Comunes pero Diferenciada, los mecanismos de desarrollo limpio, transferencia tecnológica y compromisos de reducciones legalmente vinculantes para los países desarrollados conocidos como Anexo I. Estos compromisos para el primer periodo, que venció en el 2012, consistieron en una reducción del 5% de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) respecto de 1990.
Para los europeos y japoneses el protocolo de Kioto tuvo un grave defecto de nacimiento, Estados Unidos, el país con las mayores emisiones históricas de aquel entonces, suscribió el acuerdo, pero el congreso no lo ratificó.
Bajo un largo proceso de negociación, la Conferencia de las Partes (COP-13) celebrada en Bali, Indonesia, se estableció el Plan de Acción de Bali con dos grupos especiales de trabajo, la cooperación de largo plazo (AWG-LCA) y el grupo especial de compromisos bajo el Protocolo de Kioto (AWG-KP). Todo el proceso de Bali para involucrar a Estados Unidos, a pesar de no estar dentro del Protocolo de Kioto. Eso comenzó un largo proceso de los países Anexo I, sobre todo la Unión Europea con los países de la derecha latinoamericana haciendo concesiones para acomodar demandas de Estados Unidos, debilitando el proceso de negociación.
En el Plan de Acción de Bali, se definieron los pilares de la convención, siendo estos la visión compartida, la adaptación, la mitigación, la transferencia tecnológica y el financiamiento.
El cambio de un acuerdo vinculante, por uno no legalmente vinculante, la postergación de acción al 2020, el intento de no identificación a China como país en desarrollo y el estatuto legal ambiguo (“producto acordado con fuerza de ley”), pero no legalmente vinculante, fueron acordados para satisfacer a Estados Unidos y lograr un aceptado Acuerdo de Paris.
Ambos grupos especiales fueron suspendidos en la COP17 en Durban, y se creó la Plataforma de Durban como un grupo de trabajo para negociar un futuro acuerdo y compromisos en el 2015 en Francia. La Plataforma de Durban es una hoja de ruta impuesto por los países desarrollados que consiste en los siguientes principios:
- Los grandes países emisores acordaron entre sí, negociar un acuerdo para el 2015 que entraría en vigencia después del 2020.
- No sería legalmente vinculante como el Protocolo de Kioto.
- Se incluirían todos los países del mundo y no contendría el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
- Sería un producto acordado con fuerza de ley bajo la convención.
Nicaragua en las negociaciones internacionales ha tenido una participación muy consistente con los mandatos de nuestro GRUN, y se ha participado con alianzas de países amigos como el ALBA, LMDC (Países en Desarrollo con Ideas Afines), GRULAC, Grupo Africano y el SICA, entre otros. Se ha demandado con fuerza la falta voluntad política de los países desarrollados en resolver en forma responsable los aspectos fundamentales del cambio climático, como es el financiamiento y el nivel de ambición de la reducción de los GEI. En términos específicos nuestro país tiene las siguientes posiciones:
- En adaptación, se considera como la prioridad nacional y debe existir un financiamiento permanente y suficiente para enfrentar los impactos del cambio climático.
Los recursos financieros para la adaptación en países en desarrollo deben realizarse conforme a los principios de equidad y justicia, priorizando a los países que tengan mayores necesidades y riesgos, según su situación de vulnerabilidad.
La urgencia de operativizar y capitalizar el mecanismo internacional para la rehabi-litación y la compensación por pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático, según las decisiones de la COP 19 en Varsovia.
- La mitigación es voluntaria y no debe de existir ningún compromiso que implique un monitoreo, reporte y verificación (MRV). La mitigación debe ser una política vinculada al cambio de la matriz energética y al fomento de la inversión privada para reducir costos.
- Sobre el financiamiento, Nicaragua demandó la operativización real del Fondo Verde Climático por medio de los US$100 mil millones anuales prometidos en Copenhague en 2009 y reiterados en la COP16 en Cancún. Estos fondos deben de ser nuevos, adicionales y suficientes. En este tema, Nicaragua ha sido parte del Comité Permanente de Finanzas de la UNFCCC (Standing Committee of Finance) y miembro del Fondo de Adaptación.
En relación al Protocolo de Kioto, Nicaragua en la COP de Doha, expresó reservas en adoptar el segundo período de compromisos del Protocolo de Kioto, por la baja ambición de reducciones por parte de los países desarrollados y la puesta en marcha del Fondo Verde Climático sin los US$100 mil millones prometidos.
Nicaragua reafirmó que el segundo período de compromisos bajo el Protocolo de Kioto debería establecer compromisos acordes con la ciencia y de carácter obligatorio para todos los países Anexo I.
En el segundo período del Protocolo subieron el nivel de ambición a una reducción del-18% del nivel del año 1990, mientras Nicaragua abogo por un -30%, a los europeos les intereso mantener la base jurídica del acuerdo de mercado europeo de carbono con sus mercados de carbono (“offset”).
En el tema de REDD+, Nicaragua apoya los mecanismos que vincule la adaptación y mitigación, los enfoques de no mercado, los beneficios no carbono, el respeto a los pueblos indígenas mediante el principio de consentimiento previo, libre e informado y una visión de beneficios múltiples del bosque.
Nicaragua no está de acuerdo a los mercados de carbono conocido como “offset” (compensación), principalmente a los nuevos mercados que se puedan generarse en el segundo periodo compromiso y al mercado regulado por la UNFCCC. Por ser más bien un mecanismo para seguir contaminando más que un acuerdo efectivo de reducción de emisiones, se sube el costo de las emisiones, pero eso sería la misma situación. El impacto en el medio ambiente es más nocivo.
IV.1. La participación de Nicaragua en los diferentes grupos de países
EN EL ALBA:
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (“ALBA”). Este grupo se constituyó a partir de un acuerdo inicial entre Cuba y Venezuela (2004), al que se sumaron posteriormente Bolivia (2006), Nicaragua (2007), Dominica (2008), Ecuador, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas (2009), Santa Lucía (2013). En el tema del cambio climático, el ALBA ha sido uno de los grupos más activos en el marco de las negociaciones climáticas. Las islas miembros también son miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS).
EN EL SICA:
En este espacio del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) participan activamente los siguientes estados miembros: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
Al ser Centroamérica una de las regiones más vulnerables ante el cambio climático, este pilar es fundamental. En este campo se han logrado avances significativos en la coordinación y regionalización de proyectos, mediante procesos liderados por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), que benefician a la población centroamericana.
Durante la Pre-COP 24 en San José en octubre de 2019, la región fijó una posición conjunta para hacer un llamado a reforzar la “Acción Climática” en la región, fortalecer los medios de implementación y flexibilizar los mecanismos de financiamiento para la adaptación y mitigación al cambio climático.
EN LA CELAC:
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es una organización regional intergubernamental que reúne a los países de América Latina y el Caribe, sin la injerencia de Estados Unidos y Canadá. Nace en caracas en diciembre 2011. En las negociaciones del Cambio Climático, la existencia del Grupo de Lima como posiciones cercanas a Estados Unidos y los Países desarrollados ha debilitado el actuar del grupo.
Esta alianza de países latinoamericanos mantiene una posición beligerante en las negociaciones climáticas es la fuente para las elecciones de autoridades en los diferentes mecanismos de la Convención Marco.
EN EL GRULAC:
El Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) es la agrupación representativa de los 33 países de la región en el marco de las Naciones Unidas, constituida con la finalidad de fomentar el diálogo y la concertación entre ellos. Para efectos de la negociación relativa al cambio climático, la coordinación del GRULAC se decide por los países de la región en la sede de la ONU, en Nueva York, y se renueva con periodicidad. También tiene un peso específico importante en las negociaciones climáticas y en la elección de autoridades en los diferentes mecanismos de la Convención. Cabe destacar el apoyo que este grupo ha dado para que Nicaragua sea miembro rotativo de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima y el Comité Permanente de Finanzas de la Convención. Nicaragua ha sido postulada por República Dominicana, para ocupar la Vicepresidencia de la COP26 en Glasgow en 2021.
EN EL GRUPO G77+CHINA:
Es un grupo de países en vías de desarrollo y menos desarrollados con el objetivo de ayudarse, sustentarse y apoyarse mutuamente en las deliberaciones de la ONU.
Al año 2015 el grupo estaba conformado por 134 países, los que unidos sólo por la condición de ser países en desarrollo intentan, con dificultad creciente, conciliar intereses que resultan con frecuencia contradictorios. En el grupo participan países insulares cuya supervivencia a largo plazo pudiera depender de una drástica intervención colectiva para la mitigación del cambio climático, así como países exportadores de hidrocarburos, cuyos ingresos se verían afectados por una política generalizada y ambiciosa de reducción de emisiones, que haga caer la demanda global de combustibles fósiles.
Al igual que en CELAC, la existencia del Grupo de Lima, la derecha latinoamericana, ha limitado la efectividad del grupo, al mantener posiciones similares a la de los países desarrollados.
EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO CON IDEAS AFINES (LMDC)
Ante las limitaciones en representar a la derecha latinoamericana en el Grupo G77+China, un grupo de países con las posiciones más beligerantes formaron el Grupo de países de Ideas Afines (like-minded).
Nicaragua participa activamente en el grupo de países denominado “Países en Desarrollo con Ideas Afines” (LMDC en inglés) los cuales también tienen un peso específico importante en las negociaciones climáticas. Sobre la base de la responsabilidad histórica de los países desarrollados en el cambio climático, los LMDC´s plantean la inequidad que representaría el hecho de que, en la fase actual, los países en desarrollo asuman mayores responsabilidades y emprendan acciones más efectivas que las que ya están implementando.
IV.2. El Mecanismo de Varsovia sobre Pérdidas y Daños
En la COP 19 en Varsovia, Polonia, en el año 2013, se creó el Mecanismo Internacional de Varsovia de Pérdidas y Daños, con una activa participación de Nicaragua, superando la resistencia de Estados Unidos.
Nicaragua ha propuesto en las últimas Conferencias de las Partes (COP) que el tema de pérdidas y daños sea elevado a la misma categoría de mitigación y adaptación en la Convención Marco, para que de esta manera se puedan transferir y recibir recursos del cambio climático para la reconstrucción de los daños en países víctimas de desastres naturales causados por el cambio climático.
En la COP25 en Madrid, hubo un esfuerzo de varios estados para proponer aportes, fórmulas, todos bloqueados por Estados Unidos mientras tanto se acumulan las pérdidas y daños catastróficas en Dominica, Barbuda, Abaco y Gran Bahamas.
Nicaragua represento al Comité Permanente de Finanzas en el Directorio Interino del Mecanismo. Se perdió todo el año discutiendo si “Pérdidas y Daños” debía abarcar finanzas o no. Los países desarrollados encabezados por Estados Unidos bloquearon la inclusión de las finanzas. No es hasta 2018 que el Directorio del Mecanismo escribe al Comité Permanente de Finanzas de la Convención. En la COP24 el Secretario del Mecanismo estuvo presionando sobre finanzas y declaró que buscaría Fondos en el Fondo Verde del Clima.
La acción y financiamiento para el Mecanismo de Pérdidas y Daños en los países en desarrollo es muy complejo y de gran magnitud, y resulta casi imposible que lo asuman solamente los Estados por sí mismos. Por lo tanto, será necesario movilizar fondos privados, nacionales y extranjeros para involucrarlos en todas estas actividades bajo el principio de las responsabilidades compartidas.
IV.3. Reconocimiento de vulnerabilidad de Centroamérica ante el cambio climático
Los diferentes estudios realizados por el Panel Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC en inglés) han determinado que Centroamérica es una de las regiones más vulnerables del mundo ante los efectos del cambio climático.
Se estima que la pérdida de cultivos por las inundaciones y la sequía, así como tormentas tropicales y huracanes ha dejado millones de personas que necesitan asistencia humanitaria en la región. La pérdida de infraestructura productiva regional, las pérdidas de miles de viviendas y zonas productivas representan un profundo impacto negativo en las economías de los pueblos centroamericanos, con elevadísimos costos de recuperación y reconstrucción.
IV.4. El Principio de Responsabilidades comunes pero diferenciadas
Las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, no son posiciones políticas sino realidades objetivas. Este principio postula que, aunque todos tenemos responsabilidad en el deterioro del medio ambiente, UNOS PAÍSES TIENEN MÁS RESPONSABILIDADES QUE OTROS y algunos países han logrado un alto nivel de desarrollo a costa de producir un deterioro mayor global del medio ambiente. Unos pocos países han sido y siguen siendo los responsables del mayor porcentaje de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI).
Mantener que todos somos responsables histó-ricamente por el cambio climático equivaldría a decir que todos participábamos por igual en la Revolución Industrial, así como en la masiva acumulación de capital resultado de la misma, lo cual es absurdo.
Mantener que todos somos iguales y universalmente responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero hoy en día, es decir que los 100 países de menores emisiones, que suman 3% del total, tienen la misma responsabilidad que los diez países de mayores emisiones que tienen 72% del total, lo cual es una gran injusticia.
A la vez, es equivalente a decir que la mayoría de los países con menos de una tonelada de CO2e per cápita, tienen la misma responsabilidad que los países que producen 16 a 18 toneladas per cápita, lo cual no es cierto.
IV.5. El aumento de la ambición de los grandes emisores.
Las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) definidas por las Partes de la Convención, no son suficientes para alcanzar las metas de reducción establecidas en el Acuerdo de París. Con las actuales metas de reducción el aumento mínimo de temperatura promedio mundial alcanzará los 3ºC por encima de la época pre-industrial (Un poco mejor que el del Acuerdo de Paris que fue de 3.7ºC), lo que se traducirá en un aumento de entre 4ºC y 6ºC en los países y pequeñas islas del trópico y los desiertos, así como las zonas áridas, lo que será catastrófico para esos pueblos y en el peor de los casos, significará su desaparición.
Existe la necesidad de que los países que son Partes del Acuerdo de París y principalmente los países que son mayores emisores de gases de efecto invernadero (GEI), aumenten sus ambiciones y metas de reducción de emisiones porque sólo aumentando las ambiciones se podrá cumplir la meta de “Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales”.
El mundo entero exige que los países ricos y desarrollados pasen a la acción climática reduciendo drásticamente las emisiones y aumentando el financiando para el desarrollo de los países pobres. El mundo exige que se evite la catástrofe de no poder limitar el aumento de la temperatura promedio mundial en 1.5ºC, lo cual pasa porque se aumenten las ambiciones en las metas de reducción de las NDC.
El anuncio de Estados Unidos de su retirada del Acuerdo de Paris, indica que dicho país no quiere colaborar en el esfuerzo global de aumentar ambiciones. Ese retiro se produjo, no obstante, años después de que la Unión Europea y la derecha latinoamericana, debilitaran las negociaciones mediante “concesiones” interminables para satisfacer a Estados Unidos, pero todo sin éxito al final.
IV. La COP 15 y la participación del ALBA, con Nicaragua como vocero, ante el “Acuerdo de Copenhague”
La Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de Copenhague, Dinamarca, la COP 15, se llevó a cabo en diciembre de 2009. En esta sesión se congregaron, entre el 16 y el 18 de diciembre, en el segmento de Alto Nivel, más de 100 jefes de Estado o de Gobierno, porque se esperaba la conclusión del Plan de Acción de Bali (diciembre de 2007).
Las expectativas de un acuerdo definitivo sobre el tema de cambio climático eran enormes, además de los 100 jefes de estado y gobiernos presentes en Copenhague, los medios de comunicación mundiales destacaban esto como el elemento más importante del momento y las ONGs que estaban en las calles de las capitales del mundo tenían grandes expectativas de un acuerdo.
El rumor, generado casi desde el inicio de la COP 15, sobre la existencia de un documento alterno a los proyectos de trabajo que tenían los Grupos de Trabajo y que buscaría ser llevado al pleno de la reunión del segmento de Alto Nivel, provocó acusaciones entre los negociadores respecto a la transparencia del proceso, e incluso, sobre el proceso mismo.
Lo cierto es que, durante el segmento de Alto Nivel, por lo menos 20 Jefes de Estado realizaron consultas informales para redactar un documento alterno, que pretendía destrabar en último minuto el proceso de negociación del Plan de Acción de Bali. Al final era un documento redactado por Estados Unidos que fue acordado con la China con la intermediación de Brasil llamado el “Acuerdo de Copenhague” que se dio a conocer el 18 de diciembre por el Presidente de la convención.
La reunión plenaria final del COP 15 se postergó a las 20 horas del viernes 18 de diciembre de 2009, sin embargo, a las 22 horas el Presidente Barack Obama anunció desde el aeropuerto de Copenhague antes de partir que ya se había llegado a un Acuerdo de Copenhague. Esto a pesar de que la reunión plenaria no había sido convocada todavía.
Obama estaba bajo fuerte presión de lograr algún acuerdo, ya que había ido a Copenhague unas semanas antes para lograr sin exito los Juegos Olímpicos de 2016 para su ciudad de residencia Chicago, Illinois. Los medios opositores en Estados Unidos decían que iba a gastar en combustible del AIR FORCE otra vez sin resultados.
Causó un malestar entre los países en desarrollo ni siquiera los tomaron en cuenta, a las 23 horas no se convocó la reunión, sino que se postergó hasta las 3:30 am del día siguiente sabiendo que a esa hora el Presidente de la conferencia, el Primer Ministro Lars Løkke Rasmussen de Dinamarca. presentó el llamado Acuerdo de Copenhague a la COP. Si la esperanza de la reunión tan tarde era que iban a haber menos gente no se produjo ya que todas las delegaciones estaban presentes.
Rasmussen anunció que las delegaciones tenían una hora para considerar el documento y consultar con sus grupos de negociación y sus capitales y se convocaría nuevamente para las 4:30 am. Ante esta provocación había múltiples países pidiendo punto de orden y se escuchó a Rasmussen decir claramente en micrófono abierto que no habría ningún punto de orden, la delegación de Nicaragua se acercó a Ban Ki-moon, y declaró “señor Ban Ki-moon usted sabe que él tiene que reconocer los puntos de orden”. Entonces Ban Ki-moon y el Secretario Ejecutivo de la UNFCCC Yvo de Boer convencieron a Rasmussen de empezar a escuchar los puntos de orden.
Mientras se presentaban los puntos de orden, el grupo ALBA decidió que no se había llegado a una decisión de los grupos de trabajo del Protocolo de Kyoto y así no estaba cumpliendo su objetivo la reunión y propusieron con la delegación de Nicaragua como su vocero que se dejara la reunión abierta para retomar los temas en seis meses, o sea en junio de 2010.
La propuesta ALBA de postergación desató febriles consultas entre los organizadores de la reunión y después de más de media hora de consideración ellos llegaron a la bandera de Nicaragua para negociar con ALBA. El señor Ban Ki-moon planteó de ¿Qué es lo que requeriría ALBA en cuanto al documento “Acuerdo de Copenhague”? La respuesta fue de una no aprobación, sino simplemente “tomar nota del documento” que no debía estar en membrete de Naciones Unidas ni tener un número, o sea iba a ser un “No Documento” (“Non Paper”).
Para no encarar el fracaso completo del documento el Presidente de la Conferencia aceptó eso y se declaró que COP 15 había tomado nota del documento “Acuerdo de Copenhague” en las condiciones estipuladas, eso comenzó una serie de intervenciones posteriores, una de las cuales por parte del representante del G77 +China, Lumumba Di-Aping delegado por Sudán del Sur, declaró que era muy importante no aprobar al Acuerdo de Copenhague porque eso hubiese representado un holocausto para los países africanos.
El uso del término “holocausto” por parte del representante del G77 +China provocó una veintena de intervenciones condenando la falta de sensibilidad al utilizar el término holocausto debido al genocidio de de la Segunda Guerra Mundial. Esto dio un tiempo para que regresara al COP 15, Edward Miliband, Secretario de Estado de Energía y Cambio Climático del Reino Unido. Miliband tenía la encomienda de salvar la cara de Obama en cuanto al Acuerdo de Copenhague y anunció que los que se adhirieran al Acuerdo de Copenhague habría un fondo de US$30,000 millones (Initial Fast Stand) para ser distribuido en los próximos 3 años.
Hillary Clinton Secretaria de Estado de Estados Unidos había anunciado anteriormente que los países desarrollados podrían aportar US$100,000 millones anuales a partir del año 2020. Ban Ki-moon usó los US$30,000 millones para tratar de doblegar a los países ALBA y aceptar una aprobación del Acuerdo de Copenhague, pero resistieron. Había varios países sobre todo los pequeños Estados Isleños que hablaron sobre la importancia de poder acceder a los fondos ofrecidos. Ian Fry, Embajador para el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Tuvalu declaró “están pidiendo que traicionemos nuestros países por los 30 pedazos de plata de Judas Escariote”.
En fin, la reunión terminó hacia las 10 am del domingo 20 de diciembre sin poder llegar a un acuerdo. No obstante, lo anterior Yves de Boer como Secretario Ejecutivo de UNFCCC y Ban Ki-moon como Secretario General de Naciones Unidas invitaron a los países a adherirse al Acuerdo de Copenhague para poder participar en el “Fondo de Inicio Rápido”, poniendo la lista de países con sus adhesiones en los sitios web de sus instituciones respectivamente. Esto fue una flagrante violación de la buena fe de la negociación del COP, como el documento nunca fue aprobado sino solo tomada nota.
La vasta mayoría de los países incluido Nicaragua nunca vieron nada del fondo de US$30,000 millones y el artificio de Estados Unidos de los US$100,000 millones a partir de 2020 sirvió para producir una década perdida de bajo nivel de acción climática en el peor momento.
El ALBA se opuso a la propuesta por la falta de transparencia, la exclusión del proceso de decisión y lo antidemocrático del proceso en Copenhague, aparte de desacuerdos sustantivos.
Las decisiones de la Conferencia fueron simples: dado que el Grupo de Trabajo Especial del Protocolo de Kioto, no pudo concluir sus negociaciones (tal y como lo mandató el Plan de Acción de Bali) entonces se le extendió su mandato tanto a éste Grupo como al de Trabajo Especial para la Cooperación a Largo Plazo. En tanto que sobre el Acuerdo de Copenhague solo se tomó nota de su presentación en el pleno.
La forma en que se realizó la redacción, y, precisamente por la manera en que fue dado a conocer su existencia, fueron los motivos centrales que llevaron a que la Cumbre del Clima del año 2009 terminase de manera abrupta, con la confianza entre los actores destrozada, y con la sensación de que la diplomacia climática había obtenido un rotundo fracaso en la capital danesa.
En lo relativo a la mitigación, el Acuerdo de Copenhague puede dividirse en dos grandes bloques. Por lo que corresponde a los países desarrollados, se señaló que los países Anexo I fortalecerían las acciones de mitigación ya iniciadas en el marco del Protocolo de Kioto y que las metas de reducción incluirían todos los sectores económicos de cara al 2020, dio un año base de referencia y no se creó un objetivo global de reducción, con lo que Nicaragua no estuvo de acuerdo.
Una modificación sustantiva fue la condición de que los países No-Anexo I realizarían acciones de mitigación apropiadas a sus capacidades. En ese sentido el Acuerdo de Copenhague sostuvo que los Países Menos Adelantados y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo podrían emprender acciones equiparables al respaldo financiero que recibieran del exterior. Los países en desarrollo que no se encontrasen en el supuesto anterior deberían apelar a sus propias capacidades nacionales para implementar acciones de mitigación, aunque debieran estar o no respaldadas con financiamiento externo. Para las acciones de mitigación no respaldadas con financiamiento internacional, éstas se deberían dar a conocer cada dos años a través de las Comunicaciones Nacionales.
En lo que se refiere a la adaptación, el Acuerdo de Copenhague reconoció que es un desafío para todos los países del mundo, por lo que se habló de la necesidad de implementar un programa de adaptación amplio que contará con financiamiento internacional. El Acuerdo de Copenhague comprometió cerca de US$30 mil millones para el periodo 2010-2012 (Fast Track). Los países desarrollados se comprometieron a movilizar US$100 mil millones al 2020.
En lo que respecta a tecnología, el Acuerdo propuso crear un Mecanismo de Tecnología que se aplicaría de manera individual y que habría de ser sujeto de financiamiento internacional. Se estableció como fecha límite el 31 de enero de 2010, para que los países se adhirieran al Acuerdo de Copenhague, sin embargo, se abrió la posibilidad de que aún después de esa fecha los países que así lo decidieran pudieran sumarse.
En resumen, gracias a la resistencia de un grupo de países ALBA (Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela) no se aprobó la propuesta, sino solo se “tomó nota” de la misma. La destacada participación y liderazgo de Nicaragua en estas negociaciones, le valió el reconocimiento de muchos países en desarrollo.
V. La COP 21 y el Acuerdo de París
La COP 15 en Copenhague, resultó en verdadero desastre por la pretensión de los países desarrollados, al tratar de imponer a los países en desarrollo un Acuerdo elaborado en Washington.
Ante ese fracaso, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático continuó sus negociaciones en forma establecida por varios años hasta llegar a la COP21. Nicaragua priorizó en estas, mantener y defender la letra y el espíritu de la Convención de Cambio Climático, lo cual lo sigue haciendo, ahora en la implementación del Acuerdo de París.
Esos cinco años de negociaciones fueron muy arduos y difíciles. Los países desarrollados cerraron filas en retrasar todo lo referido al Protocolo de Kioto, priorizando sus posiciones y acciones en las negociaciones del Nuevo Acuerdo, exigiendo que los países en desarrollo implementaran solamente acciones de Mitigación y dejando en un segundo plano todo lo referente a la Adaptación y Pérdidas y Daños.
En noviembre del 2015, tuvo lugar en París, Francia, la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP 21).
Los países desarrollados propusieron 2ºC como objetivo y los países en desarrollo 1ºC como objetivo. La posición de 1ºC tenía una debilidad porque las emisiones de gases de efecto invernadero ya estaban llegando a ese nivel. Nicaragua y Bolivia negociaron 1.5ºC en vez de 1ºC, eso fue aceptado por la COP y el Acuerdo de Paris plantea lograr frenar el alza de temperatura en menos de 2ºC y preferiblemente en 1.5ºC, posteriormente Nicaragua y Bolivia argumentaron que la meta de 2ºC tenía su estudio del IPCC sobre lo que se requiere para llegar a dicho resultado. Se señaló que 1.5ºC no iba a ser un objetivo real si no había también otro estudio señalando que es lo que se tiene que hacer para frenar el alza en ese nivel. Eso también fue aprobado por COP-21 y el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, fue encomendado revisar el trabajo e informar para 2018. La IPCC cumplió con dicho plazo y el estudio de 1.5ºC ya marca la pauta que defienden los países en desarrollo en materia de cambio climático. El informe postula que para frenar a 1.5ºC en este siglo se tiene que cortar las emisiones en un 45% para 2030 y llegar a las emisiones netas cero para 2050.
Nuestra delegación argumentó las debilidades del Acuerdo de París ya que las ambiciones para reducir las emisiones de dióxido de carbono eran insuficientes para limitar la temperatura a 2ºC y menos lograr 1.5ºC, y se alertó sobre las consecuencias catastróficas para nuestros pueblos si los países desarrollados no cumplían sus metas de reducciones. Estos argumentos hicieron eco en todo el mundo y fueron apoyados por centenares de organizaciones ambientalistas, centros científicos, algunos países desarrollados y muchos países en desarrollo que no tuvieron el coraje de no seguir las instrucciones del imperio.
A pesar de las presiones que la delegación de Nicaragua sufrió por parte de países desarrollados, y del acto antidemocrático del presidente de la COP21, en no ceder el derecho a la palabra de Nicaragua, la delegación se mantuvo firme con el mandato de nuestro Presidente de la República.
El mandato era claro, no oponerse ni objetar el Acuerdo de París, sino más bien, señalar las debilidades de éste y de los requerimientos para limitar el aumento de la temperatura en 2ºC como máximo o 1.5oC según la ciencia, a fin de evitar una catástrofe climática. Básicamente, se quería expresar la necesidad de aumentar la ambición en la reducción de emisiones de países desarrollados y altamente emisores, asegurar la movilización de recursos financieros en el Fondo Verde del Clima en proyectos de adaptación, garantizar la capitalización del mecanismo de compensación de pérdidas y daños y convertir el Acuerdo de París en un instrumento legalmente vinculante.
En horas de la madrugada del último día de las negociaciones, Nicaragua no aceptaba que el Acuerdo de Paris solamente mencionase limitar la temperatura 2oC.; las negociaciones se trabaron por varias horas, ante la insistencia y los argumentos irrefutables de Nicaragua y ya con el apoyo de Bolivia, la delegación de Estados Unidos le propuso a Nicaragua para poder cerrar las negociaciones en ese tema que se incluyera el siguiente lenguaje: “y de proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1.5ºC”, el cual fue acordado ante la alegría de muchos países en desarrollo que no creían que los 1.5oC pudiesen ser incluidos, tal como quedó reflejado en el Acuerdo de París.
Nicaragua también batalló contundentemente esa misma madrugada para incluir en el Acuerdo de París, que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) presentara en 2018, un informe especial sobre los efectos que produciría un calentamiento global de 1.5ºC. Los países desarrollados se oponían rotundamente a que se realizara ese informe, sabían muy bien que eso corroboraría nuestros argumentos en todo el proceso de las negociaciones.
Nuevamente, ante las explicaciones y firmeza de Nicaragua, los países desarrollados se vieron obligados a aceptar lo propuesto y el IPCC publicó el estudio e informe en 2018. Estos dos grandes logros de Nicaragua, entre otros, han sido vitales en el desarrollo del Acuerdo de París.
En octubre del 2017, Nicaragua firmó la adhesión de nuestro país al Acuerdo de París, porque ya había consenso entre la vasta mayoría de los países que los compromisos de 2015 eran insuficientes y se esperaba más ambición, posición que se sigue vigente e incluso era el tema principal de la COP25 en Madrid, y a la cual el Secretario General de la ONU Antonio Guterres, llamo “La COP de la ambición”.
Después de haber pasado cuatro años del Acuerdo de Paris, la posición de Nicaragua sobre cambio climático sigue más vigente que nunca. Las emisiones continúan en ascenso, las anomalías en el incremento de la temperatura siguen creciendo, los países desarrollados no asumen acciones concretas para cumplir sus metas de reducciones, ni la brecha financiera para dotar de medios de implementación a los países en desarrollo.
Todas las predicciones de Nicaragua se están cumpliendo, lo cual nos preocupa grandemente. Según el artículo que se titula: Es tiempo de revisitar la posición inicial de Nicaragua en el Acuerdo de París, publicado el 9 de septiembre 2018 por Journal of Diplomacy, Nicaragua fue el único país del mundo en elevar su voz para defender a los pueblos vulnerables del cambio climático y denunciar el nulo compromiso político de los países desarrollados para disminuir los impactos ambientales del cambio climático.
A raíz de la Cumbre Global Climática que se desarrolló en San Francisco, California, en septiembre 2018 y la Cumbre del Clima en las Naciones Unidas, en Nueva York en septiembre 2019, miles de organizaciones y gremios protestaron en las calles por los bajos resultados del Acuerdo de París y el incremento acelerado de las emisiones de dióxido de carbono que repercutirán en aumentos de temperatura superiores a los 3oC. También se contabilizan miles de personas protestando en Brasil, Nigeria, India, Australia, Estados Unidos y Francia, entre otros países.
Actualmente en el mundo, ya casi nadie se refiere a los 2oC, inclusive, son muy pocos y contados con los dedos de la mano, los países desarrollados que hacen mención a esto.
El mismo Secretario General de
Naciones Unidas, Sr. Antonio Guterres, ha asumido como
prioridad y ha recalcado la urgente necesidad
de los 1,5oC, así como de
proveer el financiamiento necesario
para las acciones de Adaptación y Mitigación de los países en desarrollo,
en el cumplimiento de sus Contribuciones Nacionales Determinadas, y, por ende,
reafirmado la razón histórica de Nicaragua.
VI. Participación de Nicaragua en las Instancias sobre Finanzas Climáticas
El Comité Permanente de Finanzas es el órgano especializado en finanzas climáticas la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y Nicaragua ha sido miembro pleno por el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC).
La representación de Nicaragua ha tenido una destacada participación por sus posiciones en las diferentes reuniones de instancias como: Comité Permanente de Finanzas (SCF), Fondo de Adaptación y Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), siendo estas las siguientes:
- Es urgente que comencemos a basar nuestras políticas y acciones contra el cambio climático más en la ciencia, y no sólo en compromisos políticos que tienden a reducir las emisiones de CO2 al mínimo denominador común.
- La ciencia indica que sólo tenemos hasta 2020, para comenzar la reducción rápida de CO2 si queremos alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
- Para alcanzar los objetivos de 1.5°C, es necesario que las emisiones brutas disminuyan en -45% para 2030 y lograr sociedades emisiones netas cero para 2050.
- Existen fondos de movilización para iniciar este proceso. Estos son los trillones de dólares que se dedican a la modernización de las armas nucleares, guerras de cambios de régimen que solo dejan muerte y destrucción y planes para poner armas en el espacio, lo que ya ha sido prohibido por las Naciones Unidas desde 1963. Estos fondos podrían movilizarse mediante la venta de bonos verdes AAA emitidos por bancos multilaterales de desarrollo y distribuidos a financiadores existentes, como el Fondo Verde Climático, la Facilidad Ambiental Mundial (GEF), Fondo de Adaptación, Fondo de Cooperación para el Carbono Forestal. Esto generaría acceso para todos los países en desarrollo.
- Nicaragua y otros países en vías de desarrollo, han expuesto en los diferentes espacios de negociación de la COP25, que los US$100 mil millones prometidos en la COP 15, no pueden ser una simple contabilización de fondos anteriores. Estos tienen que ser un flujo de caja nuevo, adicional, predecible y accesible. También, se ha recalcado que estos recursos deben ser administrados con criterios de transparencia, equidad y sin aspectos políticos, medidas coercitivas con restricciones unilaterales e ilegales, o pretendiendo “extra-territorialidad” Al lograr financiamiento deben canalizarse bajo los principios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para acceder con igualdad ni restricciones.
- El reconocimiento de las responsabilidades históricas viene a constituirse en una alternativa viable para la obtención de fondos, partiendo de que hay países y empresas que tienen responsabilidades históricas en el cambio climático.
- Sentar las bases metodológicas para determinar las necesidades de financiamiento de los países en desarrollo ante el cambio climático fue uno de los acuerdos en una de las reuniones en 2019, de la cual el representante de Nicaragua señaló que este tipo de trabajo se prestaba a montar un modelo que permite revisiones permanentes y ver diferentes escenarios de una realidad dinámica.
- En adaptación se considera como la prioridad nacional y debe existir un financiamiento permanente y suficiente para enfrentar los impactos del cambio climático. En este sentido, se deben de priorizar los Planes de Adaptación a nivel local.
- Los recursos financieros para la adaptación en países en desarrollo deben realizarse conforme a los principios de equidad y justicia, priorizando a los países que tengan mayores necesidades y riesgos según su situación de vulnerabilidad.
- La urgencia de operativizar y capitalizar el mecanismo internacional para la rehabi-litación y la compensación por pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático, según las decisiones de la COP13 en Varsovia.
- La mitigación es voluntaria, no debe de existir ningún compromiso que implique un monitoreo, reporte y verificación (MRV). La mitigación debe ser una política vinculada al cambio de la matriz energética y al fomento de la inversión privada para reducir costos por medio de la eficiencia de los procesos productivos.
Nicaragua considera que los países desarrollados deben de reducir sus emisiones domésticas y no comprar bonos de carbono en forma barata en países en vías de desarrollo.
Nicaragua cuenta con una Estrategia Nacional de Deforestación Evitada ENDE-REDD+, la cual constituye un marco de políticas y estrategias para la gestión de programas y proyectos dirigidos a: reducir la emisión de gases de efecto invernadero causada por la deforestación y la degradación de los bosques; aumentar las reservas forestales de carbono; mejorar la conservación de la biodiversidad y recursos genéticos de la flora y fauna y contribuir a la protección de la madre tierra ante el cambio climático. La ENDE-REDD+ está constituida por un conjunto de métodos, modelos y protocolos, implementados principalmente por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER).
La responsabilidad del monitoreo de los Gases de Efecto Invernadero es del MARENA, mientras tanto el INETER es el responsable del monitoreo de la deforestación y degradación forestal con imágenes de satélite. En conjunto y de forma complementaria estas dos entidades trabajan, junto a otras entidades como el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) y el Ministerio Agropecuario (MAG) en el impulso de la implementación de la Estrategia Nacional de Deforestación Evitada, siguiendo los estándares internacionales del monitoreo de la CMNUCC, FCPF y del IPCC.
En base al último estudio realizado, por MARENA (ENDE-REDD+, “Causas de la deforestación
y la degradación forestal en Nicaragua” de noviembre 2017, se indica que la
principal causa histórica del cambio de uso forestal a otro uso en Nicaragua,
la constituyen la ganadería extensiva y la
agricultura, fenómenos también conocidos como “Avance de la frontera
agropecuaria”.
VII. Nicaragua en el Fondo Verde Climático
El Gobierno de la República de Nicaragua apoyó activamente la propuesta para la formación del Fondo Verde Climático (FVC) en la COP-16 celebrada en Cancún, en el año 2010, aunque el concepto general se propone en la COP-15 en Copenhague, año 2009.
En la COP-16 en Cancún, se decidió organizar el FVC a través de un Comité de Transición con el Banco Mundial como un Fideicomiso Interino, donde Nicaragua formó parte, el cual diseñó una propuesta para la organización del Fondo Verde Climático.
En la COP-17 en Durban, en 2011, la organización propuesta fue aprobada y se confirmó al Banco Mundial como Fideicomiso.
En la negociación final de la resolución de aprobación del Fondo Verde Climático de la COP-17 realizada en Durban, el G-77 designó a Nicaragua para representar a los países en desarrollo, mientras que Estados Unidos representaba a los países desarrollados.
En 2018, Nicaragua fue elegido por los países en desarrollo en el Fondo Verde para el Clima para representarlos como Co-presidente de la Junta Directiva. Posteriormente ocupó un lugar como miembro de la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima en el año 2019, y ahora mantiene su participación como Asesor de la Junta Directiva.
Durante la Co-Presidencia en el Fondo Verde del Clima en 2018, el Estado de Nicaragua representando a los paises en desarrollo, junto con Suecia, representado a los Países Desarrollados, se aprobaron 42 nuevos proyectos, movilizando un total de 8,056 millones de Dólares en financiamiento climático desde principios de año (incluida la cofinanciación). Durante este período también se aceleró rápidamente la implementación en el terreno. El Fondo Verde para el Clima tiene ahora 39 proyectos en ejecución, con un valor de USD 1,6 mil millones.
Nicaragua también ha impulsado la aprobación un nuevo ciclo de movilización de recursos para financiar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo. Esto es crucial para que los países en desarrollo sean protagonistas en la lucha para alcanzar la meta de limitar en 1.5°C el aumento de la temperatura promedio mundial, la adaptación al cambio climático y la construcción de sociedades sostenibles con bajo uso de carbono.
Al final de la Co-Presidencia de
Nicaragua, en el Fondo
Verde del Clima, había 40 proyectos en ejecución por 93 mil millones de dólares, que representan US$1.800 millones
de la cartera total aprobada, con valor de 4.600 millones de dólares. Esta
proporción equivale al 43 por ciento de los proyectos aprobados, lo que
representa un aumento de más de diez veces en el valor de los proyectos en
ejecución, y más del doble del número de proyectos en ejecución (18 proyectos
registrados en 2017).
VIII. Acciones de Nicaragua ante al Cambio Climático
VIII.1. Ámbito Internacional
VIII.1.1. Comunicaciones Nacionales
Nicaragua ha elaborado tres Comunicaciones Nacionales, procesos que han involucrado a instituciones que hoy forman parte del Sistema Nacional de Respuesta ante el Cambio Climático (SNRCC): MARENA, INAFOR, INETER, MEM, MHCP, SDCC y CNU.
En octubre de 1998, comenzó la primera fase de la primera etapa de los estudios para la Primera Comunicación Nacional que culminó con la presentación de la misma a la Secretaría de la UNFCCC, en julio del 2001. El año de referencia para la elaboración de la Primera Comunicación fue 1994. El inventario está referido a: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), así como a los gases de efecto invernadero indirectos. El Informe refiere que el balance global de emisiones fue de 8,365 Gg de CO2eq.
En marzo de 2005 iniciaron las actividades habilitantes para la preparación de la Segunda Comunicación Nacional, publicada posteriormente en octubre de 2008, y presentada ante la Secretaría de la Convención Marco en el año 2011. Para esta Comunicación se utilizaron datos estadísticos oficiales referidos al año 2000 y se aplicaron las Directrices del IPCC, en su versión revisada de 1996, así como la orientación sobre buenas prácticas para uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura de 2003. La Comunicación indica que el valor total de emisiones fue de 59,477 Gg CO2eq, siendo los sectores de mayor contribución, Agricultura, Silvicultura y Otros usos de la Tierra (AFOLU), aportando el 91.7% del total[1].
Posteriormente, en 2013 iniciaron las actividades habilitantes para la preparación de la Tercera Comunicación Nacional, con financiamiento del FMAM.
Nicaragua ha concluido en el año 2018 su Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático referida al periodo 2000-2010 que incluye el Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero para ese mismo periodo, utilizando las Guías IPCC de 2006, así como la aplicación de métodos confiables desde el punto de vista científico para estimar las emisiones y absorciones de gases efecto invernadero (GEI) del Sector Uso y Cambio de Uso de la Tierra, mediante el uso de imágenes de satélite Landsat a una resolución de 30 metros.
El resultado del inventario nacional produjo significativas mejoras al migrar el inventario completo de la Metodología 1996 a las Guías del IPCC 2006, obteniendo una serie temporal más completa que permitió analizar dos quinquenios 2000-2005-2010, obteniendo 5,2377 Gg de CO2eq, 19,193 Gg Co2eq y 15,267 Gg Co2eq, para cada uno de los periodos antes mencionados.
El sector que más emitió para todos los años evaluados fue Uso de Suelo y Cambio de Uso de suelo (AFOLU), sin embargo, se muestra una tendencia a la estabilización del sector al decrecer el mismo y un aumento del consumo de energía, y por ende un aumento de las emisiones de ese sector.
Adicionalmente la Tercera Comunicación elaboró un sistema nacional de indicadores para el monitoreo del cambio climático, una evaluación de los escenarios de cambio climático en base al 4to Informe del IPCC, una evaluación nacional de riesgo climático, tomando como base los escenarios anteriormente citados, así como un estudio de las principales tecnologías de adaptación que se están implementando en el país.
VIII.1.2. Elaboración de la Contribución Nacionales Determinada (NDC)
La Contribución Nacional Determinada de Nicaragua tiene como propósito dar cumplimiento al Acuerdo de París en relación a la mitigación del cambio climático y está orientada, prin-cipalmente, a los sectores de Energía y Agricultura, Uso de la Tierra y Cambios de Usos de la Tierra, por medio de medidas para el incremento de fuentes productoras de energías renovables, así como medidas para la conservación y recuperación forestal.
Nicaragua se propone alcanzar sus objetivos de mitigación en el sector Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) a través de la implementación de actividades de la Estrategia Nacional para la Reducción de emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (ENDE-REDD+).
Desde 2008, Nicaragua inició negociaciones para desarrollar el proceso de preparación en el marco de REDD+, y en el año 2013 fue aprobada una iniciativa REDD+, financiada por el Fondo Cooperativo del Carbono (FCPF) y administrada por el Banco Mundial, para implementar un programa de conservación de los bosques y evitar su degradación, que entrará en vigencia entre 2020-2024 y consiste en reducir las emisiones en 11 millones de toneladas de CO2eq dentro de Áreas Protegidas en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua[2].
Otro posible potencial de mitigación que se estudió fueron las 72 áreas protegidas que posee Nicaragua, de las cuales 25 se localizan en la región climática del Pacífico con predominio de bosques secos, la región central del país con una parte de bosques situados en clima seco y otra parte en clima semi húmedo y las áreas protegidas de las Regiones de la Costa Caribe, que se ubican en zonas húmedas y muy húmedas. También en esta región se localizan dos Reservas de Biosfera que totalizan 2,232,968 ha.
Un estudio efectuado en el marco de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, indica que para el año 2015 las áreas protegidas emitían 4,316 Gigagramos CO2eq y absorbían 10,798 Gigagramos de CO2eq, lo que demuestra que aun en estas áreas bajo protección, vale la pena destinar importantes recursos para su conservación.
En el componente de adaptación al cambio climático, la NDC indica que el país requiere apoyo financiero para desarrollar medidas de adaptación prioritarias, tales como:
- Modernización de los servicios hidro-metereológicos del país, que permitan mantener pronósticos precisos y sistemas de alerta temprana para una repuesta eficaz y eficiente, lo que incluye modernización en sistemas de observación, asimilación y pronósticos, acceso a sensores y tecnologías, así como la formación de recursos humanos calificados. La inversión necesaria en esta medida es de aproximadamente 30 millones de dólares.
- Medidas para el desarrollo de infraestructuras y sistemas de drenaje en la ciudad capital y otras ciudades del Pacífico de Nicaragua que son altamente vulnerables a inundaciones. El costo de estas inversiones es de aproximadamente 450 millones de dólares para la ciudad capital.
- Desarrollar un programa nacional de captación de agua y promoción de sistemas de riego en el corredor seco de Nicaragua, por un monto en inversión de aproximadamente 800 millones de dólares.
- Incrementar la eficacia en la protección de las reservas de biosfera mediante un programa de ordenamiento de tierras e impulso a la reforestación, por un monto de inversión de aproximadamente 400 millones de dólares.
- Cooperación para el fortalecimiento de las capacidades en finanzas climáticas.
- Desarrollo de infraestructura de agua potable y saneamiento y programas de resiliencia de los sistemas de agua potable urbanos.
- Acceso a recursos adicionales para implementar medidas de adaptación en la red de infra-estructura vial.
VIII.2. Ámbito Nacional
VIII.2.1. La Política Nacional de Cambio climático
Mediante DECRETO PRESIDENCIAL, aprobado en febrero de 2019, se puso en vigor la Política Nacional de Cambio Climático y crea el Sistema Nacional de Respuesta ante el cambio climático, que incluye un conjunto de acciones del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional que contiene objetivos de interés público, como resultado del peligro significativo del calentamiento global y el cambio climático para la humanidad y la necesidad de desarrollar acciones para la mitigación y adaptación sin comprometer el desarrollo económico y social del país.
La Política se basa en principios que tienen sustentos científicos, sociales, económicos y/o de reconocimiento internacional por los diferentes organismos que integran las Naciones Unidas. Los principios son los siguientes:
Enfocada al Desarrollo Económico: La consideración del cambio climático debe influir en las decisiones y en el conjunto de acciones que generan desarrollo, seleccionando medidas que combinen la mitigación y adaptación adecuadas, que garanticen el crecimiento económico ante los impactos del cambio climático.
Complementariedad con la gestión de Riesgos a Desastres: La consideración del cambio climático se complementa con la gestión del riesgo a desastres, considerando que la reducción del riesgo a los eventos actuales es una contribución importante para reducir el riesgo futuro.
Innovación y uso Eficiente de los Recursos: Los retos ante el cambio climático deben incorporar la innovación en las decisiones asociadas al desarrollo tecnológico, a los procesos productivos y a las estrategias de negocios del sector privado, así como en las inversiones públicas para lograr un desarrollo económico seguro.
Enfoque ecosistémico: Las medidas de adaptación ante el cambio climático reconocerán que la degradación ambiental de los ecosistemas del país, contribuye a elevar la vulnerabilidad ante el cambio climático y disminuye la capacidad de mitigación, por lo que, las medidas de adaptación se articularán en un contexto dinámico y evolutivo de los ecosistemas.
Participación y Enfoque de Género: Las medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático incorporarán la participación de la población y en especial aquellas más vulnerable, bajo el modelo de familia y comunidad.
Viabilidad de las medidas: Las medidas deben ser cuidadosamente evaluadas para determinar su viabilidad económica, social, ambiental y climática, para ello se alcanzarán las metas propuestas en la política a los menores costos y generar los mayores beneficios posibles.
Finanzas climáticas: Es evidente la brecha que existe en el país para implementar proyectos de adaptación al cambio climático, del periodo 2013-2016, según la CEPAL fueron de 1,963.1 millones de dólares.
La política contiene los siguientes lineamientos:
- Desarrollo agropecuario resistente a los impactos de la variabilidad climática actual, así como al clima futuro, propiciando acciones que favorezcan bajas emisiones de gases efecto invernadero. Tiene como objetivo la implementación de estrategias que reduzcan la expansión de la frontera agropecuaria, contribuyan al aumento de la producción en las áreas agropecuarias existentes, aumentar la eficiencia y eficacia de los sistemas productivos, promover cambios en el conocimiento de las personas para producir bajo un nuevo clima y con menores emisiones de gases efecto invernadero.
- Implementar una estrategia de desarrollo energético bajo en carbono y con capacidad de adaptación al cambio climático. Tiene como objetivo diversificar la matriz energética del país mediante la combinación de diversas fuentes de energía renovables, reduciendo al mínimo las emisiones procedentes de la quema de combustibles fósiles.
- Propiciar un desarrollo de asentamientos humanos adaptados al cambio climático y bajo en emisiones de gases efecto invernadero. El objetivo busca producir un cambio en las formas de crecimiento desordenado de los asentamientos humanos para reducir la exposición a inundaciones y las emisiones ocasionadas por el transporte, mediante la reducción del crecimiento horizontal, logrando desarrollos residenciales verticales, mejoramiento de las infraestructuras de drenaje y red de aguas potables y residuales, propiciar el uso ordenado de la tierra y los espacios urbanos, así como el desarrollo de tecnologías de viviendas adaptadas a un nuevo clima.
- Desarrollo de infraestructuras adaptadas al cambio climático y con bajas emisiones de carbono. El objetivo es lograr que la infraestructura social que desarrolla el gobierno, así como las infraestructuras del sector privado incorporen de previo una evaluación y la inclusión de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
- Uso y conservación de los servicios eco-sistémicos para lograr un desarrollo bajo en carbono y adaptado al clima. El objetivo es propiciar iniciativas y/o acciones para el uso racional de los servicios eco sistémicos, tales como el uso y conservación del agua, la recuperación de tierras degradadas y protección de las tierras productivas, protección, conservación y uso racional de humedales, mejorar la efectividad en el uso y ameno de las áreas protegidas, entre otras.
- Conservación, restauración y uso racional de los bosques, así como la promoción de las plantaciones forestales en zonas de vocación forestal.
- Promover el conocimiento, investigación, financiamiento e información sobre la adaptación y mitigación al cambio climático, así como la modernización y fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y alerta temprana. El objetivo es fortalecer todos los mecanismos nacionales para hacer eficiente la gestión público-privada de la adaptación y mitigación del cambio climático.
La política fue el resultado de un amplio consenso y consultas con instituciones del Gobierno, el Sector Privado, las Alcaldías Municipales, el Consejo Nacional de Universidades y algunas organizaciones No Gubernamentales.
VIII.2.2. Fortalecimiento Institucional
Nicaragua, es el primer país del mundo en suscribir la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad, como compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) y del país de heredar a las futuras generaciones de nicaragüenses un ambiente saludable que permita el desarrollo humano sostenible, fortaleciendo los principios, prácticas, valores y capacidades con y en beneficio de la población nicaragüense mediante la Protección de la Madre Tierra, Adaptación ante el Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos ante desastres en el modelo del Poder Ciudadano.
El Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), es el marco estratégico nacional de políticas para continuar construyendo el desarrollo sostenible del país, del cual se desprenden las políticas que buscan atender los principales problemas ambientales actuales y evidencia el compromiso del gobierno y el país en el desarrollo humano sostenible, preservando el bien común en la Madre Tierra, desarrollando capacidades para el cuido del medio ambiente, la prevención de desastres, así como la promoción de valores para el fortalecimiento de las familias.
Todo esto basados en el modelo de inclusión, diálogos, alianzas y consensos con el sector privado, los trabajadores, las familias y las comunidades, plasmado en la Constitución Política de Nicaragua, y para alcanzar los objetivos en el marco del desarrollo sostenible y del modelo Cristiano, Socialista y Solidario, con justicia, libertad, igualdad, solidaridad y responsabilidad social.
El Gobierno
cuenta con el Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales (MARENA), como la autoridad nacional competente en materia de regulación, normación, monitoreo
y
control de la calidad ambiental, así como del
uso sostenible de los recursos naturales renovables y el manejo
ambiental de los no renovables, conforme lo dispuesto en la Ley General del
Medio Ambiente y los Recursos Naturales y demás leyes vigentes.
El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), es quien coordina, a fin de desarrollar las líneas estratégicas de los Planes de Acción de la Estrategia Nacional Ambiental y del Cambio Climático, en conjunto con las instituciones del gobierno: Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional Forestal (INAFOR), Ministerio de Energía y Minas (MEM), Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), Secretaria Ejecutiva de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESSAN), Instituto Nicaragüense de la Pesca (INPESCA), Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) y el mismo MARENA, quien es además la autoridad competente para imponer sanciones adminis-trativamente por el incumplimiento de las Normas Ambientales.
El Gobierno de Nicaragua, ha trabajado con un enfoque inter-sectorial con propuestas desde los principales actores del país y ha avanzado significativamente en las políticas públicas para el uso, protección, conservación y restauración de la Madre Tierra, promoviendo la participación activa de todas y todos los nicaragüenses a través de la responsabilidad compartida. Es así como el GRUN basa sus políticas en favorecer el desarrollo económico y social protegiendo los sectores de población más vulnerables, mediante un modelo de trabajo directo con las familias y las comunidades, creando capacidades, conocimientos y conductas que permitan a la población enfrentar y recuperarse de todos los riesgos y desastres.
La Política Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, es aplicable a todos los entes estatales, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en todo el territorio nacional, y cuyo objetivo general es establecer un marco de referencia nacional estratégico para desarrollar lineamientos y sus acciones que permitan mitigar las causas del cambio climático y enfrentar los retos de la adaptación, teniendo como principio el enfoque al desarrollo.
VIII.2.3. Mitigación del cambio climático
- Cambio de la Matriz Energética
Al finalizar el 2019 se tenía una matriz de generación con un 70% a base de fuentes renovables y al día de hoy, con los aportes de la generación solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, biomasa, es cercana al 80%. Sumado a esto, la cobertura eléctrica es del 97.2% y la meta de este año es llegar al 98.4%, habiendo siendo 54% en 2007.
El cambio de la matriz energética es muy importante, por lo que existe un órgano normativo encargado de proponer y evaluar la política del Subsector Electricidad y las relativas a los recursos energéticos renovables, además de proponer y/o expedir, según sea el caso, la normatividad necesaria del Sub-Sector Electricidad y de los recursos energéticos renovables
Durante la presentación del informe “El Estado Global de las Renovables”, el Representante de la Iniciativa Global Climate del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Kim Carstensen, señaló que países emergentes como Nicaragua están liderando a nivel mundial, los esfuerzos en el uso de energías renovables y reducción de emisiones de dióxido de carbono. “Países como Nicaragua, Honduras, Uruguay, Marruecos, Sudáfrica y Jordania, están invirtiendo más de 1% de su PIB para promover el uso de energías limpias y reducir la contaminación”, afirmó Carstensen.
Por su parte “Energía Limpia XXI” destaca que Nicaragua es uno de los pocos países con metas y planes bien definidos en energía y mitigación de los efectos del cambio climático. Nicaragua está implementando una estrategia de reforestación y uso de energías renovables para eliminar 11 millones de toneladas de emisiones de carbono en los próximos cinco años.
El Director anterior del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) Achim Steiner, afirmó que Nicaragua es un ejemplo a seguir en el aprovechamiento de sus recursos renovables para la generación de energía limpia. Un reporte de Energía Limpia XXI, señala que el crecimiento de la energía renovable está contribuyendo a reducir la pobreza y la contaminación ambiental en la región. “Nicaragua, Brasil y Uruguay son ejemplos de esta transición en Latinoamérica”, aseguró el Director del PNUMA.
Expertos del Fondo Monetario Internacional han destacado los avances alcanzados en el sector energético de Nicaragua. Entre los aspectos positivos señalan la creación de una Ley Anti Fraude Energético, la aprobación de una Ley de Promoción de Energía Renovable y el establecimiento de un subsidio para consumidores de bajos ingresos.
La responsabilidad del monitoreo de los Gases de Efecto Invernadero es del MARENA, mientras tanto el INETER es el responsable del monitoreo de la deforestación y degradación forestal con imágenes de satélite. En conjunto y de forma complementaria estas dos entidades trabajan, junto a otras entidades como el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) y el Ministerio Agropecuario (MAG) en el impulso de la implementación de la Estrategia Nacional de Deforestación Evitada, siguiendo los estándares internacionales del monitoreo de la CMNUCC, FCPF y del IPCC.
- Eficiencia energética
De mucha relevancia es el programa de eficiencia energética, a través del cual se han instalado aproximadamente 15,600 luminarias tipo LED, 720 mil bombillos ahorradores, 20 mil lámparas en el sector gobierno, además de 100 módulos solares productivos. Simultáneamente, se ha garantizado internet libre llevando el servicio de Wifi a 163 parques de Managua y otros departamentos. Las aulas tecnológicas en las municipalidades cuentan con una capacidad de 5 Megas y 7 Megas las de los institutos.
Destaca la instalación del primer estacionamiento con techo solar para vehículos en Nicaragua. Construido por la empresa de bienes raíces ESCALA, el nuevo estacionamiento se espera que contribuya a la reducción de los costos en la factura eléctrica.
El Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños de Nicaragua ha invertido 4.5 millones de dólares en un nuevo sistema eléctrico a base de energía solar, con apoyo de la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO). La nueva planta solar que fue construida en un área de 4 mil 450 metros cuadrados de extensión, ha tenido un impacto positivo en el medioambiente eliminando la emisión de más de 1,100 toneladas de dióxido de carbono cada año, siendo el primer gran proyecto de este tipo que se está financiando mediante un préstamo blando.
Datos de “Energía Limpia XXI” indican que la empresa de supermercados La Colonia ha comenzado una inversión importante en energía solar. El proyecto está siendo desarrollado por la empresa ECAMI con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de sistemas de energía fotovoltaica. La inversión ahorrará 90MW anuales equivalentes al consumo de unas 50 viviendas.
La Universidad Central de Nicaragua (UCN) invirtió 182,000 dólares en la instalación de 120 paneles solares en su Campus Central. Autoridades de la Universidad explicaron que la inversión busca contribuir al desarrollo de energías renovables y promover conciencia entre los estudiantes sobre la importancia de mitigar los efectos del cambio climático. Los paneles solares abastecerán a toda la universidad, reduciendo 70% de su factura eléctrica.
- BioClima
El proyecto BIOCLIMA fue gestionado ante el Fondo Verde y tiene el objetivo de: “transformar la ganadería extensiva, la agricultura y la explotación forestal causantes de deforestación y degradación forestal, en formas de producción sostenibles que incluye una producción más intensiva, libre de deforestación y que integren la conservación de ecosistemas y sus servicios. Las intervenciones de BioClima son cuatro: Impulso del manejo forestal sostenible de los bosques, producción ganadera con sistemas silvopastoriles, desarrollo de sistemas agro forestales de café y cacao y bosques plantados multifuncionales.
En el año 2020 Nicaragua desarrollará algunos programas y proyectos que contribuirán en la reducción de la deforestación y degradación forestal en las reservas de biosferas del país. Entre estos están:
- Programa ganadero (BOVINOS), con enfoque en producción y procesamiento mejorados de carne y leche y un presupuesto 8 millones de euros.
- CONAGAN–FOMIN/BID, se enfoca en el aumento de la producción ganadera a través de sistemas silvopastoriles y mejoras en vínculos y coordinación a lo largo de la cadena de valor. Presupuesto aproximado de 1.9 millones de dólares.
- Programa NICADAPTA, se enfoca en mejorar la producción y organización de productores de café y cacao, con un presupuesto de 7.9 millones de dólares.
- Proyecto de Gestión de Paisajes Resilientes GEF-BM. El objetivo es fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para fomentar la conservación de la biodiversidad, paisajes resilientes y medios de subsistencia locales, con un presupuesto de 10 millones de dólares.
- Plantaciones Forestales
Las inversiones privadas en plantaciones forestales han tenido su impacto en las actividades de reforestación nacionales. A finales de 2018 contaban con 32,899 ha de áreas bajo manejo, incluyendo 24,087 ha de plantaciones comerciales. Las empresas asociadas a CONFOR cumulaban a esa fecha casi 150 millones de dólares en inversiones.
Se estima que el área actual de plantaciones productivas es de 70,000 hectáreas, cuyo aporte bajo régimen de manejo sostenible puede llegar a ofertar al mercado un volumen anual de 840,000 m3/año, bajo el supuesto de que el crecimiento promedio de las plantaciones es de 12 m3/ha/año[3].
El Sistema Nacional de Prevención de Desastres (SINAPRED) en conjunto con el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) cuentan con un plan enfocado en la prevención y control de incendios forestales, teniendo como objetivos, reducir las incidencias o las ocurrencias de los incendios, reducir los impactos en el cambio climático, proteger y conservar la biodiversidad, y garantizar una mejor calidad de vida a la población.
Las áreas prioritarias a nivel nacional en 2020 son: Nueva Segovia, Chontales, Rivas, Región de la Costa Caribe Sur, Chinandega, Managua, León, Estelí, Río San Juan y Madriz.
Este plan presentado a nivel regional, departamental y municipal, está siendo ajustado por las delegaciones a las incidencias que ocurren en cada territorio.
Líneas de trabajo
- La activación de 161 comisiones técnicas de prevención.
Cuenta con la participación amplia de las instituciones y con todos los actores y protagonistas entre empresa privada, jóvenes del Movimiento Ambientalista Guardabarranco, Bomberos, Ejército y Policía Nacional.
- Divulgación y comunicación.
Promover a través de distintas campañas, la sensibilización a la población, que incluye los lanzamientos a nivel nacional y municipal en departamentos y áreas protegidas, encuentros e intercambios con los brigadistas comunitarios, así como campañas radiales y encuentros con observadores ambientales.
- Prevención y control de los incendios forestales.
Se capacitará a mil nuevos brigadistas y más de 12 mil 500 comunitarios para llevar el mensaje y la importancia de buenas prácticas desde la comunidad. El equipamiento a 370 brigadas nuevas brigadas comunitarias, charlas con información de valores y visitas casa a casa, llevando el mensaje de buenas prácticas y de amor a la Madre Tierra, talleres, recorridos y patrullaje en las áreas protegidas.
- Monitoreo y Evaluación
Se están desarrollando talleres a nivel nacional, permitiendo el uso, manejo y ampliación de herramientas para monitorear las incidencias ambientales, haciendo reportes diarios de monitoreo satelital de puntos de calor a nivel nacional.
- Alerta Temprana
Se trabaja el tema de inspecciones, priorizando áreas más vulnerables para la alerta y atención temprana de los incendios forestales.
- Rehabilitación de áreas
La labor, una vez que, entre el invierno, es restaurar áreas afectadas en 2019, más las áreas que puedan ser afectadas en este año.
- Cambio de Uso de Suelos
En al año 2013, el MAG publicó el “Uso Potencial de la Tierra, compendio de mapas” que incluye la zonificación del uso potencial de 18 especies agroforestales, de las cuales se ha seleccionado ocho especies que se consideran las ideales para el establecimiento de plantaciones industriales, que son Pino (Pinus oocarpa), Pochote (Pachira quinata), Laurel (Cordia alliadora), Hule (Castilla elástica), Granadillo (Dalbergia retusa), Teca (Tectona grandis), Eucalipto (Eucalyptus globulus) y Caoba (Swietenia macrophylia).
Seleccionando todos los sitios que coinciden con las zonas de uso potencial forestal del mapa de INETER en el 2015, se obtiene una superficie de 24,173 km² que pueden ser dedicadas al establecimiento de plantaciones de las ocho especies forestales. Esto implicaría transformar vastas áreas bajo pastos en plantaciones, lo que puede ser complejo.
Si se consideran variables como precio de la tierra, el mercado de tierra, infraestructura de acceso y estado legal de las propiedades, se puede estimar en al menos 500 mil hectáreas aptas para plantaciones.
El potencial disponible de bosque para manejo gira alrededor de 1.8 millones de hectáreas que podrían ofertar un volumen anual sostenible de 5.5 millones de metros cúbicos.
Incorporando los bosques remanentes al manejo forestal y facilitando la producción de plantaciones, el país estaría generando un total de 242 millones de dólares al año de manera sostenida.
VIII.2.4. Adaptación al cambio climático
Para Nicaragua el cambio climático no es un fenómeno que experimentará en el futuro, sino que ya ha estado experimentando sus efectos en las últimas décadas.
Según datos históricos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), la temperatura media anual de Nicaragua aumentó en +1.4°C en 50 años. En ese período de tiempo, las mayores alzas anuales promedio se registraron en la zona montañosa del país, y en particular, en la ciudad de Ocotal, donde la temperatura media aumentó en +2.7°C.
De igual manera, entre los años 1900 y 2010 se logró registrar una reducción en las precipitaciones medias anuales de la región del Pacífico, que oscila entre el 12% y el 24%.
A este registro habría que agregar que una mayor frecuencia e intensidad en las tormentas tropicales. Si en el siglo pasado cada 8-10 años el territorio nacional era afectado por un huracán de intensidad a categoría III o mayor, entre los años 2005 y 2011 lo hicieron prácticamente uno cada año, incluyendo tormentas que, aunque eran de menor intensidad, causaron daños considerables. Ejemplo de esto fue la Depresión tropical 12-E, que en el año 2011 afectó a 148,530 personas, incluyendo 16 fallecidos y produjo un impacto económico de 445.4 millones de dólares, equivalente al 6% del PIB de ese año.
Algo similar podría decirse también respecto a la sucesión entre los fenómenos de El Niño y La Niña, que llegaron al extremo de alternarse ambos fenómenos en un mismo año.
Nicaragua llegó a situarse, por varios años consecutivos, entre los 10 países más afectados por eventos climáticos extremos según el Índice de Riesgo Climático Global de Germanwatch y Munich Re.
A esto hay que agregar la previsión del V Informe del IPCC (2014) que, para Centroamérica, prevé que a finales de siglo existirá un aumento de la temperatura media de +3°C, mientras que las precipitaciones pueden reducirse alrededor del 10%.
Principales avances nacionales en la adaptación
Desde el año 2007 se han logrado importantes avances en la adaptación al cambio climático. Algunas de ellas se enumeran a continuación:
En suelos y aguas:
- En los últimos 10 años se han logrado proteger 363 nacientes de fuentes de agua en las cuencas hidrográficas del Río San Juan, Río Coco y Río Grande de Matagalpa.
- Se han construido obras de conservación de suelos y agua en 25,000 hectáreas en 22 municipios de la zona seca.
- Se han construido 5,323 pequeñas obras de cosecha de agua tipo reservorios, lagunetas, micro presas y sistemas de captación del agua pluvial en techos de casas, priorizando las comunidades asentadas en la zona seca, lo que ha beneficiado a 7,848 familias.
En sistemas productivos:
- Sistemas Productivos, Agrícolas, Pesqueros y Forestales en Territorios Indígenas de la RACN y RACS (NICARIBE) para mejorar los niveles de ingreso de 10,580 protagonistas.
- Apoyo a la adaptación al cambio climático mediante la producción de café y cacao de pequeños productores en zonas agroclimáticas aptas.
- Proyecto Cuenca Alta río Dipilto (COSUDE): Manejo integrado de los recursos suelo, agua y bosque que beneficia a 60,000 personas en la ciudad de Ocotal.
- Proyecto de Adaptación al Cambio Climático en la Cuenca Alta del Río Coco (UE): Manejo integrado de agua, suelo y bosque en el corredor seco.
Lógicamente, es necesario mencionar una vez más, la aprobación y puesta en ejecución de Política Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.
Esta Política la dio a conocer el GRUN, a través del MARENA, en marzo de 2019 y tiene dos objetivos principales:
- Establecer un marco de referencia nacional estratégico para desarrollar un conjunto de lineamientos y sus acciones que permitan mitigar las causas del cambio climático y enfrentar los retos de la adaptación.
- Contribuir a un desarrollo económico y social, con capacidad para enfrentar el riesgo climático, reducir los daños y pérdidas económicas, así como, promover un desarrollo económico con bajas emisiones de carbono.
VIII.2.5. Pérdidas y daños
Nicaragua ha venido desarrollando una Política Nacional de Gestión Integral de Reducción del Riesgo a Desastres, con la que promueve cambios permanentes en la organización y actuación del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), teniendo como objetivo principal la preservación y protección de la vida del pueblo nicaragüense.
Los lineamientos de esta política concuerdan con los lineamientos desarrollados dentro del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), el cual se centra en el resguardo de la integridad del ser humano, la familia, comunidad y la Madre Tierra, constituyendo un eje transversal e integral para la seguridad humana y la búsqueda del bienestar.
La participación de las familias, la comunidad organizada y el establecimiento de alianzas con instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones sociales e instituciones especializadas en la atención y reducción del riesgo ante desastres, constituyen un eje fundamental para la implementación de estas políticas.
Los lineamientos propuestos en la Política Nacional de Gestión Integral de Reducción del Riesgo a Desastres son:
– Promoción de una cultura de prevención y preparación de la población ante los desastres: ejecutar acciones de capacitación y preparación de las familias nicaragüenses, que promuevan su protagonismo y el desarrollo de hábitos que contribuyan desde el hogar y la comunidad a reducir su vulnerabilidad ante los desastres.
– Fortalecimiento de la capacidad de respuesta comunitaria ante los desastres: Ejecutar acciones que contribuyan a la organización, preparación y desarrollo de capacidades comunitarias ante los desastres, así como su articulación en los territorios con las instituciones y los gobiernos locales, a fin de asegurar respuesta y atención oportuna a las familias durante las emergencias.
– Fortalecimiento de los sistemas de alerta y respuesta institucional ante los desastres: Se capacita personal técnico, se desarrollan sistemas de alerta temprana, atención espe-cializada a las emergencias, programas de acompañamiento y reducción de las vulnera-bilidades de las poblaciones en riesgo.
– Mitigación, recuperación con transformación y adaptación a los efectos del cambio climático: Se desarrollan acciones municipales, departamentales, regionales y nacionales de rehabilitación y reconstrucción post desastre, con un enfoque integral de desarrollo que contribuya a reducir vulnerabilidades, mitigando los efectos de los desastres y del cambio climático.
– Planificación, desarrollo e inversión pública y privada, con criterios de gestión integral de reducción del riesgo a desastres: Se promueve la incorporación de la gestión integral de reducción del riesgo de desastres en los planes, programas y proyectos nacionales, sectoriales y locales de desarrollo e inversión pública y privada, para las inversiones ante los desastres.
– Gestionar el conocimiento científico-técnico sobre los riesgos a los fenómenos naturales: Es un sistema de gestión de la información y generación del conocimiento científico-técnico en gestión de reducción del riesgo, que contribuya a tener una población mejor informada, con el diseño de acciones eficaces y efectivas, y el fortalecimiento de las capacidades humanas y técnicas de los distintos niveles.
- Mecanismos de protección financiera ante daños catastróficos por eventos climáticos.
Se consolida una estrategia de protección financiera ante desastres, partiendo de las dos iniciativas con las que actualmente cuenta el país: Con un monto de 186 millones de dólares que fueron desembolsados en 2014 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres, en el marco del Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales.
En 2015 con apoyo del Banco Mundial y Japón, el CCRIF (Mecanismo de Seguros contra Riesgos Catastróficos del Caribe) y nuestro Gobierno, firmaron un Acuerdo de Participación para que Nicaragua se convierta formalmente en el primer país centroamericano en sumarse al mecanismo de seguros.
- Establecimiento del Primer Fideicomiso Ambiental
Representantes de la Cámara Nicaragüense de Tabacaleros y de los gobiernos locales de Estelí, Condega, Palacagüina, Yalagüina, y del Banco de la Producción (BANPRO), suscribieron un fideicomiso por US$ 30 mil dólares para la conservación y protección del Río Estelí.
El documento tiene validez indefinida, a fin de lograr una colaboración efectiva entre todos los organismos para mejorar las condiciones ambientales de la cuenca del río Estelí, deforestada y altamente contaminada.
Este fideicomiso es un proyecto piloto que se puede extender a otras microcuencas y cuencas del país, como también la complementariedad de esfuerzos que se han desarrollado.
Dentro del plan, los ganaderos aledaños a la cuenca del río Estelí tratan de impulsar un plan de reforestación, donde los productores aportan parte de sus tierras. En el futuro, la madera de las nuevas plantaciones podrá ser vendida y, con esos fondos, fortalecer el fideicomiso con nuevas inversiones en la recuperación de la cuenca del río Estelí y la capacitación de las comunidades pobres.
Estos son avances desde el modelo de alianza que ha venido fortaleciendo el Gobierno de Nicaragua para crear rutas de prosperidad y de Bien Común de la Madre Tierra.
- Los Fondos Ambientales
La Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) está preparando un Fondo Ambiental, en el marco del proyecto “Gestión integrada de la cuenca hidrográfica de los lagos Apanás y Asturias”, financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) a través del BID, que tiene el objetivo de reducir la deforestación y conservar la cobertura forestal para disminuir la erosión y la sedimentación en el lago de Apanás en Jinotega, a fin de mantener la vida útil del lago para la generación hidroeléctrica.
- El Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (SNRCC)
La creación de este sistema fortalece el rol de MARENA para integrar la información sobre los esfuerzos del país en términos de adaptación y mitigación, coordinando con otros actores relevantes e instancias para socializar la información y compartir la responsabilidad para los siguientes flujos de información definidos en el decreto creador del SNRCC, tales como:
- la elaboración de las Comunicaciones Nacionales e Inventarios Nacionales de Gases Efecto Invernadero;
- Elaborar las evaluaciones de riesgo climático del país;
- Calcular factores de emisión nacional de gases de efecto invernadero, mediante la investigación académica y científica;
- Compilar y difundir los avances de Nicaragua en materia de mitigación y adaptación al cambio climático;
- Propiciar investigaciones nacionales sobre el cambio climático;
- Gestionar cooperación internacional y financiamiento para la mitigación y adaptación y al cambio climático.
El Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático también fortalece las capacidades nacionales para responder a los requisitos del Marco de Transparencia Reforzada (MTR) en virtud del “Acuerdo de París”, en materia de necesidades para la actualización de los inventarios nacionales de GEI para el periodo 2000-2015, la actualización del Primer Inventario Bianual para el periodo 2016-2018 (BUR).
También incluye un conjunto de tareas relacionadas con las modalidades, procedimientos y directrices del Marco de Transferencia Reforzado que se aprobaron en la COP 24 de 2018, entre ellos los contenidos requeridos para preparar el Informe de Transparencia Bienal (BTR).
VIII.2.6. Sobre la Responsabilidad o Indemnización por Daños
Antes del Código Napoleón, si bien es cierto, había una tendencia en favor de un principio general de responsabilidad extra-contractual fundada sobre la culpa, esta figura no existía legalmente.
El principio general de responsabilidad por culpa fue afirmado por primera vez en el Código Napoleón de 1804, y en él se consagró el trinomio (culpa, daño, responsabilidad), bajo el precepto legal que: “Todo hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa ocurrió a repararlo”. Se refiere al daño causado con culpa intencional o dolo, y que “Cada uno es responsable del daño que ha causado no solo deliberadamente, sino también por su negligencia o imprudencia”, que se refiere a la culpa no intencional y comprende tanto la negligencia como la imprudencia.
Desde la creación de la figura de Daños y Prejuicios que nace en el Código Napoleónico, hasta la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional, las legislaciones han venido incorporando este precepto legal, a fin de que todos aquellos actores que infrinjan las leyes sean sujetos de que se les requiera para resarcir los daños causados.
También indemnización por daños y perjuicios existe en la “Ley Común” (Common Law) de los países anglosajones con sus variantes entre Reino Unido y Estados Unidos.
Common Law (Derecho Anglosajón) en materia de Torts (daños) Estados Unidos e Inglaterra.
EEUU
En el derecho norteamericano de la responsabilidad civil se encuentra todavía basado en el antiguo common law. Es principalmente un derecho creado por jueces, aunque hay una gran cantidad de leyes reformadoras, lo cual varía de estado en estado. Los jueces norteamericanos, con frecuencia, pero no invariablemente, toman en cuenta fallos correspondientes o similares de otros estados y cortes federales. A menudo siguen las -uniformes- reglas sobre derecho de daños (tort rules) propuestas en el Restatment of Torts el cual tiene una fuerte autoridad persuasiva entre jueces y abogados.
Inglaterra
Aunque el common law inglés fue la fuente de la idea de los perjuicios punitivos y de la función punitiva del derecho de daños para el derecho de daños norteamericano, el derecho inglés es hoy mucho más restrictivo al respecto. Además, las condenas inglesas en los escasos eventos de perjuicios punitivos que surgen, nunca alcanzan las dimensiones norteamericanas. El Common law inglés siempre ha reconocido, y todavía lo hace, las condenas ejemplarizantes o por perjuicios punitivos.
Otro antecedente de gran importancia fue la Cumbre de Rio de 1992, donde participaron jefes de Estado y representantes de organi-zaciones no gubernamentales, en la que se aprobó la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conteniendo principios dentro de los cuales se estableció que los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales.
Retomando los principios de la Declaración de Río de 1992, en Nicaragua, nace en 1996 la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
Esta ley establece en sus disposiciones en materia de daños, que toda persona que por acción u omisión deteriore el ambiente, está obligada a reparar los daños y perjuicios que ocasionen a los recursos ambientales, al equilibrio del ecosistema, a la salud y calidad de vida de la población.
Además, afirma que el funcionario que por acción u omisión autorice la realización de acciones, actividades o instalaciones, que causen daños y perjuicios a los recursos ambientales, al equilibrio del ecosistema, a la salud y calidad de vida de la población será solidariamente responsable con quien las haya ejecutado.
VIII.2.7. Fortalecimiento institucional en las finanzas climáticas:
El Clasificador del Gasto Público
En Nicaragua se realizó un proceso de consulta y análisis interinstitucional, coordinado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) y el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), con el apoyo técnico del Banco Mundial, que ha generado una propuesta de Guía Metodológica para identificar y clasificar los gastos que las entidades públicas del país, destinaron en el Presupuesto General de la Nación a los temas de gestión ambiental, cambio climático y gestión del riesgo de desastres.
El clasificador presupuestal se propone como una herramienta en proceso permanente de mejora, en el sentido de que es factible incluir nuevas actividades que el gobierno considera pertinente en cada uno de los procesos afectados. La propuesta de clasificación considera una distinción entre el presupuesto que se asigna en temas de pérdidas y daños asociados con eventos climáticos, meteorológicos e hidrológicos, de aquellos que se relacionan con otros eventos, por ejemplo, de tipo geológico o geofísico.
El objetivo general del clasificador es articular las políticas que guían la gestión ambiental, cambio climático y gestión integral del riesgo de desastres, con la formulación y ejecución del presupuesto. Con este instrumento, es posible establecer la relación que existe en términos presupuestarios, entre los gastos en éstos ámbitos, con las necesidades planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, la Estrategia Nacional Ambiental y de Cambio Climático y la Política Nacional de Gestión Integral de Reducción del Riesgo a Desastres.
VIII .2.8. Avances en la investigación científica
El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), como institución científica encargada del monitoreo y proyecciones climáticas, ha desarrollado las siguientes tareas:
- Elaboró los escenarios futuros de cambio climático que forma parte de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.
- Con los resultados de los escenarios, se establecieron escenarios de amenazas y se obtuvieron mapas de riesgo por huracanes, inundaciones, sequías y elevación del nivel del mar, a escala municipal mediante la utilización de sistemas de información geográficos.
- Se desarrolló una metodología para incluir en los procesos de ordenamiento territorial los aspectos relacionados con el riesgo climático, la mitigación y adaptación, que se validó mediante el Plan de Ordenamiento Territorial elaborado para Corn Island.
- Desde el año 2016, en conjunto con MARENA, se estableció la Unidad de Monitoreo y Verificación de gases efecto invernadero, por el uso y cambio de uso de la tierra mediante el uso de imágenes Landsat-30, así como como de sistema de alertas sobre los cambios de usos de la tierra.
- En la actualidad el INETER participa en un proyecto regional CORDEX, liderado por la Agencia Meteorológica de España (AEMET), para obtener los escenarios climáticos regionalizados, lo que contribuirá a la IV Comunicación Nacional de Cambio Climático y al primer BUR que elabora MARENA.
- El INETER se encuentra iniciando un proyecto de Modernización de los Servicios Hidro-meteorológicos con el Fondo Verde del Clima, que permitirá mejorar significativamente sus capacidades de alerta temprana y respuesta en materia de procesamiento de series climáticas.
- INETER ha trabajado junto a otras instituciones de Gobierno y especialistas contratados por el Banco Mundial para elaborar el Plan Nacional de Recursos Hídricos, el cual se publicará próximamente. La información climática e hidrológica elaborada por INETER ha servido de base para los análisis de Balances del Recurso y escenarios futuros de disponibilidad del recurso agua
VIII .2.9. El papel del sector privado
Nicaragua recibió la aprobación del Fondo Cooperativo del Carbono Forestal, del programa REDD+, mediante el cual las comunidades rurales y pueblos indígenas que viven en los bosques de la Costa Caribe, BOSAWAS e Indio Maíz, reducirán la deforestación y degradación forestal, reduciendo las emisiones en aproximadamente 11 millones de toneladas de Dióxido de Carbono y se recibirá a cambio incentivos positivos por 55 millones de dólares en cinco años.
Proyecto Cambio II
Nicaragua es parte del Programa con un enfoque de adaptación “Iniciativa de inversión productiva para la adaptación al cambio climático (CAMBio II)” del Fondo Verde del Clima, que tiene como fin: Reducir los obstáculos para que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) accedan al crédito y respalden las mejores medidas de adaptación disponibles en siete países de América Central.
La Asociación Nacional de Reforestadores de Nicaragua (CONFOR) ha invertido en los últimos años más de 150 millones de dólares en áreas de plantaciones, siendo las principales inversiones realizadas por Equiforest, Agroforestal/ Simplemente Madera y MLR FORESTAL.
Así mismo, Exportadora Atlantic, ha realizado iniciativas innovadoras de Adaptación al Cambio Climático en el Cultivo del Café, como micro propagación de clones de café, injertacion de café arábiga sobre café robusta.
VIII .2.10. Plan de recursos hídricos y la Ciudad de Managua
Entre las actividades realizadas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) ante el Cambio Climático, destacan las acciones ejecutadas por la Alcaldía de Managua a través del Plan Estratégico en Gestión del Riesgo de Desastres para la Sostenibilidad y Desarrollo de Managua.
Tiene como fin consolidar la sostenibilidad y resiliencia urbana del municipio de Managua ante el riesgo de desastres y el cambio climático, garantizando la calidad de vida de las familias. En esta estrategia se ve a Managua como municipio resiliente ante el riesgo de desastres y al cambio climático, con procesos de gestión inclusivos, participativos, que conducen a un desarrollo económico, social y ambiental sostenible, garantizando la seguridad humana y territorial.
Los ejes temáticos del plan son el forta-lecimiento institucional, conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y adaptación, así como preparación, respuesta y recuperación.
El Plan Estratégico se espera implementar progresivamente hasta el año 2030, con un total de 20 acciones a corto, mediano y largo plazo.
Se realizan una variedad de
acciones dentro de la estrategia, tales como: fortalecer los procesos de
participación y apropiación social y cultural para la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio
climático, actualización de las bases de datos y los estudios
técnico-científicos de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo, incorporación a la gestión de riesgo en la
planeación territorial, fortalecimiento de
los sistemas comunitarios de alerta temprana, conocidos como SAT.
IX. ANEXOS
Marco jurídico nacional e internacional
Nicaragua tiene un amplio marco legal, moderno y consistente en materia ambiental. Se cuenta con un sinnúmero de instrumentos jurídicos que van desde la constitución Política a leyes, decretos, acuerdos, políticas, planes y programas que se ejecutan de manera intersectorial.
Así mismo, Nicaragua, ha ratificado todos los principales instrumentos internacionales de relevancia para el país en temas de Medio Ambiente y Cambio Climático, en pro del bien común de la Madre Tierra y de la humanidad y para promover el desarrollo sostenible, combatir el cambio climático y mitigar sus efectos adversos.
Se norman los instrumentos jurídicos interna-cionales ratificados por Nicaragua en el Anexo B.
IX.1. Anexo A: Instrumentos jurídicos nacionales
La Constitución Política de la República de Nicaragua. Nuestra Carta Magna,establece como un derecho social que los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable, así como la obligación de su preservación y conservación. El bien común supremo y universal, condición para todos los demás bienes, es la Madre Tierra, que debe ser amada, cuidada y regenerada. El bien común de la Tierra y de la humanidad nos pide que entendamos la Tierra como entidad viva y sujeta de dignidad. La nación nicaragüense trabaja para adoptar patrones de producción y consumo que garanticen la vitalidad y la integridad de la Madre Tierra, la equidad social en la humanidad, el consumo responsable y solidario y el buen vivir comunitario. A partir de los principios de la Constitución de la República, Nicaragua ha desarrollado un marco jurídico, resumido en Anexo A.
Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, publicada en junio de 1996, establece las normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales, asegurando su uso racional y sostenible.
Ley General de Aguas Nacionales. Publicada en septiembre del 2007, establece el marco jurídico institucional para la administración, conservación, desarrollo, uso, aprovechamiento sostenible, equitativo y de preservación en cantidad y calidad de todos los recursos hídricos existentes en el país.
Ley que crea la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Hídrica del Lago Cocibolca y del Río San Juan, publicada en agosto del 2007,con el fin de coordinar la aplicación de políticas, planes y acciones ambientales y de desarrollo para su protección y conservación, con la participación de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, municipios, y las comunidades indígenas y campesinas asentadas en el lugar.
El Código Penal. Publicado en mayo del 2008, regula entre otros, los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, imponiéndole sanciones tanto pecuniarias como de prisión, a todas aquellas personas que provoquen daños ambientales.
Ley de Conservación del Uso de los Suelos en la Reserva de la Biosfera Bosawás, publicada noviembre de 2008, para fortalecer el marco legal e institucional vigente sobre la Reserva de la Biosfera Bosawás, manteniendo el respeto a la autonomía, cultura y formas de vida de los pobladores originarios que habitan la Reserva.
Ley para el Desarrollo de Las Zonas Costeras. Publicada en Julio del 2009, a fin de regular el uso y aprovechamiento sostenible y garantizar el acceso de la población a las zonas costeras del Océano Pacífico y del Mar Caribe.
Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, publicada en diciembre del 2010, para establecer un régimen jurídico especial en el territorio fronterizo, terrestre, marítimo y aéreo, para garantizar la soberanía, la independencia, la integridad territorial, la seguridad interna, la protección del medio ambiente y los recursos naturales, así como la inalienabilidad de los bienes inmuebles públicos y permitir el impulso y aplicación de una política integral de desarrollo.
Ley para El Control del Tabaco. Publicada en agosto del 2010, para establecer regulaciones, prohibiciones y mecanismos de control efectivo al consumo del tabaco, para reducir al máximo el impacto perjudicial que provoca a la salud humana y al medio ambiente.
Ley sobre Prevención de Riesgos Provenientes de Organismos Vivos Modificados por medio de Biotecnología Molecular, publicada en abril del 2010, a fin de establecer disposiciones regulatorias sobre las actividades con organismos vivos modificados provenientes del uso de las técnicas de la biotecnología molecular, con el fin de prevenir, evitar y reducir los riesgos que se pudieran ocasionar a la salud humana, en el ambiente, diversidad biológica, actividad agropecuaria, forestal y acuícola.
Ley que Declara y Define el Sistema de los Cayos Perlas como Refugio de Vida Silvestre, publicada noviembre del 2010, declara al Sistema de los Cayos Perlas, ubicado en la Costa Caribe, Área Protegida, bajo la categoría de Refugio de Vida Silvestre, para garantizar el mantenimiento del hábitat y las necesidades de determinadas especies o comunidades animales residentes o migratorias de importancia nacional o internacional, únicas, amenazadas o en peligro de extinción.
Ley de Fomento a la Producción Agroecológica u Orgánica, publicada en julio del 2011, cuyo fin es fomentar el desarrollo de los sistemas de producción agroecológica u orgánica, mediante la regulación, promoción e impulso de actividades, prácticas y procesos de producción con sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural.
Ley de Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica, publicada en octubre 2012, con el fin de regular la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica existente en el país, garantizando una participación equitativa y distribución justa en los beneficios derivados del uso de la misma.
Digesto Jurídico de La Ley No. 443, Ley de Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos. Publicada septiembre del 2012, para modernizar y disponer de una legislación que permita a la Nación Nicaragüense continuar con el proceso de maximizar el uso de sus recursos naturales de forma regulada y sostenida, que permita de manera ininterrumpida el crecimiento de la capacidad energética instalada en el país, priorizando el uso de los recursos geotérmicos como fuente primaria de energía.
Ley que Declara y Define los Límites de la Reserva de Biósfera de la Isla de Ometepe, publicada en marzo del 2013, para declarar como Reserva de Biósfera la Isla de Ometepe, reconocida e incorporada a la Red Mundial de Reservas de Biósferas de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO, en el marco del programa sobre el Hombre y la Biósfera (MAB).
IX.2. Anexo B: Instrumentos Jurídicos Internacionales:
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, publicado agosto de 1977, tiene por finalidad velar para que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su propia supervivencia.
Adhesión y Ratificación del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y sus Anexos, publicado febrero de 1993, tiene como objetivo establecer medidas concretas para la eliminación del uso de las sustancias que agoten la capa de ozono, para evitar los daños a la salud y al medio ambiente.
Ratificación del Convenio sobre Diversidad Biológica, publicado en diciembre de 1995, el que tiene como finalidad la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de los componentes de la biodiversidad y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.
Ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, publicado octubre de 1995, cuyo objetivo es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenicas peligrosas en el sistema climático.
Ratificación del Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, publicado en octubre de 1995, cuyo objetivo es conservar al máximo posible la diversidad biológica, terrestre y costero-marina de la región centroamericana.
Adhesión al Convenio de Basilea sobre el control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, publicado de octubre de 1996, con el fin de definir qué residuos son considerados peligrosos, habilitando además a que los países firmantes añadan a esa lista otros residuos que consideren peligrosos.
Adhesión a la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Convención RAMSAR), publicado en octubre de 1996, cuyo principal objetivo es la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales, gracias a la cooperación internacional.
Aprobación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en África, publicado diciembre de 1997.La convención se enfoca específicamente en zonas áridas, semiáridas y sub-húmedas y secas, donde se encuentran algunos de los ecosistemas más vulnerables.
Ratificar el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, publicada en septiembre del 1999; establece metas vinculantes de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para los países industrializados.
Ratificación del Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales, publicado en abril de 1999, para promover mecanismos nacionales y regionales para evitar el cambio de uso de las áreas con cobertura forestal ubicadas en terreno de aptitud forestal y recuperar las áreas deforestadas.
Tratado Internacional sobre los Recursos Filogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Adoptado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el año 2001, Nicaragua se adhirió en 2002. Este Convenio tiene por objetivo la conservación y la utilización sostenible de los recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización.
Ratificación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio de Diversidad Biológica y sus Anexos, publicado junio del 2002, para proteger la diversidad biológica a través de la administración de los movimientos entre países de organismos vivos modificados (OVM), que resulten de la aplicación de la tecnología moderna
Ratificación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COPs), publicado en octubre del 2005, tiene como finalidad proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs).
Ratificación del Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la región del Gran Caribe y su Protocolo Anexo, publicado en febrero del 2005, para la protección del medio marino de la zona del Golfo de México, el Mar Caribe y las zonas adyacentes del Océano Atlántico de los Estados.
Decreto de Aprobación de la Adhesión al Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, publicado agosto del 2008, para promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de los países partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos.
Ratificación del Convenio Constitutivo del Centro de Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC), publicado en mayo de 2012, tiene como propósito promover el desarrollo sostenible por medio de la investigación aplicada y desarrollo, la educación y la transferencia de tecnología sobre los recursos hídricos y el ambiente.
Decreto de Aprobación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio y sus Anexos A, B, C, D y E, publicado en septiembre de 2014, para proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenicas de mercurio y compuestos de mercurio.
Adhesión de Nicaragua al Acuerdo de París. Nicaragua se adhirió a este Acuerdo el 23 de octubre del año 2017. El Acuerdo tiene por objeto mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2ºC, aumentando la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promoviendo la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de carbono.
Decreto de Aprobación del Protocolo Nagoya, publicado en marzo de 2020, sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica. Se basa y apoya la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en particular de uno de sus tres objetivos, la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.
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