Sanciones de EE.UU. Afectan los Programas de Inversión Social de Nicaragua
Por John Perry
El ministro de Finanzas, Iván Acosta (derecha), le dice a John Perry que Nicaragua tiene una excelente reputación a nivel mundial por completar proyectos y rendir cuentas del dinero que recibe.
¿Qué país gasta casi dos tercios de su presupuesto en combatir la pobreza? Cuando me reuní con el ministro de Finanzas de Nicaragua, Iván Acosta, acababa de presentar su presupuesto para 2024 a la Asamblea Nacional y dejó claro que gran parte del mismo apunta precisamente a eso.
En términos monetarios, en 2024 el gobierno de Nicaragua estará gastando alrededor de 24% superior al presente año, lo que incluye un enorme aumento (43%) en inversión en el sector público. Acosta explicó cómo el país continuará con sus recientes avances en salud, educación, transporte, energía, suministro de agua, vivienda y servicios de gobierno local. Menos del 3% del gasto se destina a defensa y, en todo caso, el ejército de Nicaragua atiende principalmente deberes civiles, como los frecuentes desastres naturales y prevenir la deforestación.
El ingreso per cápita de Nicaragua es uno de los más bajos de América Latina, por lo que el alivio de la pobreza es una alta prioridad. Se podría esperar que el Banco Mundial y otras instituciones internacionales ayudarían al país para lograr este objetivo. Y antes lo hacían, pero ahora ya no. Es preciso señalar, esta renuencia no se debe a la corrupción o mal manejo de los fondos.
Acosta me dice que Nicaragua tiene una excelente reputación a nivel mundial por completar proyectos y rendir cuentas del dinero que recibe. Cuando el gobierno revolucionario sandinista recuperó el poder en 2007, sólo llegaban entre US$ 70 y 80 millones de dólares de instituciones como el Banco Mundial: una década después, había alcanzado entre US$ 300 y 400 millones de dólares, porque los bancos sabían que el dinero se gastaría sabiamente.
Pero luego Nicaragua fue golpeada por un intento de golpe de estado en 2018, y la economía se detuvo durante tres meses. Habían pasado varios años desde que el país necesitaba apoyo económico del Fondo Monetario Internacional, pero de repente lo necesitaba para evitar el riesgo de que el dinero saliera del país. Acosta me dijo que los funcionarios del FMI, contentos con el historial del gobierno, estaban dispuestos a aprobar préstamos de emergencia.
Sin embargo, coincidiendo con el intento de golpe, en el Congreso de Estados Unidos se estaba tramitando una legislación que imponía sanciones a Nicaragua. Esto establecería que los funcionarios estadounidenses bloquearían cualquier financiamiento proveniente de organismos internacionales donde tienen el poder para hacerlo, entre estos el FMI. Ante esta situación, funcionarios del Fondo le pidieron discretamente a Acosta que no solicitara ningún préstamo, ya que sería rechazado una vez que la solicitud llegara a los directores del FMI.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Nicaragua en 2018 y nuevamente en 2021, fueron las primeras desde el bloqueo económico que destruyó la economía del país en la década de 1980. Esto redundó en que los sandinistas perdieran el poder en 1990. Cabe señalar, Estados Unidos todavía no ha pagado los 17 mil millones de dólares en concepto de reparaciones reclamados por Nicaragua en base al Fallo de 1986 de la Corte Internacional de Justicia. Irrespetando el Fallo de la Corte, Washington había patrocinado el intento de golpe y tenía la intención de devastar a Nicaragua una vez más. Buscando sacar a los sandinistas del poder por segunda vez, Washington no tenía intención de permitir que el FMI rescatara al gobierno. Sin embargo, en 2018 Nicaragua estaba mejor preparada, superó la violencia, restableció el orden y lanzó un programa de inversión pública para reactivar e impulsar la economía utilizando recursos propios.
La falta de asistencia internacional no se limitó al caso del intento de golpe de estado, por cuanto la respuesta fue prácticamente la misma cuando el Covid-19 golpeó al país en 2020. A mediados de ese año, cuando la pandemia era más severa, Nicaragua casi no había recibido ayuda de Estados Unidos o sus aliados. Esto contrasta con su vecino, Honduras, al que Estados Unidos envió rápidamente US$ 8 millones de dólares en efectivo y grandes cantidades de suministros médicos. En diciembre de ese año, luego de dos huracanes devastadores, la ayuda a Nicaragua de las instituciones financieras internacionales finalmente llegó, pero en cantidades mucho menores a las que habían sido solicitadas.
Nicaragua ha logrado reducir el porcentaje de su población que vive en la pobreza a 24,9%, un nivel más bajo al de todos sus vecinos, excepto Panamá. Pero se podría haber logrado más con ayuda internacional: Iván Acosta estima que al país se le ha negado fondos por un valor total de entre US$ 2.500 y 3.000 millones de dólares desde 2018, todos los cuales se habrían destinado a programas sociales. Como afirma Acosta, un país cuyo ingreso per cápita es de aproximadamente US$ 2.500 dólares al año, está siendo penalizado por países (Estados Unidos y sus aliados) cuyo ingreso per cápita llega a US$ 70.000 dólares.
Lo anterior, no obstante., Acosta es optimista: señala que Nicaragua está disfrutando del crecimiento económico más rápido en Centroamérica desde la pandemia: 15,9% en tres años, en comparación con el promedio regional del 12,1%. Nicaragua luchó con éxito contra Covid-19, en gran medida por sí sola, y su recuperación desde entonces redunda en que los ingresos del gobierno estén aumentando. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sigue proporcionando cantidades menores de financiamiento. Acosta señala, dado Estados Unidos no tiene control sobre cómo el BCIE desembolsa sus fondos, estos probablemente continuarán. Además, la nueva relación del país con China ya ha propiciado inversiones en proyectos como el de vivienda accesible (China acaba de conceder financiamiento para más de 700 nuevas viviendas). Nicaragua mantiene una estrecha relación con muchos otros países como Rusia, Japón y Corea del Sur, muchos de los cuales también proporcionan financiamiento para el desarrollo.
Nicaragua tiene, con diferencia, la mayor cantidad de hospitales públicos de Centroamérica
Un gráfico publicado recientemente muestra que Nicaragua tiene la mayor cantidad de hospitales públicos en Centroamérica: 77 en total, mientras Costa Rica y Panamá, mucho más ricos, tienen sólo 29 y 18 respectivamente. Un tercio de estos hospitales son nuevos, construidos en los últimos 16 años.
Pero Iván Acosta quiere construir más. Señala que construir un hospital de 450 camas cuesta US$ 130 millones de dólares. ¿Cuántos más podría tener Nicaragua, se pregunta, si Washington no hubiera impedido que el Banco Mundial y otras instituciones internacionales los financiaran?
*John Perry reside en Masaya, Nicaragua, y escribe para el Consejo de Asuntos Hemisféricos, London Review of Books, FAIR y otros medios.
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NicaNotes: US sanctions hit Nicaragua’s social investment programs
By John Perry
This article was first published in The Morning Star on Nov. 7, 2023.
John Perry is based in Masaya, Nicaragua, and writes for the Council on Hemispheric Affairs, London Review of Books, FAIR and other outlets.
Finance Minister Ivan Acosta (right) tells John Perry that Nicaragua has an excellent reputation globally for completing projects and accounting for the money it receives.
Which country spends nearly two-thirds of its budget on tackling poverty? When I met Nicaragua’s finance minister, Ivan Acosta, he had just presented his 2024 budget to its National Assembly, and he made clear that a large part of it is aimed at doing just that.
In cash terms, Nicaragua’s government will spend about 24% more in 2024 than in the current year, which includes a huge increase (43%) in public sector investment. Acosta explained how the country would continue its recent advances in health, education, transport, energy, water supply, housing and local government services. Less than 3% of spending is for defense, and in any case Nicaragua’s army has mainly civil duties such as dealing with frequent natural disasters and preventing deforestation.
Nicaragua’s per capita income is one of the lowest in Latin America, so poverty alleviation is a high priority. It might be expected that the World Bank and other international institutions would be helping the country to achieve this goal. And yes, they were, but now they aren’t. This isn’t because of corruption or poor accounting.
Acosta tells me that Nicaragua has an excellent reputation globally for completing projects and accounting for the money it receives. When the revolutionary Sandinista government regained power in 2007, only $70-80 million was arriving from institutions like the World Bank: a decade later, it had reached $300-400 million, because the banks knew the money would be wisely spent.
But then Nicaragua was hit by an attempted coup in 2018, and the economy ground to a halt for three months (the Morning Star has four articles on the coup, starting here and NicaNotes has several eBooks on the attempt including here and here.) It had been several years since the country had needed economic support from the International Monetary Fund, but suddenly it needed it to avert the risk of money flowing out of the country. Acosta told me that IMF officials, happy with the government‘s track record, were ready to approve emergency loans.
However, coinciding with the coup attempt, legislation was passing through the US Congress imposing sanctions on Nicaragua. These would require US officials to block any funding by international bodies where they have the power to do so, such as within the IMF. Acosta was therefore quietly asked by the fund’s officers not to request any loans as they would be turned down once the request reached IMF directors.
The sanctions imposed by the US on Nicaragua in 2018 and again in 2021 were the first since the economic blockade that destroyed the country’s economy in the 1980s. This led to the Sandinistas being voted out of office in 1990. The US has still not paid the $17 billion claimed in reparations by Nicaragua when it took the US to the International Court of Justice and, in 1986, won its case. Washington, undeterred by this past ruling, had sponsored the coup attempt and intended it to devastate Nicaragua yet again. Hoping to ease the Sandinistas out of office for a second time, Washington had no intention of allowing the IMF to bail the government out. However, by 2018 Nicaragua was better prepared, saw out the violence, restored order and launched a public investment program to bring life back to the economy using its own resources.
Not only was there no help after the coup attempt, but the answer was virtually the same when Covid-19 hit the country in 2020. By the middle of that year, when the pandemic was at its most severe, Nicaragua had received almost no help from the US or its allies. This contrasted with its neighbor, Honduras, to which the US quickly sent $8 million in cash plus large amounts of medical supplies. When help for Nicaragua eventually arrived in December from the International Financial Institutions, following two devastating hurricanes, it came in much smaller quantities than had been requested.
Nicaragua has succeeded in cutting the proportion of its people living in poverty to 24.9%, a lower level than all its neighbors apart from Panama. But more could have been achieved with international help: Ivan Acosta estimates that the country has been denied funding worth between US$2.5 and US$3 billion in total since 2018, all of which would have been earmarked for social programs. As he puts it, a country whose income per head is about $2,500 annually is being penalized by countries (the US and its allies) whose per capita income is as much as $70,000.
Nevertheless, Acosta is optimistic: he points out that Nicaragua is enjoying the fastest economic growth in Central America since the pandemic – 15.9% over three years compared with the regional average of 12.1%.
Nicaragua successfully fought Covid-19, largely by itself, and its recovery since then meant that government income was increasing. Smaller amounts of funding are still provided by the Central American Bank for Economic Integration (CABEI). Acosta notes that since the US has no control over how CABEI disburses it funds, these should continue. In addition, the country’s new relationship with China has already led to investment in projects such as affordable housing (China has just granted funding for more than 700 new homes). Nicaragua maintains a close relationship with many other countries such as Russia, Japan, and South Korea, many of which also provide development funding.
Nicaragua has by far the most public hospitals in Central America
A recently published chart shows that Nicaragua has the most public hospitals in Central America – 77 in total, while much wealthier Costa Rica and Panama have just 29 and 18 respectively. A third of these hospitals are new ones, built in the last 16 years. But Ivan Acosta wants to build more. He points out that a 450-bed hospital costs $130 million to build. How many more could Nicaragua have, he asks, if Washington hadn’t stopped the World Bank and other international institutions from financing them?
